La responsabilidad que nadie quiere asumir
Diputada poblana enfrenta el negocio
mortal de los ‘carniceros’ plásticos
Rodolfo Herrera Charolet
En México seguimos lamentando casos trágicos de mujeres que
pierden la vida tras someterse a cirugías plásticas en manos de personas no
calificadas. El caso de Blanca, una mujer de 37 años en Puebla, es uno de los
más recientes y dolorosos. La mujer tras realizarse una liposucción en una
clínica llamada Detox, fue sacada moribunda o posiblemente muerta del lugar.
Posteriormente se encontró su cadáver y abandonado en un canal de aguas en el
Estado de Tlaxcala.
Historias como esta, similares a la de Yalixa en Colombia,
nos obligan a reflexionar con honestidad, sensibilidad y sin sensacionalismos.
La diputada poblana Nay Salvatori, al pronunciarse sobre
estos hechos en sus redes sociales, ha sido acusada por algunos medios de
“revictimizar” a las afectadas. Sin embargo, una lectura serena de su mensaje
muestra un llamado franco y responsable, centrado en la prevención y en la
importancia de la responsabilidad compartida.
Salvatori enfatiza un punto esencial: la vida no admite
descuentos. Puedes ahorrar en ropa, en un corte de cabello o en maquillaje,
pero no cuando se trata de tu salud y tu integridad física. Quien decide
operarse debe elegir al mejor profesional disponible, con la preparación,
título y certificación necesarios. No se trata solo de mejorar la apariencia o
buscar autoestima, sino de entender que cualquier cirugía, especialmente una
liposucción, conlleva riesgos reales: pérdida de sangre, posible perforación de
órganos vitales y complicaciones que pueden resultar mortales si no son
atendidas por un equipo calificado.
La diputada reconoce el trabajo de las autoridades en Puebla:
revisiones periódicas a clínicas, prohibición de que médicos sin especialidad
en cirugía plástica realicen estos procedimientos, castigo a la publicidad
engañosa y la prohibición de las “botox party” en salones de belleza.
El gobierno, señala, está cumpliendo con su parte al legislar
y vigilar. Pero insiste en que la responsabilidad no recae únicamente en el
Estado, sino también en cada persona que decide someterse a una intervención.
Este es el núcleo de su mensaje: gobierno y ciudadanos deben
actuar en conjunto. Se pueden aprobar todas las leyes necesarias, pero si las
personas no investigan si la clínica es legal, si el médico cuenta con cédula
profesional y especialidad, o si el lugar tiene equipo adecuado para
emergencias, seguirán ocurriendo tragedias evitables.
“Ninguna cirugía es cosa de nada”, recuerda Salvatori. Una
liposucción no es un procedimiento menor, y hacerla con anestesia local para
ahorrar costos suele ser una señal de alerta.
Lejos de revictimizar, su intervención busca evitar nuevas
víctimas. Llama a las mujeres a ser más exigentes con su propia salud y a
valorar su vida por encima de cualquier vanidad. No culpa a las afectadas, sino
que invita a una reflexión colectiva: ¿vale la pena arriesgar la vida por un
procedimiento realizado por “carniceros” en lugares clandestinos?
Es comprensible que, ante el inmenso dolor de una familia que
pierde a una madre o hija de esta manera, cualquier comentario pueda sonar
duro. Sin embargo, calificar de revictimización el llamado a la prudencia y a
la responsabilidad personal resulta desproporcionado.
La diputada no minimiza el sufrimiento ni justifica la mala
praxis. Al contrario, exige que se castigue con severidad a quienes suplantan
una profesión que requiere años de formación universitaria y ponen en riesgo la
vida de otros por lucro.
Este tipo de casos nos enfrentan a una verdad incómoda: ni el
gobierno puede vigilar cada decisión individual. La mejor protección combina
leyes estrictas, inspecciones rigurosas y, sobre todo, una ciudadanía
consciente que no ponga su vida en manos de improvisados.
Nay Salvatori cierra su mensaje con una frase directa y
humana: “ya no más Yalixas y ya no más Blancas”. Más que un ataque, es un
llamado urgente a cuidar mejor nuestra salud y a exigir estándares mínimos
cuando se trata de algo tan delicado como la vida.
En temas tan sensibles, el periodismo debe informar con
precisión y evitar distorsionar voces que, aunque incómodas, buscan prevenir
futuras tragedias. La verdadera solidaridad con las víctimas consiste tanto en
exigir justicia contra los responsables médicos como en ayudar a que otras
mujeres no repitan los mismos errores.
Proteger la vida requiere justicia y responsabilidad. Ambas
son indispensables.
¿O no lo cree usted?
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