Van contra abuso de agiotistas
2013-01-01 El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas legislativas que buscan meter en orden a las casas de empeño y frenar los abusos a los pignorantes. Dichos establecimientos estarán obligados a transparentar a los usuarios las tasas de interés que cobran y garantizar que los bienes no sean maltratados o vendidos antes del fin del contrato del empeño.
De acuerdo con la reforma, la Procuraduría Federal del Consumidor será la instancia encargada de crear un registro público de casas de empeño y éstas tendrán que inscribir los contratos de adhesión que celebren con sus clientes.
Para poder operar, las casas de empeño deben contar con la inscripción ante la Profeco y si no lo hacen, se considerará una infracción grave.
La legislación prevé multas que variarán de los 617 pesos a los dos millones 414 mil 759 pesos en caso de que no se cumplan con las nuevas disposiciones.
Las casas de empeño tendrán que transparentar sus operaciones, por lo que deberán colocar en su publicidad o en todos sus establecimiento abiertos al público de manera permanente y visible una pizarra de anuncios o medios electrónicos informativos que tendrán como propósito brindar información a los consumidores sobre los términos y condiciones de los contratos.
Aunado a ello, tales establecimientos deberán informar el costo diario y mensual totalizado, que deberá expresar en tasas de interés porcentual sobre el monto prestado.Las casas de empeño deberán establecer procedimientos que le garanticen al usuario la restitución de su prenda.
En caso de que el bien haya sido robado, extraviado o sufran algún daño o deterioro el pignorarte optará por la entrega del valor del bien conforme evalúo o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.
Tratándose de metales preciosos el valor de la reposición del bien no podrá ser inferior al valor real que tenga el metal en el mercado al momento de la reposición.
Las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor fueron aprobadas con 410 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y pasó al Ejecutivo para su publicación.
Mario Sánchez, presidente de la Comisión de Economía, señaló que las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor son necesarias ante el incremento de demandas que hay contra las casas de empeño, que se han multiplicado en los últimos 25 años.“Hay necesidades que deben ser cubiertas, a fin de brindar certidumbre, certeza y seguridad tanto a los usuarios de las casas de empeño como a quienes desean invertir en este tipo de negocios”, citó el legislador en el pleno.
Explicó que de acuerdo con datos de la Profeco, en 2009 se reportó que 19% de las casas de empeño no exhibe el contrato de adhesión, sólo 35% muestra el porcentaje del préstamo conforme al avalúo. Agregó que sólo 28% indica el plazo y 37% menciona el tipo de prendas que recibe.
La Profeco reportó también que entre las principales quejas de las personas que acuden a empeñar sus pertenencias destaca el cobro extra por el servicio.
“Lo anterior dio pie a la necesidad de actualizar el marco jurídico para proteger a los consumidores de estos servicios”, citó el legislador.
Buscan detectar bienes robados
Las reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor también buscan evitar que las casas de empeño sean receptoras de bienes de procedencia ilícita.
De acuerdo con los ajustes, las casas de empeño tendrán que reportar a la Procuraduría General de Justicia de la localidad que corresponda, la posibilidad de que se estén empeñando objetos o bienes que puedan ser producto de actividades ilícitas.
Para ello, se deberá cumplir con un reporte mensual en los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de una misma casa de empeño.Los operadores de casas de empeño deberán informar a las autoridades cuando se pueda afirmar que existe un comportamiento atípico del pignorante.
Dan a cajas hasta 2014 para regularizarse
Aunos días de que concluya el plazo para que las cajas de ahorro se regularicen, el Senado aprobó la semana pasada otra prórroga para que la totalidad del sector cumpla con la Ley y de esta forma se garanticen los recursos de los ahorradores.
Los legisladores aprobaron que el plazo límite se amplíe del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014.
Desde 2001, cuando se creó la Ley de Ahorro y Crédito popular, los legisladores han aprobado más de 10 veces prórrogas para que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y las Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) se incorporen a la normatividad, y ahora surge esta nueva aprobación por parte del Senado, que debe ser ratificada por los diputados.
Hace un mes, Guillermo Babatz Torres, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que a partir de enero se cerrarán las cajas de ahorro que capten recursos del público sin haberse regularizado.
Además, el organismo informó que hay 51 entidades que no han logrado el registro por diversas causas y otras 78 que están en prórroga porque no han cumplido los requisitos para ofrecer a sus clientes un fondo de protección, por lo cual no han entregado su expediente.
Ramón Imperial, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, declaró que este sector sí necesita un tiempo para cumplir con todos los requerimientos de la regulación, aunque no es necesario que sea tan largo.
