Después de casi cuatro años en prisión preventiva, el Tribunal de Enjuiciamiento absolvió por unanimidad a los 10 policías estatales involucrados en los hechos ocurridos el 9 de mayo de 2022 en Coyomeapan.
La sentencia absolutoria se dictó el 19 de mayo de 2026 por los jueces Lizeth del Carmen Fuentes Trueba, Joel Daniel Baltazar Ávalos y Sergio Tepanecatl Cuautle. Los uniformados habían sido acusados de homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, delitos contra la procuración de justicia y daño en propiedad ajena tras una balacera que dejó tres personas fallecidas: Marcelo Carrera Bolaños, de 45 años; Teófilo Barrera Herrera, de 24 años, y Omar Herrera Raymundo, de 15 años. Los elementos procesados son Alberto N. alias ‘Campos’, Carlos N., Bernabé N., José Javier N., Luis Antonio N., Jesús N. alias ‘el Chino’, Moisés N., Jonathan Iván N., Abdo Israel N. y Genaro N.Los policías estatales fueron detenidos a partir del 22 de mayo de 2022.
Durante el proceso judicial permanecieron privados de su libertad mientras el gobierno estatal, encabezado entonces por Miguel Barbosa Huerta, deslindó la responsabilidad institucional del operativo. Inicialmente la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Daniel Iván Cruz Luna, presentó los hechos como un enfrentamiento armado provocado por civiles. Posteriormente, el titular de la dependencia declaró ante el Congreso del Estado, el 25 de enero de 2023, que los elementos actuaron por cuenta propia, a pesar de que participaron con patrullas oficiales y armamento de cargo. Los salarios de los policías fueron suspendidos y desde 2023 solo recibieron el 30 por ciento de su salario base. No contaron con defensa jurídica por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
El operativo policial se desplegó en el contexto de una protesta de pobladores contra el cacicazgo de la familia Celestino en Coyomeapan. Según el desarrollo del caso, instrucciones del gobierno estatal enviaron a los elementos a contener la movilización y proteger a ese grupo político. Funcionarios como Julio Huerta Gómez, entonces director general de Gobierno, y Andrés Villegas Mendoza, coordinador de delegaciones de la Secretaría de Gobernación estatal, fueron señalados como operadores políticos que impulsaron el proceso penal contra los policías para reducir el costo político del conflicto. Tras los hechos, la administración estatal modificó su postura y dejó solos a los uniformados.
Con la resolución absolutoria del Tribunal de Enjuiciamiento, los 10 policías concluyeron su proceso judicial sin cargos. El caso había marcado uno de los episodios más controvertidos del sexenio de Miguel Barbosa Huerta, en el que los elementos cargaron con la responsabilidad penal de un operativo vinculado a un conflicto político y social en la región. La absolución se produce en un momento en que se revisan acciones de gobiernos anteriores en Puebla y deja expuestas las condiciones en las que se manejaron las detenciones y el proceso contra los policías estatales.
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