
De acuerdo con el reporte “De lo digital a lo tangible” de la agrupación, entre julio y septiembre se registraron en el paÃs 88 agresiones, 58 amenazas, 54 ataques fÃsicos o materiales, 50 intimidaciones, 44 privaciones ilegales de la libertad, 34 casos de acoso y 10 asesinato en contra de comunicadores.
Del total de agresiones reportadas en lo que va del año, las cuales suman más de 300, la FiscalÃa Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la ProcuradurÃa General de la República (FEADLE), sólo ha atraÃdo 3 casos.
Un juez de control ya liberó una orden de aprehensión contra el probable homicida del periodista Aurelio Cabrera Campos, aunque aún no ha sido localizado, según lo informó este martes FiscalÃa General del Estado (FGE).
Asesinatos e impunidad como factor común
Hasta septiembre de 2016 ArtÃculo 19 contabilizó 10 asesinatos, los cuales superan a los siete registrados en 2015.
Uno de los casos fue el del Aurelio Cabrera, reportero y director de “El Gráfico” de Huachinango, Puebla, mismo en el que la FEADLE no ejerció su facultad de atracción para investigar los hechos, lo cual manda a la sociedad un mensaje de impunidad y de permisibilidad a la violencia extrema, además de desprecio a la libertad de expresión.
El periodista falleció en la madrugada del jueves 15 de septiembre de 2016, en un hospital de ese municipio poblano, después de ser atacado por sujetos desconocidos con armas de fuego, mientras circulaba a bordo de su camioneta sobre la carretera México-Tuxpan. El comunicador cubrÃa principalmente notas policiacas de la zona norte de la entidad.
Aun cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Puebla la implementación de medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la familia del periodista, la FiscalÃa General del Estado de Puebla (FGE) deslindó las investigaciones del homicidio sin agotar todas las lÃneas de investigación que relacionan el crimen con su trabajo periodÃstico.
Lo anterior, de acuerdo con la agrupación, constituye una falta al deber de las autoridades de agotar los recursos para investigar de forma expedita, los crÃmenes y violaciones a derechos humanos de personas que ejercen el periodismo.
Por otra parte, ArtÃculo 19 alertó que las amenazas hacia periodistas a través de internet han crecido, pues de las 88 agresiones reportadas entre julio y septiembre, la mitad fueron mediante plataformas digitales como Twitter.
Esta red se ha convertido en un espacio que complementa la participación en las protestas en las calles, asambleas y discusiones presenciales, por lo que es en un campo de batalla en el cual la libertad de expresión es atacada.
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