“Sí se necesita la prórroga porque si no se genera incertidumbre jurídica y quedarían desprotegidas todas las entidades que han tratado de incorporarse a la ley. Sin embargo, no deben abrir un plazo tan prolongado como el que aprobaron los senadores por que nunca se terminará de regular al sector”, aseguró.
Repite patrones de soborno Walmart
Las mordidas a funcionarios municipales para que alteren ilegalmente los mapas de zonificación aprobados por cabildos, son características que comparten el Walmart de avenida Gómez Morín, en San Pedro, y el de San Juan Teotihuacán, Estado de México.
Un reportaje del diario estadounidense “The New York Times” detalla cómo la cadena comercial logró conseguir los permisos para construir una sucursal de Bodega Aurrerá cerca de las pirámides de Teotihuacán, además de un Sam’s Club y un centro de distribución en el Distrito Federal, comenzando por una alteración no autorizada por los regidores en el mapa de zonificación del municipio, antes de ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado de México.
De una manera similar, el Cabildo de San Pedro desconoció cambios a la Matriz de Compatibilidad y Usos de Suelo que permitió la construcción de Walmart en la avenida Gómez Morín, afirmó en entrevista Gilberto Marcos, presidente de la Federación de Colonias Metropolitanas.
“Tenemos el testimonio judicial de los integrantes del Cabildo de San Pedro de aquella época, que dicen que nunca aprobaron el cambio, y no sabían lo que en ese momento se estaba gestando por Walmart”, dijo Marcos, quien denunció penalmente a ex funcionarios de la administración de Fernando Margáin por el incidente. “En San Pedro el Cabildo no aprobó el cambio, los que le movieron son los funcionarios que enviaron los documentos al Diario Oficial del Estado”.
Marcos criticó que la administración de Mauricio Fernández otorgó a la cadena los permisos de construcción después de que fueran descubiertas las irregularidades en el cambio de suelo, argumentando que Walmart podría demandar al municipio si se lo negaban. “Les decíamos que resistieran los intentos de Walmart, que para eso estaba el instrumento jurídico de reversión de un acto irregular, se pudieron haber abstenido de dar el permiso, pero se lo dieron”, afirmó.
Marcos consideró que con la construcción de la tienda, el perjuicio hacia la ciudadanía fue mayor que el que supuestamente hubiera causado una demanda de Walmart contra el Municipio.
La demanda en contra de los funcionarios sampetrinos sigue vigente, al igual que una investigación en contra de la cadena en Estados Unidos, y la tienda en Gómez Morín podría llegar a ser clausurada, agregó Marcos. “Esa tienda está en el limbo, no tiene su papelería en regla”, consideró.
La cadena minorista dijo anoche que desde el 2011 investiga de manera interna el proceso de apertura de la tienda Bodega Aurrerá en San Juan Teotihuacán.
En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Walmart dijo que no realizará más comentarios mientras continúe la investigación, y reiteró su disposición para cooperar con las autoridades competentes en cualquier investigación sobre los permisos o licencias que se le han emitido.
En Jalisco
Por cada cinco casas de empeño que operan lícitamente en el estado, tres trabajan al margen de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Y es que en la Asociación Nacional de Empeño y Joyería (ANEJ) se estima que de un universo de 950 casas de empeño, alrededor de 350 son establecimientos o personas que ofrecen préstamos prendarios al margen de la ley.
“Nosotros estimamos que hay alrededor de 500 o 600 casas de empeño formales en el estado de Jalisco. En el sector informal la verdad es que no hay una referencia puesto que ahí hay incluso hasta lo que es el tradicional agiotista”, afirma René Villalbazo Pérez director de la ANEJ.
Según datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre) el total de casas de empeño formales en todo el país se acerca a las 5 mil, por lo que en Jalisco existiría por lo menos el 10 por ciento del mercado.
Sobre el sector de empeño informal en la entidad, Villalbazo Pérez dice: “Yo calculo que puede ser hasta de dos a tres informales por cada cinco formales, considerando todos los que se dedican al agio”.
Ante esto el Senado de la República aprobó en marzo pasado reformas a la ley en la materia para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) regule las actividades de las casas de empeño en todo el país.
Reporte Indigo solicitó entrevista con la delegada de PROFECO Lilia Bejarano Cásarez para detallar las cifras sobre casas de empeño en la entidad, pero fue negada.
A cambio se entregó el comunicado de dos páginas: Aplica Profeco Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño 2013.
A inicios de este año la Profeco puso en marcha este programa.
