Imparable, la especulación inmobiliaria de los Posada y Quiroz en San Andrés Cholula
La Jornada de Oriente / Javier Puga Martínez
La especulación inmobiliaria sobre los terrenos ejidales de las juntas auxiliares de San Bernardino Tlaxcalancingo, San Antonio Cacalotepec y Santa María Tonanzintla continúa de manera imparable a través de las empresas inmobiliarias de los hermanos Alejandro, Rafael y Gabriel Posada Cueto, y de Miguel Quiroz Magallanes, que pretenden convertir miles de hectáreas de tierra cultivable en fraccionamientos residenciales, como ya lo hicieron en la zona de Angelópolis. A éstos se suman proyectos industriales en Santa Clara Ocoyucan y San Francisco Acatepec, también operados por esos empresarios.
Hasta antes del proyecto de desarrollo “integral” que impulsó el gobierno de Manuel Bartlett (19921998), al que pomposamente le llamó “Angelópolis”, San Andrés Cholula contaba con más de 800 hectáreas de predios fértiles donde el maíz y el nopal eran la principal fuente de subsistencia de los campesinos de la región. Ahora, en 2007, apenas el 40 por ciento de esas hectáreas son las que sobreviven, pues el resto se convirtieron en exclusivos fraccionamientos residenciales como de habitación popular; también en escuelas, centros comerciales y edificios públicos.
De continuar ese crecimiento desmedido, y autorizado por los distintos gobiernos de ese municipio, en 10 años se habrán perdido todos los terrenos y San Andrés se convertirá en una zona totalmente urbanizada, dejando en la miseria a miles de personas, señaló Maurilio Galeote Mixcoatl, abogado y asesor del Movimiento de Pueblos Cholultecas.
En entrevista, el activista social llevó a La Jornada de Oriente a un recorrido por los predios que están siendo objeto de la especulación inmobiliaria más feroz: la segunda etapa de La Vista Country Club, que es la continuación del campo de golf y residencial ubicado a un costado del Periférico y la vía Atlixcáyotl.
350 dólares por metro cuadrado
Ubicado en el kilómetro 1.5 de la autopista a Atlixco, la segunda sección de La Vista supera las 80 hectáreas de extensión, y es fácilmente distinguible porque está siendo bardado con la misma forma y ladrillo que su predecesora. En el lugar se pueden observar una docena de maquinas retroexcavadoras, así como algunos trailers que transportan material de construcción.
La caseta de vigilancia del lugar de una de las residencias que serán construidas en el lugar, es mucho más grande que la estación de policía de San Andrés Cholula. También la Dirección de Seguridad Pública de este municipio “prestó” una de sus patrullas, a la que le quitaron las placas y el número de unidad, para la “seguridad” de los constructores, esto porque los campesinos de Tlaxcalancingo se llegan a “entrometer” en sus propias tierras.
Por esa razón, explicó Galeote Mixcoatl, las constructoras de los hermanos Posada Cueto, Nantes Inmobiliarias SA de CV, y Cagliari Inmobiliaria SA de CV, decidieron bloquear el camino del puente peatonal y vehicular llamado hacienda El Bocito, el único que cruza la autopista y comunica al pueblo con el lugar, para evitar a los extraños. A los empresarios poco les importó dejar aisladas cuatro hectáreas de un grupo de ejidatarios que este año alcanzó a sembrar maíz. El problema para los campesinos será sacar su cosecha, pues todos los accesos al predio fueron bloqueados por la maquinaria, que cavo zanjas, cerró brechas y colocó montoneras de tierra y piedras.
Lo anterior es una muestra de la presión que ejercen los Posada Cueto, a través de operadores, para obligar a los ejidatarios a vender su tierra que, si bien tienen derecho porque la Constitución Mexicana lo permite con las reformas al artículo 27, los especuladores compran a precios irrisorios para vender a costos bastante serios: mientras un campesino recibe 100 o 200 pesos por metro cuadrado de tierra, las inmobiliarias se encargan de vender en 350 dólares el mismo metro cuadrado, lo que les permite obtener hasta 4 mil por ciento ganancias superiores, detalló el abogado.
Complicidad de los gobiernos
¿Qué fue lo que permitió el vertiginoso crecimiento inmobiliario de la llamada zona de Angelópolis en tan poco tiempo? Para Maurilio Galeote, defensor de la tierra, el agua y los recursos naturales de los pueblos cholultecas, no hay mayor explicación que los intereses de algunos funcionarios de los gobiernos municipal, estatal y federal.
En el caso del municipio de San Andrés Cholula, fue el gobierno de Guillermo Paisano Arias quien desató el cambio de uso de suelo de agrícola a urbano para la zona; al menos 10 fraccionamientos de gran tamaño fueron creados entre 2002 y 2005, algunos de ellos son La Misión y Lomas de Angelópolis, este último con lotes que se encuentran el litigio ante la justicia federal.
Por su parte, el gobierno del estado desde la administración de Bartlett Díaz, pasando por la de Melquiades Morales Flores y ahora con la de Mario Marín Torres, ha fomentado el desarrollo y la expansión de la zona, incrementando la infraestructura con la creación del segundo cuerpo del Periférico, y pregonando proyectos de desarrollo para atracción de inversionistas nacionales y también de extranjeros.
En tanto, en la Federación parece estar la cabeza más visible de toda la especulación inmobiliaria de la zona, indicó Galeote, pues el integrante del Consejo de la Judicatura Federal Miguel Quiroz Corte, tiene un hijo de nombre Miguel Quiroz Magallanes quien es socio de los hermanos Alejandro, Rafael y Gabriel Posada Cueto.
Estos a su vez tienen como operadores para convencer a los campesinos para que vendan sus tierras a Samuel Chilaca, hermano de la priista Sara Chilaca; a Félix Vázquez, ex funcionario del Registro Agrario Nacional a quien se le ha acusado de corrupción, por lo que fue despedido cuando llegó el PAN al gobierno federal; y por último a una habitante de Tlaxcalancingo, de nombre Hilaria Xantle, quien conoce a la población y sabe cómo “convencer” a sus paisanos de vender sus propiedades.
“No es casual que los especuladores estén relacionados con la política y con los cargos públicos”, señaló Galeote quien subrayó que en el caso de los Posada y de Quiroz “hacen tan mal las cosas que tuvieron que contratar a Félix Vázquez para revertir los juicios de amparo y demandas que tienen en cascada, pues ese ex funcionario conoce bien todo el proceso para hacerse de la tierra sin mayores problemas”.
Para el abogado, la única forma conservar la tierra agrícola de lo que consideró la excesiva especulación inmobiliaria que está ocurriendo en San Andrés Cholula, es con la resistencia civil de los pueblos cholultecas que en ningún momento, subrayó, significa violencia.
“Vamos a proponerle al gobierno del estado, si de verdad está interesado en resolver esto, será que declare las tierras ejidales que aún quedan como reservas agrícolas. Aún estamos definiendo los términos jurídicos precisos, pero el objetivo es que si los Posadas y Miguel Quiroz quieren comprar ahí, que lo hagan, pero que siembren, no que vendan para construir”, finalizó.
