Con vídeo pretenden demostrar inocencia
2013-02-26 | El dueño de un bar y su madre fueron detenidos por agentes de la policía ministerial de Puebla presuntamente por el delito de trata de personas, y a un mes de su aseguramiento siguen las indagatorias del Ministerio Público.
El 24 de enero de este año, Miguel Ángel Alonso Ahuatzi y su madre Elodia Ahuatzi Hernández fueron asegurados en un operativo realizado en el centro nocturno “The Four Brothers”,
o también conocido como “El Cuatro Hermanos”, ubicado en la avenida Almazantla número uno de la colonia Almazantla, en Atlixco.Sin embargo, luego de las investigaciones y diligencias realizadas durante el proceso penal que enfrentan los inculpados. Las presuntas irregularidades de las autoridades en la detención se pretenden demostrar a través de un vídeo de las cámaras de seguridad del establecimiento y que contradicen las afirmaciones hechas por la abogada Margarita Aguilar Vázquez, encargada del operativo. Las imágenes muestran lo que ocurre antes, durante y después de la intervención, tanto dentro como fuera del local.
El vídeo
En primera instancia se observa el arribo al bar de un convoy conformado por cuatro autos y una camioneta cerrada, de donde descienden hombres y mujeres vestidos de civil, quienes sin presentar orden de cateo, ingresan al inmueble para inspeccionar y asegurar dinero en efectivo y objetos que se encontraban en el mostrador.
De acuerdo con la averiguación previa 201/2013/AESEX, del lado derecho de la barra –donde se ingresa al cabaret:
“se observa a una mujer joven de aproximadamente veinticinco años, quien viste un top morado, un short negro y zapatillas doradas, acompañada de una persona del sexo masculino… presentaba fuerte olor a alcohol manifestando que ya le había pagado a la señora que estaba en la barra la cantidad de cuatrocientos pesos para tener sexo con la dama… señalando el sujeto que él no se iba a estar esperando, que si no se le dejaba tener sexo con la dama, entonces se le devolviera su dinero y optó por salir del lugar…”.
Sin embargo en el material videograbado no se observa la conversación de la trabajadora y el supuesto cliente, así como que éste saliera del lugar en el momento señalado. En diversas partes del documento se refieren conversaciones del personal ministerial con la madre del dueño del establecimiento, así como supuestas explicaciones hechas por los agentes, las cuales tampoco se observan en el video.
Sólo se aprecia que la abogada a cargo intercambia palabras con Elodia Ahuatzi Hernández, mientras apunta en una hoja lo que parecen ser las respuestas de la señora.
A lo largo de prácticamente una hora de grabación, las cámaras de seguridad del inmueble registran los movimientos de los agentes, la representante del Ministerio Público, dueños, trabajadores y clientes -quienes permanecen arrinconados a la espera de que culmine el operativo-.
En tanto las tres agentes ministeriales participantes en la acción judicial hacen a un lado a Elodia Ahuatzi y contabilizan el dinero que, refieren, sumó 12 mil 316 pesos.
Culminada la revisión, pasan alrededor de cinco minutos sin actividad, tras la cual los agentes ministeriales informan de la clausura y se observa que discuten con el dueño.
Minutos más tarde sacan a clientes y meseros, posteriormente a cuatro mujeres y detrás las siguen cuatro más –en total ocho, no nueve como refiere el documento-, pero al llegar a la puerta de salida, son detenidas las últimas tres, quienes a decir de los ministeriales, deciden levantar la denuncia correspondiente por trata.
“…con lo que se da por terminada la presente diligencia, procediendo en este momento a manifestar a las nueve personas del sexo femenino que se encontraban en el bar trabajando de sexo-servidoras que el hecho de que ellas trabajen haciendo sexo-servicio en el bar con los clientes y que tengan que entregar parte del dinero que ganan a la dueña del lugar eso es un delito y que pueden denunciarlo y que si así lo desean podemos ayudarlas y trasladarlas a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, manifestando la C.----- que ella sí quiere denunciar, porque no es justo que trabajen tanto y que la dueña se quede con parte del dinero que gano, manifestando las C.C. ----- y ----- que ellas no van a dejar sola a ----- que ellas la van a acompañar, a lo que esta autoridad no tuvo inconveniente…”
Los detenidos y las presuntas víctimas fueron trasladados a la ciudad de Puebla al área Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia, donde fue levantada la constancia de hechos y las supuestas declaraciones.
