Líderes aseguran tener pacto con la dependencia que dirige Valentín Meneses Daniel Hernández Cruz
Los mototaxis se convirtieron en un negocio fructífero para varios líderes y dueños de hasta 10 unidades que exigen 10 mil pesos a los propietarios para dejarlos funcionar
El negocio ilegal de los mototaxis es solapado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pesar de que este servicio no está permitido por la Ley del Transporte Público del estado de Puebla, ni por el reglamento de Tránsito, además de que representa un riesgo para la integridad de los usuarios.
El director de Operación del Transporte Público de la SCT, Anuar Musalem Valencia, reconoció un problema en los mototaxis y explicó que las autoridades municipales han permitido su proliferación otorgando permisos, aun cuando esa atribución no les corresponde.
Los mototaxis se convirtieron en un negocio fructífero para varios líderes y dueños de hasta diez unidades que, aseguran, están apadrinados por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, y que exigen 10 mil pesos a los propietarios para dejarlos funcionar.
Transportistas de la comunidad de Quecholac señalaron que han registrado pérdidas económicas, pues mientras ellos tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley y hacen fuertes inversiones para trabajar, los dueños de mototaxis infringen la ley y en menos de un mes recuperan su inversión.
Además de que invaden sus rutas, como en el caso de los transportistas que cubren las rutas de Palmarito Tochiapan, Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac y los que operan en San Pedro y San Andrés Cholula.
Los transportistas aseguran que en Quecholac, los líderes de mototaxis identificados como Arturo Huerta y una persona que es conocida como “El Huarache” tienen un acuerdo con la SCT.
Afirman que sólo a los que se unan a su organización los dejarán trabajar, pues el acuerdo incluye un engomado que les entregará la SCT, que costará 4 mil 700 pesos.
Para poder entrar a la organización, deben entregar 5 mil 300 pesos a los líderes, y les aseguran que con eso podrán funcionar sin problemas.
Los seudos líderes afirman que las calcomanías las están negociando con el jefe de departamento de logística de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Manuel Alcántara Silva.
Los transportistas explicaron que “El Huarache” juega en los dos bandos, pues por un lado es propietario de rutas de transporte público y también tiene mototaxis, asegurando sus ganancias.
Sin embargo, aun cuando aseguran que tienen un pacto con la dependencia, piden que los conductores se corran y golpeen a los inspectores de la SCT si intentan retirar de la circulación alguna unidad.
Entrevistado en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuar Musalem Valencia comentó que la dependencia hizo un estudio de las violaciones a la ley que este servicio representa, pero que la dependencia tiene una propuesta para regular y disminuir los riegos para los usuarios.
El estudio muestra que los vehículos son altamente inseguros, pues no cuentan con cinturones de seguridad, puertas de protección para los usuarios, espacio de maniobra, protección contra impactos y son inestables.
Además del problema legal que representa, ya que este tipo de vehículos no están dentro de la ley para su regulación; peor aún, la Norma Oficial Mexicana tampoco los tiene considerados, por lo que su fabricación y venta en el país es ilegal.
Musalem Valencia solicitó información respecto a los mototaxis o motocarros, a lo que la dependencia le respondió: “Esta unidad administrativa le comunica que no existe norma oficial mexicana de producto de observancia obligatoria competencia de la Secretaría de Economía que regule la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso que sea aplicable a vehículos automotores.”
Agregó que en algunos casos los mototaxis cumplen una función social ya que prestan el servicio por caminos vecinales, pues los transportistas no otorgan el servicio; el problema es que algunos amplían sus rutas, invadiendo carreteras federales, lo cual representa un riesgo para los usuarios.
En el estudio se justifica que no se hagan operativos para retirarlos, bajo el argumento de que afectarían la economía de más de 120 familias tan sólo en la zona de Cuautlancingo, Coronango y Santa María Zacatepec.Con dicha explicación se ha permitido la proliferación de este tipo de unidades cuyos líderes se están embolsando grandes cantidades de dinero a costa de la seguridad de los usuarios.
De acuerdo con la información proporcionada por Musalem Valencia, se intentó limitar el margen de acción de los propietarios de los mototaxis, para lo cual se les solicitó que cada conductor cuente con licencia de conducir tipo mercantil, placas del vehículo —el cual no está dentro de la ley, y se le otorgan placas de motocicleta—, que la antigüedad de la unidad no sea mayor al 2007, que cuente con un seguro de viajero, y que al automotor cuente con una estructura rígida ensamblada de fábrica en una pieza y sin calandrias.
En el artículo 17 de la Ley del Transporte Público del estado de Puebla se señala que el transporte es clasificado como “Urbano; Suburbano; Foráneo y Transporte Mixto de Pasajeros y Bienes; Servicio de Transporte Mercantil de Personas; Automóviles de alquiler o Taxis; Transporte Escolar; Transporte de Personal; Transporte de Turismo, y Transporte de Servicio Extraordinario; y Servicio de Transporte Mercantil de Carga”, en ningún caso se menciona el servicio de los mototaxis, por lo que no puede ser regulado.
La ley señala que el servicio de transporte público deberá ser en vehículo cerrado y la capacidad la deberá establecer la SCT.
En el Reglamento de Tránsito del estado de Puebla en el artículo 35, se señalan las especificaciones que deben cumplir las unidades que presten el servicio de transporte público y en todos lo casos trata de vehículos cerrados.
