Alfonso Ponce de León Salgado/Foto Archivo /Intolerancia
El jueves 8 de noviembre, en la parte superior derecha de la página 57 del periódico La Prensa apareció la fotografía de María Antonio López Cruz con los labios cocidos, como un percing pero sin acero, donde ella misma dijo que se los coció para protestar por la detención de su esposo Antonio Fernández Sánchez, actualmente recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel, como presunto responsable de delitos contra la salud.
Con su actitud, la mujer demandó la atención de Eduardo Medina Mora, procurador General de la República y del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberantes Fernández, ya que asegura que a su esposo el grupo Táctico Halcón lo “cargo” con 50 “grapas” de cocaína y como consecuencia enfrenta cargos federales y se encuentra a disposición de un juez de Distrito, quien en su momento le dictó un auto de formal prisión.
Fernández Sánchez, antes de ser detenido, dijo dedicarse a investigar el robo de menores de edad, a través de lo que dijo se llama Grupo Especial Puebla (asociación preventiva contra el robo de infantes), de la que le comento ni la Procuraduría General de Justicia, ni la Secretaría de Gobernación ni ninguna autoridad, llámese federal, estatal o municipal, tenía conocimiento de su existencia; es más, no existe ningún antecedente que indique que esta asociación haya localizado a por lo menos un niño robado, aunado a que oficialmente el gobierno del estado de Puebla no ha reconocido que aquí existan mafias de robo de infantes y mejor no le pregunto cómo se sostiene esta asociación preventiva.
Pero María Antonio no era la única que hizo un viaje de la ciudad de Puebla a la capital del país para protestar por la detención de su esposo, ocurrida la tarde del 24 de abril, frente al número 61 de la calle Venustiano Carranza en la colonia Ampliación Vista Hermosa; lo hicieron también familiares de Modesto Alejandro Gutiérrez Hernández “El Pescado”, detenido el viernes 13 de julio en una de las calles de la unidad habitacional Bosques de San Sebastián por el mismo grupo uniformado, en posesión de alcaloides con presunción de venta y había otros familiares, los de Guillermo Vera Toledo, que también decían lo mismo.
Palabras menos o más se trataba de familiares de tres internos del penal de San Miguel acusados por delitos contra la salud, de tres que se conocieron en los patios de la cárcel y que concluyeron en lo mismo, que los tres habían sido víctimas de “una infamia”; y todavía hay más, a estos internos que dicen fueron detenidos injustamente se les anexan José Abrahán Camacho, Carlos Loaiza Arizpe “El Delfín” y otros más, la lista no parece tener fin.
La hermandad del penal de San Miguel
Hasta antes de la administración de Mario Marín Torres como gobernador del estado, las células del “narcomenudeo” se contaban por docenas, la Secretaría de Salud, a través de hospitales como el Psiquiátrico Rafael Serrano e instituciones hospitalarias privadas, como el sanatorio La Paz, reconocían el incremento, por lo menos en un 300 por ciento del narcotráfico en pequeño, que viene a ser la “caja chica” de las grandes organizaciones dedicadas a la distribución de alcaloides por todo el país; en esa época los Arellano Félix tenían puestos los ojos en Puebla, no como centro de operaciones comerciales, como sucede actualmente, sino como bastión para hacerse de tropas dedicadas a la distribución y a cualquier trabajo “sucio”.
Fue en esta administración cuando los “narcomenudistas” sufrieron serios descalabros y sus organizaciones quedaron diseminadas, la gran mayoría de los pequeños capos fueron enviados al penal de San Miguel y quedaron sujetos a procesos federales; muchos de éstos enfrentan condenas rigurosas y otros están a punto de ser sentenciados, además de que otros vendedores de droga siguen llegando casi todos los días por conducto de diversas corporaciones policiacas, pero principalmente por el Grupo Táctico Halcón; las estadísticas así lo demuestran.
Gracias al quehacer que ha realizado la Procuraduría General de Justicia, a través de la Policía Judicial del Estado (PJE), y de la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (DIEDO), lo mismo que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, células como la de los hermanos Bayón, la del “Jimy”, Los Silvetti, la misma “hermandad” formada por exagentes judiciales, los de San Manuel, “El Hoyo Negro”, “Los Colombianos” y otros más, fueron desactivadas y muchos de sus miembros quedaron a la deriva, algunos se organizaron para crear otros grupos delictivos y otros decidieron retirarse.
