El juez Cuarto de lo Penal teme por su vida. Para confirmar el auto de formal prisión a los sicarios; dejó entrever que en la consignación de los integrantes del crimen organizado hubo negligencia
Alfonso Ponce de León Salgado
Foto Rodolfo Pérez
Juan Alberto Miranda Guerra, juez Cuarto de lo Penal, cambió de voz, no de actitud. Ayer fue pausado, cuidadoso, pero igual lo sostuvo, los ocho internos del dormitorio X del penal de San Miguel son “Zetas”, y no porque el funcionario lo haya dicho, sino porque obra en las actuaciones del proceso 298/2008, al menos así lo dijo. A pesar que no hubo grabadora ni cámara de video que pudiera confirmarlo, el juez cuidó que en esta entrevista, en el edificio del Tribunal Superior de Justicia, los reporteros acudieran sin equipo de trabajo, sólo una pluma y una libreta.
El juez, a través de la oficina de Prensa del Poder Judicial, citó a una conferencia de prensa a las 19:30 horas. El encargado advirtió “sin cámaras, sin grabadoras, sin teléfonos que tengan cámaras”, y además se deslindó, “son indicaciones del juez”, todo para que el enjuiciador Alberto Miranda confirmara que los ocho integrantes del grupo armado “Zeta” les dictaran un auto de formal prisión como presuntos responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, tentativa de homicidio o lesiones intencionales, además de delincuencia organizada.
Pero el juez no sólo encontró pruebas suficientes —aportadas por el Ministerio Público de lo Común— para iniciar un procedimiento penal en contra de los miembros del crimen organizado, sino que además se declaró incompetente para conocer del caso y envió el expediente al Juzgado Penal de Izúcar de Matamoros, luego de que fue en ese distrito judicial donde se registraron los hechos violentos que llevaron a la detención de los sicarios.
La pregunta obligada al juez Miranda Guerra —no fue grabada—: ¿los ocho “Zetas” serán trasladados a la cárcel municipal de Matamoros? La respuesta fue sencilla, pero llena de temor y además legal, “eso ya corresponde al juez que conozca de la causa, respaldándose lógicamente en la ley penal, sin tomar en cuenta la peligrosidad de los ocho detenidos, quienes ya se están recuperando de la golpiza y mutilaciones que sufrieron a manos de pobladores de Tlapanalá cuando ya habían lesionado con armas de fuego y se llevaban secuestrado a José Vargas Ubaldo.
Negligencia o mala leche en la PGJ
Alberto Miranda Guerra no lo dijo, pero dejó entrever que en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) hubo negligencia en la consignación de los ocho sicarios del grupo “Zeta”. En la PGJ tuvieron la oportunidad de remitir a los detenidos al Ministerio Público federal por la portación de las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército —les confiscaron tres armas de asalto AK47 y tres escuadras—, además de delincuencia organizada, pero prefirieron enviarlos a un Juzgado Penal del estado y perdieron tiempo legal para que el caso quedara en manos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, el juez aún alberga las esperanzas de que la PGR, a través de la SIEDO (Subprocuraduría Investigadora de Delincuencia Organizada), atraiga el caso, considerando que los detenidos pertenecen a una organización delictiva que opera en todo el país y basándose en la consignación —tardía— a la Delegación Estatal Puebla de la PGR, de las armas que les fueron encontradas a los detenidos.
Notifican a Los Zetas desde su dormitorio
Ayer mismo, los ocho integrantes del grupo “Zeta” fueron notificados desde el interior del dormitorio X, donde permanecen aislados, de la determinación del juez de dictarles un auto de formal prisión y la negativa de la libertad provisional mediante el pago de una fianza, considerando que se trata de gente altamente peligrosa y que incluso obra en autos el informe sobre el perfil psicológico de los detenidos, quienes no tuvieron ningún empacho para confesar que son miembros de “la letra”. Incluso el exagente de la Policía Judicial del Estado (PJE), Aurelio Xolo Gozcón, alias Javier Ríos Ponciano, alias “El Congo” o “El Ríos”, quien en el año de 1998 ostentaba la placa 596 y tenía una identificación que indicaba era auxiliar B en la corporación.
Los otros procesados son: Mario Antonio Martínez Tovar, quien también dice llamarse Isaac Méndez “El Munra”; Miguel Domínguez Álvarez, alias Juan José Escalante, alias “El Tacón”, “El Halcón” o “El Guardián”; José Greogorio Loera Rodríguez, alias Gerardo González Ramírez “El Gordo”; originarios del estado de Coahuila.
Rodolfo Espinosa, alias Ernesto González Hernández, alias “El Popo”, originario de Laredo, Texas; Juan Martínez Salazar Molina, alias Juan Salazar Martínez, alias Gerardo Sánchez Martínez, alias “El Llorón”, o “El Juanillo Llorón”; Juan José Olivares Torres, alias Juan Carlos Garza Martínez, alias “El Tizoc”, alias “El Papá”, alias “El Comandante” o “Juanillo”, originarios del estado de Tamaulipas, este último considerado como su jefe directo; y Martín Palma Meneses, alias “El Sonrisas”.
Conferencia de prensa sin equipo electrónico
La conferencia de prensa fue pactada para las 19:30 horas. Como nunca antes, los reporteros recibieron la indicación de que no llevaran grabadoras, cámaras fotográficas y de video, y la advertencia era que de no obedecer las indicaciones no los iban a dejar entrar. La misma advertencia ocurrió a las puertas del palacio del TSJ, aunque todos los reporteros llegaron con su equipo natural de trabajo.
Para poder ingresar los reporteros tuvieron que dejar su equipo, además de teléfonos, en un sobre amarillo; éste fue debidamente sellado con cinta adhesiva, además que llevaba el nombre de cada uno de los propietarios. Para tal fin, el personal del Poder Judicial del Estado se encargó de revisar, no de registrar, que los reporteros cumplieran con la encomienda para luego ser trasladados al auditorio, donde la espera duró hasta las 20:30 horas.
El juez Alberto Miranda Guerra llegó a las 20:35 horas, venía acompañado de uno de sus colaboradores. Primero se disculpó por haber llegado tarde, luego de haberse equivocado, el martes, con el número de detenidos —dijo siete y en realidad eran ocho—, pero adujo su error a que cada uno de éstos tiene al menos dos nombres y varios alias, de quienes dijo habían quedado formalmente presos.
El martes, Miranda Guerra ofreció una conferencia de prensa desde las instalaciones donde se realizan los juicios sumarios. Ante los reporteros se presentó sin saco ni corbata, a fin de cuentas como el juez, y sin ningún reparo dijo que los detenidos eran “Zetas” y que habían confesado al menos tres secuestros. Se reservó los datos de si había más implicados y si funcionarios municipales y del estado les habrían brindado protección. Se le preguntó: “¿ya lo amenazaron?”, y dijo que no.
Ayer miércoles su actitud fue distinta, se presentó ante los reporteros sin que hubiera una cámara fotográfica de por medio, explicó que esta medida era para salvaguardar su integridad, aunque volvió a ratificar que no lo habían amenazado. Luego negó tener seguridad personal, pero dijo que esta medida la debería solicitar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Miranda Guerra se despidió de los reporteros solicitándoles objetividad en el manejo de la información.