Sin embargo, en este programa no serán vigiladas las casas de empeño establecidas como Instituciones de Asistencia Privada. Es el caso del Nacional Monte de Piedad y la Fundación Rafael Dondé, dos de los montepíos con mayor presencia.
Para Villalbazo Pérez, estas dos instituciones de asistencia es donde se presta para cometer más ilícitos, como el “coyotaje” de boletas de empeño, pues los propietarios de la prenda pueden vender la boleta a un extraño para que pague por el bien.
“Tenemos un grave problema, hay muchas casas de empeño, sobre todo las instituciones de asistencia privada como el Nacional Monte de Piedad o Rafael Dondé, que no tienen ninguna regulación y que han estado negadas a que haya una regulación”.
Afirma que esto no sucede en ninguna de las 70 empresas afiliadas a la ANEJ, pues sólo el propietario de la prenda está autorizado a usar la boleta de empeño y recuperarla.
La ANEJ, en conjunto con la Amespre y la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), han impulsado esta nueva regulación y vigilancia de los servicios prendarios.
Desde 2012, sumadas a la Profeco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) anunciaron un convenio de corresponsabilidad y autorregulación para el sector.
Sin embargo, el descontrol y las irregularidades son comunes en el sector, desde las elevadas tasas de interés hasta la recepción de prendas ilícitas.
En las casas formalmente establecidas las tasas de interés van desde 25 por ciento mensual, que anualmente se traduce en un 300 por ciento. En los empeños informales esta tasa llega hasta una cifra anual de mil por ciento de interés.
Además, el rango de avalúo por la prenda entregada por el usuario puede variar desde el 25 por ciento del bien, hasta el 85 por ciento, es por ello que la delegada de la Condusef en Jalisco recomienda evaluar las opciones de empeño antes de realizarlo.
“Hay unas casas de empeño que dan muy poco por la prenda y otras que sí te prestan una cantidad un poco más interesante. Normalmente te dan entre el 25 y el 45 por ciento”, dice Adriana Romo López.
Salida fácil
Sin regulación debida las casas de empeño son también una de las salidas rápidas para el lavado de mercancía ilícita.
Y es que como Reporte Indigo verificó, en empresas como EZ PAWN o Empeña Fácil no es necesario llevar una factura para empeñar un bien, solo basta con una identificación.
Incluso esa misma empresa tiene operando establecimientos las 24 horas, que como servicio a los usuarios puede ser bien visto, pero también propicia que ladrones encuentren una salida rápida para conseguir un beneficio económico por mercancía ilegal.
“Se supone que si uno acude como comprador a una casa de empeño ahí lo que requiere es que le facturen, pero ahí ya va a facturar la casa de empeño, ya va a poder acreditar una legal pertenencia o legal propiedad de la prenda que haya adquirido”, dice Romo López.
Con esta forma “laxa” de recepción se propicia que mercancía ilegal una vez en poder de la casa de empeño, si el pignorante no regresa por ella, la empresa puede venderla generando una factura legal.
“Podría ser que no se tuviera la factura, podría ser que la prenda no fuese de la persona, ahí ya sería cuestión de poner los controles necesarios que en un momento dado deberán de existir, quizá poco a poco lo tendrán que ir incorporando.
“La idea es brindar seguridad siempre, y en este caso si llegas a empeñar algo y no te piden factura y tienen una política laxa, pues puede prestarse a alguna serie de malos pensamientos por parte de la gente”, dice la representante de Condusef.
Según la ANEJ existen mecanismos para inhibir la recepción de piezas de origen ilícito, en sus 70 empresas afiliadas, así como en las cinco pertenecientes a la Amespre y las 71 de Anace.
Sin embargo, no todas las casas de empeño en Jalisco pertenecen a estos grupos y las políticas de regulación son distintas en cada lugar.
En Jalisco
Por cada cinco casas de empeño que operan lícitamente en el estado, tres trabajan al margen de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Y es que en la Asociación Nacional de Empeño y Joyería (ANEJ) se estima que de un universo de 950 casas de empeño, alrededor de 350 son establecimientos o personas que ofrecen préstamos prendarios al margen de la ley.
“Nosotros estimamos que hay alrededor de 500 o 600 casas de empeño formales en el estado de Jalisco. En el sector informal la verdad es que no hay una referencia puesto que ahí hay incluso hasta lo que es el tradicional agiotista”, afirma René Villalbazo Pérez director de la ANEJ.
Según datos de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios (Amespre) el total de casas de empeño formales en todo el país se acerca a las 5 mil, por lo que en Jalisco existiría por lo menos el 10 por ciento del mercado.
