Acusan de corrupción a subdirectora técnica del CERESO de San Miguel2013-12-04 | Tras permanecer cuatro semanas en una celda de castigo, permaneció recluido Cesar Pérez Saldaña, interno del penal de San Miguel en la ciudad de Puebla, luego de presentar una denuncia por presuntos actos de corrupción de la subdirectora técnica Irma Fonseca Sánchez, según lo denunciaron sus compañeros mediante un documento hecho llegar a esta redacción.
Tras solicitar la investigación de los hechos que consideran como una violación a los derechos de Pérez Saldaña, los reclusos indicaron que la venganza se dio luego de que éste enviara una queja en contra de la funcionaria a la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con los Servidores Públicos.
La denuncia del interno, dirigida al titular de la dependencia estatal, Benjamín Albores Manzo, fue recibida el pasado 25 de octubre y luego de que los directivos del Cereso de San Miguel se enteraron, el quejoso fue castigado.
De acuerdo con el documento, Irma Fonseca canceló el 27 de septiembre de este año la concesión para la venta de abarrotes a Pérez Saldaña, quien se encuentra recluido por los delitos de cohecho, robo calificado de vehículo y robo calificado.
Ese día, el comerciante recibió una notificación del jefe del Área Laboral, Moisés Hernández, “de parte de la licenciada Irma de que si quería seguir vendiendo, debía pagar 150 mil pesos y tenía que resolverle en ese mismo día”, pero al no contar con esa cantidad Pérez Saldaña le ofreció “50 mil pesos”.
Se indicó que la oferta la hizo a la propia Irma Fonseca y el interno le pidió además que le diera el número de una cuenta bancaria a su nombre, pero la funcionaria le respondió: “qué crees que soy pendeja, el dinero es en efectivo”, y exigió que saliera de su oficina.
El día 5 octubre fue llamado una vez más por la funcionaria para preguntarle si había reunido el dinero, de lo contrario tendría que dejar la concesión de venta de abarrotes, cremería y salchichonería. El interno respondió que no lo tenía.
Irma Fonseca le habría dado 15 días para desocupar el área donde guardaba su mercancía y le prohibió recibir la camioneta con los abarrotes, por lo que además tuvo una pérdida de 9 mil pesos en productos que ya había pagado.
Pérez Saldaña agregó en la denuncia que mes tras mes pagaba mil pesos a la Secretaría de Finanzas para el funcionamiento de su local, pero todos los recibos le fueron decomisados por la subdirectora técnica y solamente se quedó con una copia fotostática del último pago, sin embargo pagaba una cuota extra de 3 mil pesos a la Subdirección Técnica del penal, que le cobraba Moisés Hernández.
En el documento, el quejoso hace notar que Irma Fonseca se distingue por ser “una persona prepotente y grosera, además de que desde que llegó al cargo, en junio de este año ‘el entre’ se ha incrementado al doble”.
Pérez Saldaña asegura que teme por su integridad y su libertad, sobre todo después de la denuncia que hizo y advirtió que ha tenido un buen comportamiento y nunca había sido castigado. “Temo que me siembren algo ilícito” y por la integridad de su familia, refirió.
Denuncian actos de corrupción
2013-12-04 | Los inconformes denunciaron que en estos “actos de corrupción” están involucrados desde la directora general de Ceresos hasta los custodios.
Mediante documentos dirigidos al gobernador del estado Rafael Moreno Valle y hechos llegar a este medio a través de sus familiares, los internos aseguraron que en las irregularidades participan tanto la directora general de Centros de Reinserción Social del estado de Puebla, Lilia Verónica Cruz, hasta el subdirector de administración del penal, Gastón Santiago Arano Guerrero.
La queja en la que se detallan los cobros mensuales está dirigida además a Eukid Castañón Herrera, secretario de la Contraloría, y ya fue recibida en la Dirección General para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, según consta en una copia sellada de la misma.
En la documentación se asegura que la directora de Ceresos “recibe la cantidad de 50 mil pesos de manos del concesionario interno de la Coca-Cola con el fin de realizar mejoras en el inmueble, pero hasta el momento ese mejoramiento no ha llegado”, y apuntaron que cada botella de refresco “que afuera vale 10 pesos, en el interior se vende en 14 pesos”.
En la lista de los presuntos responsables de actos de corrupción se incluyó al director del Cereso de San Miguel, Jorge Roberto Montes; al subdirector de Seguridad Interna, Miguel Ángel Matamoros; al jefe General de Seguridad, Mario Espinosa y al jefe del área Laboral, Moisés Hernández.
Cooperacha a la fuerza
Los sábados y domingos “se cobran 20 pesos por cada persona que ingresa a la visita” y cerca de 90 internas que ocupan “la estancia de ingresos”, deben pagar “mil 300 pesos por mes” para permanecer ahí, lo que les garantiza estar en un lugar “menos incómodo” y sólo lo comparten con hasta “cuatro personas”.