Los mototaxis se convirtieron en un negocio fructífero para varios líderes y dueños de hasta 10 unidades que exigen 10 mil pesos a los propietarios para dejarlos funcionar
El negocio ilegal de los mototaxis es solapado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a pesar de que este servicio no está permitido por la Ley del Transporte Público del estado de Puebla, ni por el reglamento de Tránsito, además de que representa un riesgo para la integridad de los usuarios.
El director de Operación del Transporte Público de la SCT, Anuar Musalem Valencia, reconoció un problema en los mototaxis y explicó que las autoridades municipales han permitido su proliferación otorgando permisos, aun cuando esa atribución no les corresponde.
Los mototaxis se convirtieron en un negocio fructífero para varios líderes y dueños de hasta diez unidades que, aseguran, están apadrinados por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Valentín Meneses Rojas, y que exigen 10 mil pesos a los propietarios para dejarlos funcionar.
Transportistas de la comunidad de Quecholac señalaron que han registrado pérdidas económicas, pues mientras ellos tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley y hacen fuertes inversiones para trabajar, los dueños de mototaxis infringen la ley y en menos de un mes recuperan su inversión.
Además de que invaden sus rutas, como en el caso de los transportistas que cubren las rutas de Palmarito Tochiapan, Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac y los que operan en San Pedro y San Andrés Cholula.
Los transportistas aseguran que en Quecholac, los líderes de mototaxis identificados como Arturo Huerta y una persona que es conocida como “El Huarache” tienen un acuerdo con la SCT.
Afirman que sólo a los que se unan a su organización los dejarán trabajar, pues el acuerdo incluye un engomado que les entregará la SCT, que costará 4 mil 700 pesos.
Para poder entrar a la organización, deben entregar 5 mil 300 pesos a los líderes, y les aseguran que con eso podrán funcionar sin problemas.
Los seudos líderes afirman que las calcomanías las están negociando con el jefe de departamento de logística de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Manuel Alcántara Silva.
Los transportistas explicaron que “El Huarache” juega en los dos bandos, pues por un lado es propietario de rutas de transporte público y también tiene mototaxis, asegurando sus ganancias.
Sin embargo, aun cuando aseguran que tienen un pacto con la dependencia, piden que los conductores se corran y golpeen a los inspectores de la SCT si intentan retirar de la circulación alguna unidad.
Entrevistado en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Anuar Musalem Valencia comentó que la dependencia hizo un estudio de las violaciones a la ley que este servicio representa, pero que la dependencia tiene una propuesta para regular y disminuir los riegos para los usuarios.
El estudio muestra que los vehículos son altamente inseguros, pues no cuentan con cinturones de seguridad, puertas de protección para los usuarios, espacio de maniobra, protección contra impactos y son inestables.
Además del problema legal que representa, ya que este tipo de vehículos no están dentro de la ley para su regulación; peor aún, la Norma Oficial Mexicana tampoco los tiene considerados, por lo que su fabricación y venta en el país es ilegal.
Musalem Valencia solicitó información respecto a los mototaxis o motocarros, a lo que la dependencia le respondió: “Esta unidad administrativa le comunica que no existe norma oficial mexicana de producto de observancia obligatoria competencia de la Secretaría de Economía que regule la fabricación, importación, reparación, venta, verificación y uso que sea aplicable a vehículos automotores.”
Agregó que en algunos casos los mototaxis cumplen una función social ya que prestan el servicio por caminos vecinales, pues los transportistas no otorgan el servicio; el problema es que algunos amplían sus rutas, invadiendo carreteras federales, lo cual representa un riesgo para los usuarios.
En el estudio se justifica que no se hagan operativos para retirarlos, bajo el argumento de que afectarían la economía de más de 120 familias tan sólo en la zona de Cuautlancingo, Coronango y Santa María Zacatepec.Con dicha explicación se ha permitido la proliferación de este tipo de unidades cuyos líderes se están embolsando grandes cantidades de dinero a costa de la seguridad de los usuarios.
De acuerdo con la información proporcionada por Musalem Valencia, se intentó limitar el margen de acción de los propietarios de los mototaxis, para lo cual se les solicitó que cada conductor cuente con licencia de conducir tipo mercantil, placas del vehículo —el cual no está dentro de la ley, y se le otorgan placas de motocicleta—, que la antigüedad de la unidad no sea mayor al 2007, que cuente con un seguro de viajero, y que al automotor cuente con una estructura rígida ensamblada de fábrica en una pieza y sin calandrias.
En el artículo 17 de la Ley del Transporte Público del estado de Puebla se señala que el transporte es clasificado como “Urbano; Suburbano; Foráneo y Transporte Mixto de Pasajeros y Bienes; Servicio de Transporte Mercantil de Personas; Automóviles de alquiler o Taxis; Transporte Escolar; Transporte de Personal; Transporte de Turismo, y Transporte de Servicio Extraordinario; y Servicio de Transporte Mercantil de Carga”, en ningún caso se menciona el servicio de los mototaxis, por lo que no puede ser regulado.
La ley señala que el servicio de transporte público deberá ser en vehículo cerrado y la capacidad la deberá establecer la SCT.
En el Reglamento de Tránsito del estado de Puebla en el artículo 35, se señalan las especificaciones que deben cumplir las unidades que presten el servicio de transporte público y en todos lo casos trata de vehículos cerrados.