Sobre el sector de empeño informal en la entidad, Villalbazo Pérez dice: “Yo calculo que puede ser hasta de dos a tres informales por cada cinco formales, considerando todos los que se dedican al agio”.
Ante esto el Senado de la República aprobó en marzo pasado reformas a la ley en la materia para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) regule las actividades de las casas de empeño en todo el país.
Reporte Indigo solicitó entrevista con la delegada de PROFECO Lilia Bejarano Cásarez para detallar las cifras sobre casas de empeño en la entidad, pero fue negada.
A cambio se entregó el comunicado de dos páginas: Aplica Profeco Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño 2013.
A inicios de este año la Profeco puso en marcha este programa.
Sin embargo, en este programa no serán vigiladas las casas de empeño establecidas como Instituciones de Asistencia Privada. Es el caso del Nacional Monte de Piedad y la Fundación Rafael Dondé, dos de los montepíos con mayor presencia.
Para Villalbazo Pérez, estas dos instituciones de asistencia es donde se presta para cometer más ilícitos, como el “coyotaje” de boletas de empeño, pues los propietarios de la prenda pueden vender la boleta a un extraño para que pague por el bien.
“Tenemos un grave problema, hay muchas casas de empeño, sobre todo las instituciones de asistencia privada como el Nacional Monte de Piedad o Rafael Dondé, que no tienen ninguna regulación y que han estado negadas a que haya una regulación”.
Afirma que esto no sucede en ninguna de las 70 empresas afiliadas a la ANEJ, pues sólo el propietario de la prenda está autorizado a usar la boleta de empeño y recuperarla.
La ANEJ, en conjunto con la Amespre y la Asociación Nacional de Casas de Empeño (Anace), han impulsado esta nueva regulación y vigilancia de los servicios prendarios.
Desde 2012, sumadas a la Profeco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) anunciaron un convenio de corresponsabilidad y autorregulación para el sector.
Sin embargo, el descontrol y las irregularidades son comunes en el sector, desde las elevadas tasas de interés hasta la recepción de prendas ilícitas.
En las casas formalmente establecidas las tasas de interés van desde 25 por ciento mensual, que anualmente se traduce en un 300 por ciento. En los empeños informales esta tasa llega hasta una cifra anual de mil por ciento de interés.
Además, el rango de avalúo por la prenda entregada por el usuario puede variar desde el 25 por ciento del bien, hasta el 85 por ciento, es por ello que la delegada de la Condusef en Jalisco recomienda evaluar las opciones de empeño antes de realizarlo.
“Hay unas casas de empeño que dan muy poco por la prenda y otras que sí te prestan una cantidad un poco más interesante. Normalmente te dan entre el 25 y el 45 por ciento”, dice Adriana Romo López.
Salida fácil
Sin regulación debida las casas de empeño son también una de las salidas rápidas para el lavado de mercancía ilícita.
Y es que como Reporte Indigo verificó, en empresas como EZ PAWN o Empeña Fácil no es necesario llevar una factura para empeñar un bien, solo basta con una identificación.
Incluso esa misma empresa tiene operando establecimientos las 24 horas, que como servicio a los usuarios puede ser bien visto, pero también propicia que ladrones encuentren una salida rápida para conseguir un beneficio económico por mercancía ilegal.
“Se supone que si uno acude como comprador a una casa de empeño ahí lo que requiere es que le facturen, pero ahí ya va a facturar la casa de empeño, ya va a poder acreditar una legal pertenencia o legal propiedad de la prenda que haya adquirido”, dice Romo López.
Con esta forma “laxa” de recepción se propicia que mercancía ilegal una vez en poder de la casa de empeño, si el pignorante no regresa por ella, la empresa puede venderla generando una factura legal.
“Podría ser que no se tuviera la factura, podría ser que la prenda no fuese de la persona, ahí ya sería cuestión de poner los controles necesarios que en un momento dado deberán de existir, quizá poco a poco lo tendrán que ir incorporando.
“La idea es brindar seguridad siempre, y en este caso si llegas a empeñar algo y no te piden factura y tienen una política laxa, pues puede prestarse a alguna serie de malos pensamientos por parte de la gente”, dice la representante de Condusef.
Según la ANEJ existen mecanismos para inhibir la recepción de piezas de origen ilícito, en sus 70 empresas afiliadas, así como en las cinco pertenecientes a la Amespre y las 71 de Anace.
Sin embargo, no todas las casas de empeño en Jalisco pertenecen a estos grupos y las políticas de regulación son distintas en cada lugar.