La guerra contra el “narcomenudeo” emprendida por el gobierno de Mario Marín Torres y de Enrique Doger afectó las estructuras del “narcomenudeo” poblano, no sólo los principales jefes fueron encarcelados, sino que la gran mayoría de las “narcotiendas”, por no decir todas, se vieron obligadas a cerrar y tuvieron que cambiar las estrategias para que las organizaciones que quedaron siguieran con el negocio de la distribución de alcaloides, aunque las nuevas estrategias no fueron tan efectivas y la debacle de esta mafia viene en caída.
Sin embargo el gobierno del estado que decidió orquestar la lucha sin tregua ni cuartel contra la mafia del “narcomenudeo” se olvidó de dónde iban a quedar depositados los hombres fuertes de la venta de drogas, se les olvidó que estos durante años se fortalecieron mediante el soborno y que desde donde estuvieran todavía podía dar órdenes y sin pensarlo crearon un sindicato de “naromenudistas” que hoy por hoy es el más fuerte y el más importante y lo que es más grave, que aún opera en todo el estado, con el mismo negocio, la venta de las drogas.
Los convenios de paz, los convenios de guerra
Para que la nueva “hermandad” de “narcomenudistas” pudiera iniciar funciones, fue necesario que se pusiera en marcha la operación “cicatriz”, todos y cada uno de los internos acusados por “narcomenudeo” tuvieron que limar asperezas, olvidar los agravios y poner todo de su parte, desde dinero hasta familiares y abogados para formar un frente lo suficientemente sólido como para pagar honorarios a custodios y funcionarios del Cereso de San Miguel, a fin de que les permitieran estar juntos, algo así como su propio “bunker”, para poder ingresar alcaloides para la venta, para tener acceso a todo tipo de visitas y lo más importante, para combatir a quienes los han estado combatiendo; algo así como “muerto el perro se acabó la rabia”.
Personajes como Alejandro Modesto Gutiérrez Hernández, “El Pescado”, tuvo que olvidar los agravios con Carlos Loaiza Arizpe “El Delfín”, un convicto por delitos contra la salud y un expolicía corrupto, para organizarse y buscar por medio de presiones con las comisiones nacionales de derechos humanos, con medios de comunicación nacionales presionar a jueces de distritos para que declaren inexistentes los cargos por delitos contra la salud que existen en su contra y que se fortalecen —por lo menos en este caso— por sus mismos antecedentes.
Estas presiones orquestadas por sus mismos abogados y que se centran en “periodicazos”, tienen como encomienda realizarlas sus familiares, quienes a fin de cuentas poco conocen de sus actividades y en términos afectivos se han dejado influenciar tanto que una de ellas, María Antonio López Cruz, decidió coserse los labios en señal de protesta.
Pero la presión no sólo se basa en el intento de ablandar a jueces de distrito, a quienes los mismos abogados temen por no aceptar dinero, sino también para desmantelar al grupo que más golpes les ha dado, el grupo táctico Halcón, buscan que su comandante directo sea detenido y esperarlo —tras el “chalequito”— para ajustarle cuentas.
Y ya tuvieron los primeros resultados luego de que representantes de la Comisión de Derechos Humanos, la local, llegó a tomar declaración de estos dos hombres ligados con la mafia de los hermanos Silvetti, identificados como los principales distribuidores de cocaína y de marihuana en el nororiente de la ciudad, aunque en materia legal va a ser muy difícil que con sus presiones puedan influenciar a jueces federales curtidos por casos donde este tipo de mafias han buscado intimidarlos de todas formas, sin poder lograr nada más que una sentencia apegada a derecho.
El brazo armado de la nueva hermandad
La muerte del interno Alfredo Gelacio Castrillo Téllez, jefe de una banda de expolicías judiciales, tanto de Puebla como de Tlaxcala, detenido por su presunta responsabilidad en robo de vehículos Jetta mediante asalto, obedece a un ajuste de cuentas de esta misma “hermandad”, ajuste que fue disfrazado con un intento de evasión el pasado 27 de marzo en el interior del panteón Jardín
Alfredo, desde su llegada al penal de San Miguel tuvo la encomienda de introducir dosis de cocaína proveniente de los decomisos que en ese tiempo realizaban corporaciones policiacas de Tlaxcala; la “grapa” era vendida a 60 pesos, 20 menos de lo que la venden los grupos establecidos en el centro penitenciario, lo que motivó que algunos vendedores estuvieran a punto de quebrar.
