Fuente: Jorge Castillo / Intolerancia
Los resultados de la auditoría practicada por DGRV a Financiera Coofia, reveló que 86 por ciento de los activos de dicha caja de ahorro está colocado en empresas dedicadas a la minería, monto que asciende a mil 614 millones 530 mil pesos; sin embargo, este dinero no ha aportado ganancias ni liquidez a la financiera desde 2005. Coofia era una cooperativa de ahorro y crédito que distorsionó completamente su objetivo de creación al ofrecer al público en general sus servicios, lo que constituyó una trasgresión a la ley; inclusive, el cobro de impuestos estatales o de servicios —como cable o luz— era una actividad ilegal, pues no estaba facultada para ello según muestra el acta constitutiva.
Según dicha auditoría, los activos líquidos de Financiera Coofia al 31 de marzo de 2009 eran 5 millones 77 mil pesos, únicos recursos disponibles para el pago a los ahorradores, cuando sus gastos operativos rebasaban 8 millones de pesos al mes.
El total de socios de la cooperativa era de 63 mil 431 personas y el total de ahorradores sumaba 61 mil 222, mientras que había 18 mil 239 inversionistas y 14 mil 942 acreditados.
Según la copia de un documento oficial en poder de Intolerancia Diario, un directivo del Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), Gonzalo Tapia Velasco, informa al director general de Coofia, Valente Medina Seoane, que “se terminó un trabajo de consolidación para el préstamo”.
Sin embargo, Bansefi no da información sobre si finalmente se consolidó dicha operación, a pesar de que la solicitud de acceso a su versión se hizo desde hace más de una semana a Gonzalo Tapia Velasco, director de Atención al Sector de Ahorro y Crédito Popular.
En el documento, el prófugo de la justicia, Valente Medina Seoane, es informado que le hacen llegar el “resultado del trabajo de consolidación” o auditoría, que el ingeniero Gustavo Vásconez Espinoza, director de Proyectos de la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV), realizó a la empresa, y que la elaboración de dicho trabajo conforme al requerimiento que hiciera Fipago para atender la solicitud de apoyo que hizo Coofia desde el 24 de noviembre del 2008.
La respuesta de Bansefi fue emitida hasta el 6 de junio de 2009, cuando ya había “estallado” el escándalo financiero más grave en la historia de Puebla.
En el documento se detalla que la solicitud de apoyo que hizo Coofia a Fipago era para fortalecer su esquema financiero de acuerdo con los requisitos del marco legal vigente, y fue enviado a distintos directivos de Bansefi, como al director general adjunto de Administración Corporativa, Alejandro Ríos Camarena Rodríguez; además, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la administración del Fipago, estaban enterados del asunto al recibir una copia respectivos directores.
En el caso de la CNBV, fue enterado de la solicitud de crédito Rodrigo Sánchez Arriola Luna, director general de Supervisión de Entidades de Ahorro y Crédito Popular; y por parte de Fipago, el comisionado Guillermo Barnés García recibió una copia pero ninguno alertó a los ahorradores.
El megafraude
Los resultados de la auditoría practicada por DGRV a Financiera Coofia, reveló que 86 por ciento de los activos de dicha caja de ahorro están colocados en empresas dedicadas a la minería, monto que asciende a un mil 614 millones 530 mil pesos; sin embargo, este dinero no ha aportado ganancias ni liquidez económica a la financiera desde 2005. Coofia era una cooperativa de ahorro y crédito que distorsionó completamente su objetivo de creación, al ofrecer al público en general sus servicios, lo que constituyó una transgresión a la ley; inclusive, el cobro de impuestos estatales o de servicios –como cable o luz– era una actividad ilegal, pues no estaba facultada para ello, según muestra el acta constitutiva.
Según dicha auditoría, los activos líquidos de Financiera Coofia al 31 de marzo de 2009 eran 5 millones 77 mil pesos, únicos recursos disponibles para el pago a los ahorradores, cuando sus gastos operativos rebasaban 8 millones de pesos al mes.
El total de socios de la cooperativa era de 63 mil 431 personas y el total de ahorradores sumaba 61 mil 222, mientras que había 18 mil 239 inversionistas y 14 mil 942 acreditados.
La protesta
Los defraudados, mediante “acciones de presión al gobierno”, recuperar sus ahorros, pero a pesar de que se anunció una “megamarcha” a la ciudad de México esta misma semana, la apatía ha hecho que se posponga unos días más.
Carlos Ahuactzin Huerta, integrante de la comisión negociadora de los afectados, hizo un llamado urgente para llevar a cabo las acciones y estrategias para realizar la “megamarcha” a la capital del país.