Quienes no pueden pagar “la renta” de ese tipo de habitación en el penal, viven con otras 15 personas y muchas veces tienen que dormir hasta en el baño, paradas o sentadas.
Los reos aseguraron que algunos custodios son los encargados de cobrar las cuotas y saben del manejo del dinero en el penal, razón por la que gozan del privilegio de no ser rotados en sus áreas de trabajo, “lo que puede ser constatado fácilmente por los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública”.
Son estos los que cobran a los internos entre cinco y 10 pesos por persona al momento del pase de lista, para los 3 mil 200 internos de San Miguel. “Es una cooperación que a fuerzas, todos debemos de pagar”, explican.
En el Cereso de la capital poblana hay 250 negocios. La lista incluye los nombres de sus propietarios, pero sólo una cantidad “muy pequeña” paga por sus derechos de apertura y funcionamiento a la Secretaría de Finanzas entre 50 y mil pesos; “pero la mayoría paga su “cuota a la Subdirección Técnica de la que es titular Irma Fonseca Sánchez y no hay constancia del destino del dinero ni recibos de por medio”.
Cuando alguno de los reos que tiene alguna concesión “la Licenciada Lilia ordena su traslado para quedarse con las concesiones y poderlas volver a vender”. Hay diferentes precios que van de los 10 mil a los 20 mil pesos o más, “según sea el giro del negocio”.
La competencia a Slim
Pusieron como ejemplo el caso de Hilarión García Muñoz, a quien se llevaron a otro penal “para quitarle la concesión de la venta de tarjetas telefónicas”.
Son los encargados de la seguridad en el penal los que venden los teléfonos celulares a los internos, quienes para poder conservar los aparatos deben pagar “mes tras mes una cuota de 3 mil pesos y si alguien se atrasa, se implementa una revisión y se les decomisa, pero para que no te tachen debes pagar entre 5 y 10 mil pesos que la familia debe de conseguir y si no pasa, te siembran otra cosa y la deuda sigue subiendo”.
Los denunciantes atribuyeron a estos hechos el aumento de las extorsiones telefónicas de las que, aseguraron, incluso sus familias son víctimas, pues para “que no les suceda nada al interior del penal los obligan a depositar ciertas cantidades de dinero”.
Otros hechos de corrupción se dan con el proveedor de la comida a quien, según la pormenorizada denuncia, se le pagan 30 pesos diarios por interno. “Son 3 mil 200 internos, pero la comida sólo alcanza para mil 600, pero a él se le paga completo”, es decir 2 millones 880 mil pesos cada mes, por lo que cuestionaron el destino de un millón 440 mil pesos, si lo que lleva apenas alcanza para la mitad de la población penitenciaria.
Añadieron que aunque el pan dulce se fabrica en el penal con las materias primas que manda el gobierno del estado, a ellos se los cobran en 3.50 pesos la pieza y se venden mil cada día.
Refirieron que como en San Miguel había dos concesionarios de tienda de abarrotes y “había competencia entre ellos, de un momento a otro solamente se quedó una tienda, al otro concesionario le cancelaron el permiso y ahora los precios se fueron 30 por ciento arriba a comparación de cómo se vende en la calle”.
Hotelazo
Para dormir cómodo y tranquilo en este penal también hay que hacer un gasto. El dormitorio “P” es considerado el mejor de la cárcel y es “administrado” por un interno conocido como el “abogado Pacheco”, a quien se le concesionó el negocio, aunque no aclaran cuánto cuesta estar ahí, pero sí que cobra 30 pesos a la semana por el uso del agua.
Mientras que una habitación en el dormitorio “M” cuesta 4 mil 500 pesos al mes y en el “N” 3 mil 500 y si solamente se necesita un cambio de dormitorio se deben pagar 500 pesos.
Aunque tampoco dan mayores datos, los internos denunciaron que se han registrado muertes por la “mala atención médica, porque no ha medicamentos y si es que se requiere de un traslado, no hay gasolina, por lo que los mismos internos se deben cooperar para el combustible”.
Refirieron que el ex secretario de Salud, Alfredo Arango, “vive” en el área de servicio médico, lo que le da posibilidad de recibir visitas a cualquier hora, sin sujetarse al horario del resto de los internos.
Los denunciantes aseguraron estar conscientes de que están recluidos “porque no actuaron bien en la calle”, pero indicaron hay al menos un 15 por ciento de gente inocente en espera de un acto de justicia” y subrayaron que quienes están encargados del sistema penitenciario en Puebla “no son las mejores personas y los orillan a una nula posibilidad de reinserción social”.
Al final del documento advirtieron que de no tener la respuesta esperada del gobernador del estado, acudirán a la Presidencia de la República, a los medios de comunicación nacionales y a instancias internacionales de derechos humanos, “porque las locales se han declarado incompetentes ante la normatividad interna de los penales”.
