Al diablito lo delató el calor
Existía, pero las autoridades la
trataron como paisaje.
Rodolfo Herrera Charolet
Cuando un ciudadano común se cuelga de la red
eléctrica sin pagar, se dice que pone un “diablito”. En Puebla el término ya es
de uso doméstico: un alambre, un gancho, un medidor intervenido y listo. Tan
común se volvió que dejó de escandalizar. El problema empieza cuando el
diablito deja de ser casero y se convierte en industria.
Conectar más de mil equipos que echan calor
las veinticuatro horas, a la vista de vecinos, policías y autoridades, ya no es
picardía de barrio: es una instalación que respira, zumba y calienta. Y el
calor, tarde o temprano, delata.
En Tlaola, municipio indígena de la Sierra
Norte, con poco más de veinte mil habitantes y mayoría náhuatl, las autoridades
federales y estatales aseguraron un predio que primero se anunció con cerca de
trescientos aparatos y, al hacer el inventario definitivo el 11 de septiembre,
quedó en mil treinta y dos equipos de posible criptominería, más switches,
antenas satelitales, transformadores y cableado de potencia.
No eran computadoras de oficina. Eran máquinas
especializadas —GPU y equipos tipo ASIC— pensadas para un solo oficio: resolver
operaciones matemáticas a gran velocidad a cambio de activos virtuales.
Comprar, poseer o comercializar criptomonedas no está prohibido en México. Lo
que sí entra al Código Penal es robar el fluido eléctrico que mantiene
encendidas esas máquinas y, si se acredita, usar los activos para dar
apariencia legal a dinero de origen ilícito.
Una criptomoneda es un activo digital que no
emite un banco central. La pregunta, entonces, no es el bitcoin: es por qué
tantas máquinas. Cada una consume electricidad y despide calor. Mil treinta y
dos, día y noche, no se esconden detrás de una cortina. Huelen a servidor,
suenan a ventilador y calientan el predio.
En Tlaola el diablito no era un gancho: era
una toma irregular ligada, según la SSP, al sistema hidroeléctrico de Necaxa.
El pueblo pobre pagaba —o dejaba de pagar— la luz de una operación que no cabía
en la economía local.
Las criptomonedas sirven para intercambiar
valor sin intermediario bancario. También sirven, cuando se quiere, para mover
recursos con menos rastro que un fajo de billetes. De ahí que la Fiscalía
General de la República investigue no solo el robo de energía, sino el destino
de lo minado. Minar no es delito; minar con luz hurtada y, acaso, lavar con lo
minado, sí puede serlo. La distinción importa. Sin ella todo se vuelve rumor.
El rumor, sin embargo, no nació solo de las
máquinas. Semanas antes, el 10 de julio, había sido detenido Ángel Miguel
Garrido, hasta entonces director de Seguridad Pública de Tlaola, junto con
Evencio Rosas Luna, de Tlapacoya, y Manuel Martínez González, de Jopala. La
carpeta ministerial los señala por proteger a un grupo que operaba un
laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la ruta de Tlaola, en los
límites de Jopala y Tlapacoya. Según estimaciones de la SSP, aquel
narcolaboratorio generaba ganancias superiores a los dos mil cuatrocientos
millones de pesos. Un golpe de esa magnitud no se planta en la sierra como se
planta un milpa. Requiere camino, silencio y, según la acusación, mirada a otro
lado.
Simón Garrido Morgado, alcalde panista de
Tlaola, no está sentenciado. Está bajo la lupa. El titular de la SSP, Francisco
Sánchez González, lo dijo sin rodeos: en un municipio, el que se entera —o
debería enterarse— es el policía, el director y el alcalde. “Y pareciera que
nadie se entera de lo que sucede.” La frase es institucional y, a la vez, una
pregunta. Cuesta creer que el presidente municipal no supiera lo que hacía su
mando de seguridad; cuesta creer que no advirtiera una granja de más de mil equipos
en un pueblo donde casi todo se sabe. Eso, hoy, es sospecha e imputación en
sentido político y ministerial, no sentencia. La salvedad hay que dejarla
clara: una cosa es lo que se investiga y otra lo que un juez ha declarado.
En el Registro Público de Comercio aparecen,
en MOPAMPA —sociedad microindustrial de giro agroalimentario, no de minería ni
de energía—, la madre del alcalde en funciones, Margarita Morgado Viveros,
fallecida en 2025, y su esposa, Rubí Nolasco Cruz. El exdirector de Seguridad
Pública, Ángel Miguel Garrido, no figura en esos folios. Por ahora no consta
parentesco publicado entre ambos Garrido. Pero en un pueblo chico los apellidos
cuentan, y el silencio fabrica clan.
Ese es el contraste que en pueblo pobre no
pasa inadvertido. Tlaola no es parque industrial. Es sierra, milpa, jornal y
tienda de abarrotes. No hace falta inventarles delitos que el expediente no ha
publicado. Basta el dato social: el vecino no discute teoría económica;
pregunta de dónde salió el capital, qué venden y a quién. El diablito casero
nunca produjo socias mercantiles. El diablito industrial, a veces, sí produce
preguntas.
La región no es inocente de historia. Por ahí
corre el viejo huachicol de ducto y el más nuevo huachicol eléctrico. El
sistema Necaxa, del que según la SSP se alimentaba la toma irregular, es el
hilo que ata esta granja a otras ya halladas en la Sierra Norte. La granja de
Tlaola y el narcolaboratorio en los límites de Jopala y Tlapacoya no son
caprichos caídos del cielo: son la actualización de un oficio —robar energía,
convertirla en valor, esconder el origen— con máquinas que no se apagan.
Al diablito chico lo delataba el medidor. Al
diablito grande lo delató el calor. Mil equipos no se refrigeran con un
ventilador de recámara. Tampoco se instalan sin que alguien abra la puerta,
mire para otro lado o cobre por no ver. Que las autoridades “no la vieran” es
la parte más difícil de creer. Existía. Zumbaba. Calentaba. Y, como suele
ocurrir en estos pueblos, cuando por fin la vieron ya estaba armada la pregunta
que queda en la plaza: no solo quién conectó los cables, sino quién permitió
que el diablito creciera hasta volverse granja, y cómo, en un pueblo pobre,
madre y esposa del edil figuran como socias en un municipio sin industria
mientras el resto seguía pagando la luz —o apagándola— a la hora de siempre.
¿O no lo cree usted?