Sin embargo en el careo realizado el pasado miércoles 14 de febrero, las presuntas agraviadas echaron por tierra las acusaciones del MP al aclarar que nunca presentaron una denuncia al respecto y que al estar detenidas sólo les pidieron firmar unos documentos para dejarlas en libertad.
La primera de ellas refirió que nunca declaró contra los detenidos, “es por eso que estoy aquí porque es algo injusto, y como lo he dicho no me han tratado mal y no tengo nada en contra de los dos, yo no he acusado a nadie”. Agregó que en su primera declaración los hechos narrados fueron los que asentaron los agentes ministeriales, más no ella.
Una segunda mujer presentada como agraviada indicó que le pidieron firmar el documento si ya deseaba irse y para que liberaran al dueño del bar y a su madre.
En el careo con la tercera denunciante, la misma asentó que sólo fue contratada para bailar, actividad que ha realizado en ese sitio.
Ministeriales regresan al inmueble tres horas después del cateo
Un hecho omitido por los ministeriales en la constancia, es que tras presentar a los acusados en la ciudad de Puebla, Elodia Ahuatzi fue subida de nueva cuenta en uno de los automóviles usados en el mismo operativo y conducida a Atlixco, donde pretendían ingresar de nuevo al inmueble clausurado.
El lugar ya era resguardado por personal de seguridad y un hijo de la detenida, ante lo cual los ministeriales permanecieron afuera por un espacio de unos 20 minutos y después se dirigieron nuevamente a la ciudad de Puebla.
En la agencia especializada estuvieron retenidos los acusados por más de 24 horas, de donde fueron remitidos al Centro de Readaptación Social de Atlixco para llevar a cabo las averiguaciones correspondientes.
No obstante, por su avanzada edad y un padecimiento diabético que presenta, Elodia Ahuatzi fue internada en el Hospital municipal San Juan de Dios, donde permaneció en calidad de detenida hasta el pasado jueves 21 de febrero, cuando fue llevada al penal.
Abuso de poder y anomalías
A un mes de ocurridos los hechos, Óscar e Isaías Alonso Ahuatzi piden que se libere a su hermano Miguel Ángel y a su madre Elodia Ahuatzi, ya que la policía ministerial no encontró ninguna menor de edad en el bar ni indicios de que se practicara la trata.
En entrevista señalaron que tanto las declaraciones de las trabajadoras y las de los agentes que realizaron las inspecciones no concuerdan con los hechos, así como tampoco hay un reporte del dinero que recogieron de la caja del bar.
“Llegaron enfrente de la barra, nunca mostraron que venían a hacer una inspección una orden de cateo ni orden de aprehensión, sacaron lo que quisieron, sacaron lo que pudieron, ya traían bolsas donde echar las cosas. Manifiestan que había menores de edad, nunca encontraron un menor de edad”, mencionó Óscar Alonso, hermano del detenido.
Las cámaras del lugar estuvieron grabando las acciones de los policías ministeriales, de la agente del ministerio público y no coinciden con las declaraciones.
Margarita Aguilar Vázquez, agente del ministerio público adscrita al tercer turno en la agencia especial en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, fue quien giró la orden de realizar el operativo pero aunque no encontraron nada en el lugar, éste permanece clausurado.
La licencia de funcionamiento está a nombre de Miguel Ángel Alonso Ahuatzi, sin embargo su madre Elodia Ahuatzi Hernández, se encuentra también detenida.
“Lo que queremos nosotros es que se haga justicia, es algo insólito, mi mamá está muy mala, se la llevaron detenida; como a las dos horas la regresaron, la traían de un carro para otro, después le trajeron pero porque querían reabrir el bar a pesar de que ya tenía los sellos y cuando les dije que yo iba a entrar con ellos, se fueron”, mencionó Isaías Alonso otro de los hijos de Elodia Ahuatzi.
El personal asegura que a todos los trabajadores les pidieron identificación y todos presentaron su credencial del IFE, por lo que en ese momento debieron darse cuenta de que no había ninguna menor de edad. “Nos pidieron identificación y nos radiaron que si traíamos delitos. Nos tuvieron parados más de media hora a nosotros como meseros y a los clientes que estaban ahí”, expuso Urbano Méndez.
