Para declararse culpable del delito de violación
Ignacio Juárez Galindo/La Jornada de Oriente
Ignacio Juárez Galindo/La Jornada de Oriente
La procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, habría incurrido, con el apoyo de integrantes de la Policía Judicial del Estado (PJE), en una coacción para obligar a un sujeto de Cholula a modificar sus testimonios e inculparse en el delito violación. El hecho fue asentado oficialmente en actas certificadas por el defensor del inculpado.
A decir del abogado Pablo Rangel Sarrelangue, es preocupante la situación que existe en la PGJ de Puebla, debido a que las violaciones a los derechos humanos “son una constante” y “una muestra de impunidad y desdén”.
A decir del abogado Pablo Rangel Sarrelangue, es preocupante la situación que existe en la PGJ de Puebla, debido a que las violaciones a los derechos humanos “son una constante” y “una muestra de impunidad y desdén”.
Según se desprende de la averiguación previa 235/2008/Cho, el pasado 21 de febrero se presentó ante el Ministerio Público Ana o María “N”, originaria el municipio de Ahuacatlán, en la Sierra Norte, para presentar una denuncia por el delito de violación en contra de Hilario Tlacotia Torres y Ramiro Pérez Castro, a quienes conoció en el mes de diciembre cuando entró a trabajar en una tortillería en San Andrés Cholula.
La afectada relató que ambos sujetos la violaron a finales de enero, y a principios de febrero de este año, la maltrataron y le dejaron de pagar su sueldo como empleada de la tortillería. Al momento de presentarse ante el Ministerio Público, Ana “N” –quien tuvo que valerse de un traductor porque no hablaba español– tenía un sangrado como producto de un posible aborto espontáneo y estaba afectada emocionalmente, por lo que fue hospitalizada.
Al saber de la agresión, el Ministerio Público de Cholula giró instrucciones para que integrantes de la PJE realizaran el reconocimiento y detención de Hilario Tlacotia y Ramiro Pérez, quienes desde un principio –se asienta en los informes de los policías– confesaron “haber tenido relaciones sexuales en varias ocasiones con la muchacha desde diciembre” de 2007, las cuales se realizaron en el establecimiento, propiedad de la madre del primero.
En el informe se establece que Ramiro Pérez reconoció que “ya sabían que había resultado embarazada la denunciante y que ya se habían puesto de acuerdo para apoyarla médica y económicamente”.
En su declaración inicial Hilario Tlacotia negó que hubieran abusado sexualmente de la menor, pero reconoció que su primo Ramiro Pérez había tenido relaciones con la muchacha, y al enterarse de que había sido embarazada se comprometió a hacerse responsable de todo. Incluso dijo que su madre mostró tal preocupación por la menor que la llevó al médico e iba a ser sometida a pruebas clínicas, pero ya no se presentó.
Sin embargo, en el interrogatorio que se realizó posteriormente, Tlacotia cambió por completo su declaración y aceptó que tanto él como su pariente habían tenido relaciones sexuales con Ana o María”N”, que éstas tuvieron lugar en la tortillería y fueron sin el el consentimiento de la menor.
La nueva versión del declarante generó una protesta por parte del abogado defensor, Marco Antonio Tolama Flores, quien exigió al MP incluir en el acta la siguiente aclaración: “Quiero que se asiente que al termino (sic) de la declaración del indiciado se suspendió la presente diligencia por espacio de 20 minutos y el indiciado fue trasladado a los separos de la Policía Judicial de estas instalaciones (en Cholula) para posteriormente reanudarse y el Ministerio Público formular el respectivo interrogatorio (sic)”.
Pablo Rangel Sarrelangue advirtió que detrás de esa maniobra se encontraría la procuradora Blanca Laura Villeda, quien supuestamente ordenó la suspensión momentánea de la diligencia e instruyó a los policías judiciales para que procedieran contra los declarantes. Al regresar, su versión había cambiado radicalmente.
En un artículo publicado el pasado viernes en el diario digital econsulta, el litigante asentó: “El caso específico de lo que cito en último término lo encontramos en la averiguación previa número 235/ 2008/CHO. Resulta que la señora procuradora presenció la negativa de los hechos que se les imputan a los inculpados Hilario Tlacotia Torres y Ramiro Pérez Castro ante la agente del Ministerio Publico; molesta con dicha negativa, asintió que los agentes de la Policía Judicial del estado sacaran por 15 minutos a los detenidos para que al regresarlos ante el agente del Ministerio Publico los inculpados confesaran su participación en una supuesta violación”.
De paso, criticó que los agentes del Ministerio Público “se muestran complacientes con el actuar policiaco y son tan ignorantes como el que más, empero, la intención de mantenerse en un cargo que les satisface sus mediocres necesidades les lleva temerariamente a violentar la ley, sabedores además de contar con la anuencia de la titular de la Procuraduría General de Justicia, quien ha llegado a presenciar actos de tortura para obtener las forzadas confesiones”.
De acuerdo con la averiguación previa, el señalamiento del abogado defensor nunca fue investigado, a pesar de que al momento en que el Ministerio Público determinó la acción penal persecutoria contra ambos sospechosos por el delito de violación, Hilario Tlacotia ratificó que fue amenazado.