Cuando Gelacio Castrillo ya tenía el control de las drogas, cuando las mismas ya lo habían afectado tanto que desvariaba y en algunas ocasiones hasta llegó a nombrar a sus jefes, razón por lo que se convirtió en un estorbo, tanto para sus competidores como para sus mismos jefes; entonces decidieron ejecutarlo con la ayuda de elementos de la Unidad de Traslados, que depende de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, todos ellos actualmente sujetos a procesos penales.
Es urgente la intervención de la PGR en el Cereso de San Miguel
La decisión de María Antonio López Cruz, esposa de Antonio Fernández Sánchez, sospechoso por delitos de “narcomenudeo” —quien a la vez delataba a sus competidores en la venta de drogas— de coserse los labios para denunciar que su detención fue arbitraria, resulta importante y necesaria, ya que de intervenir la Procuraduría General de la República, a través de la SIEDO, no sólo comprobarían que la permanencia de este hombre en el penal es como consecuencia de una acción de prevención del delito, sino que además quedaría desenmascarada esa “hermandad” de “narcomenudistas”.
Se pondría al descubierto la mafia del “narcomenudeo” que opera desde el interior del centro de readaptación, de la protección de funcionarios de la Dirección de Centros de Readaptación para no sólo encubrir sus actividades, sino todos los desmanes que ocurren al interior.
Una prueba clara son los informes de la Delegación Estatal Puebla de la Procuraduría General de la República (PGR) que aquí le detallo.
El jueves 8 de noviembre la PGR informó que ejercitó acción penal en contra del interno del Cereso de San Miguel, José Luis Rodríguez Reyes, quien en el área de sentenciados fue descubierto por personal de Seguridad y Custodia de la Dirección de Centros de Readaptación, afuera de la celda 12, en posesión de quince envoltorios de marihuana con un peso de 26 gramos 900 miligramos, además de un envoltorio con 261 gramos 600 miligramos de la misma hierba.
Por este hecho la PGR dio entrada al expediente AP/PGR/PUE/PUE-I/1248/2007 y al final del comunicado dejó el siguiente mensaje: “algunos efectos de la marihuana son la disminución del control afectivo con pérdida de dominio propio, perturbación del cerebro, deterioro de los pulmones y las células, sobre todo los glóbulos blancos, aceleración de las pulsaciones, disminución de las defensas y daño en la garganta”.
El miércoles 7 de noviembre la dependencia federal informó del ejercicio de la acción penal en contra de otros dos internos, Javier Cerón Sotelo y Fernando Garnica Méndez o Fernando Olvera Garnica, como presuntos responsables por delitos contra la salud.
De Javier se dijo que fue descubierto por custodios en el dormitorio E, celda 17, cuando estaba sentado en su cama con 30 envoltorios de marihuana y un trozo de la misma hierba, además de la suma de 894 pesos, iniciando en consecuencia el expediente AP/PGR/PUE/PUE-I/1222/2007.
En el caso de Fernando, éste fue ubicado en el dormitorio K, en la celda 28, éste se encontraba en el pasillo ocultando en un hoyo de registro de luz una bolsa de plástico que contenía 56 envoltorios con 79 gramos 600 miligramos de marihuana, esto de acuerdo al documento AP/PGR/PUE/PUE-I/1233/2007.
De estos casos la Dirección de Centros de Readaptación ha guardado silencio por dos razones; primero, porque se niegan —por omisión o por confabulación— a reconocer que al interior del penal existe tráfico de drogas; y segundo, porque alguien intenta encubrir a esta nueva “hermandad”.
Este mismo “alguien” permite que el grupo de sospechosos de “narcomenudeo” sujetos a proceso federal, tengan reuniones para planear todas sus acciones en contra de los policías que los detuvieron, permite que los mismos operen en cualquier tipo de negocio sin tener una vigilancia directa, a fin de cuentas las acciones tanto de la PGJ como de los cuerpos de seguridad, tanto persecutores de delitos como preventivos, están fuera de su alcance, sin olvidar que la competencia de la “hermandad” está siendo eliminada, con decirle que han detenido a mujeres en el área de aduanas del penal que intentaron introducir drogas como marihuana y cocaína en sus genitales y tampoco nadie ha dicho nada.