Sin embargo, en entrevista con Intolerancia Diario dijo que sólo han respondido víctimas de Tlaxcala y Veracruz, por lo que la manifestación se pospone unos días más.
El objetivo de la “megamarcha” es presentar sus demandas a instancias federales como la presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la Republica, Suprema Corte de Justicia, Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores.
Las exigencias son: pago al 100 por ciento de las inversiones; que este pago cubra el importe de las mismas, independientemente del monto de las inversiones y que el pago se aplique para el total de lo invertido por cada uno de los defraudados.
Los afectados convocados que no han respondido a la convocatoria son de las ciudades de Oaxaca, Huajuapan de León, Cuautla, Tonatico y Estado de México.
En el caso de los oaxaqueños, explicó Ahuactzin Huerta, tiene información de que aceptaron el Fipago –que les regresen 70 por ciento de su dinero–, por lo que ya no harán protestas
Los que no han aceptado son las victimas del Estado de México y Morelos, aunque no se han unido a los poblanos, veracruzanos y tlaxcaltecas.
El avance de las negociaciones
La comisión negociadora de los defraudados informó del estado actual de las pláticas llevadas a cabo con las diferentes entidades del gobierno estatal y del Fipago, revelando que el lunes 26 de octubre se reunieron para establecer los puntos a incluir en un escrito elaborado por Matilde Ventura y nombrar a la comisión que lo entregó en la ciudad de México, en la Cámara de Senadores y la Suprema Corte de Justicia.
El viernes 30 de octubre se tuvo una audiencia con el subcomisionado del FIDE en el Distrito Federal, en la que la comisión designada le presentó un pliego de 17 preguntas relativas a la forma de aplicación del Fipago.
El domingo 8 de noviembre se designó una comisión que realizó un viaje a Chiautla de Tapia para establecer contacto directo con ese grupo de defraudados.
Luego de la marcha del 12 de noviembre, del “Gallito” a Casa Aguayo, las autoridades estatales se comprometieron a resolver las demandas de forma inmediata.
El sábado 21 de noviembre se recibió un oficio firmado por Guillermo Barnés, comisionado del Fipago, informando que se han tenido reuniones de trabajo con funcionarios estatales en las cuales se ha concluido y acordado que los ahorradores defraudados pueden ser sujetos de apoyo.
Valente Medina Seoane burla a las autoridades
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha recibido, tanto en la capital como en municipios del interior del estado, 5 mil 809 denuncias de fraude contra Coofia por un monto de 692 millones 904 mil 256 pesos.
A pesar de que es la financiera con más fraudes, la PGJ de Puebla no ha aprehendido a una sola persona, a diferencia de los casos de Sitma, Invergroup y Bienestar Social, donde ya hay detenidos.
Los únicos aprehendidos fueron el gerente de Tesorería, Ignacio García, y el subdirector de Negocios de Financiera Coofia, Carlos Roberto, pero por autoridades federales.
En lo que respecta al dueño mayoritario de Financiera Coofia, Valente Medina Seoane, ni las autoridades estatales se ponen de acuerdo para especificar su paradero.
Y es que la semana pasada el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, afirmó ante micrófonos de la prensa que ya había escapado del país, y unos días después el procurador Rodolfo Igor Archundia Sierra dijo no tener información al respecto.
Pero no sólo es buscado Valente Medina Seoane, sino todos los socios de la financiera como Alfonso Colunga Velázquez, Miguel Ángel Corona, Ana María De Gante Ávalos y Darío Medina Seoane. De ellos, nadie sabe nada.
Como se da en estos casos, salen a relucir muchas versiones sobre la localización de los defraudadores, aunque todos coinciden en que ninguno se encuentra en México.
Se hace de la vista gorda Finanzas
Los indígenas defraudados inclusive están a punto de perder sus cosechas, debido a que depositaron todo su dinero, el que no han podido recuperar desde hace meses, lo que los mantiene en la desesperación.
Una mujer de edad avanzada fue entrevistada por Intolerancia Diario mediante una traductora, quien en totonaco expresó todo el sufrimiento de los últimos meses ante la angustia de haber perdido todo.
–¿Cómo llegaron a confiar en Coofia?
–Confiamos en Coofia porque tenían sus oficinas en la Secretaría de Finanzas y ahí podíamos hacer pagos de impuestos, ¿cómo es posible que el gobierno hiciera un convenio con una financiera irregular?, el gobierno tiene la culpa de que metiéramos ahí el dinero”, dijo en la traducción del totonaco.
