 |
| Bodega de Tlatlaya |
Masacre en Tlatlaya
ACTUALIZACION: EPN habla de los 22 ejecutados.
EDOMEX 2014.- El 30 de junio de 2014 fueron asesinadas 22 personas en el Estado de México (Edomex), el gobierno mexicano aseguró que todos murieron durante un enfrentamiento con el ejercito. Sin embargo una presunta sobreviviente ha puesto en duda dicha versión.
ACTUALIZACION: EPN habla de los 22 ejecutados.
EDOMEX 2014.- El 30 de junio de 2014 fueron asesinadas 22 personas en el Estado de México (Edomex), el gobierno mexicano aseguró que todos murieron durante un enfrentamiento con el ejercito. Sin embargo una presunta sobreviviente ha puesto en duda dicha versión.
La revista Esquire, publicó la entrevista de una mujer testigo de la matanza,
que pone en duda el informe oficial de un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, agencias internacionales y Human Rights Watch catalogan el hecho como la peor masacre de población civil en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
que pone en duda el informe oficial de un enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, agencias internacionales y Human Rights Watch catalogan el hecho como la peor masacre de población civil en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo a la agencia The Associated Press, hay un nuevo testigo, una de las tres sobrevivientes, que involucra a militares en el fusilamiento; la mujer afirmó que los militares dispararon y asesinaron a su hija Erika Gómez González, de 15 años: “Estaba en el suelo con una herida en la rodilla. Los soldados le dieron la vuelta al cuerpo aún con vida y le dispararon más de media docena de veces en el pecho”.
La organización Human Rights Watch (Observatorio de Derechos Humanos), se pronunció para exigir una explicación el gobierno de Peña Nieto; su representante en México, José Manuel Vivianco, explicó la gravedad: “El testimonio de la testigo de lo ocurrido en Tlatlaya reflejaría que estamos ante la peor masacre de civiles por parte de militares de este sexenio”.
En respuesta, sólo la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo referencia al caso y su titular Raúl Plascencia señaló: "Abrimos una investigación y estamos analizando el caso para determinar qué sucedió realmente".
Estos son los hechos:
Con información del reportero Pablo Ferri Tórtola y el material de la fotógrafa Nathalie Iriarte del referido medio periodístico, la revista PROCESO realizó el reportaje que ha conmocionado la opinión pública, puesto que podría tratarse de la peor masacre del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.
Según la sobreviviente el pasado 30 de junio de 2014, elementos del Ejército mataron a 22 presuntos delincuentes –21 hombres y una mujer menor de edad– dentro de una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, (límites con Guerrero). La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos durante el tiroteo. Incluso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el primero de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
La información oficial difundida del enfrentamiento es la siguiente:
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.
El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadunidense The Associated Press cuestionó que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento y señaló que la fachada de la bodega sólo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “La bodega donde se encontraron los cuerpos mostraba pocas evidencias de que se hubiese mantenido un tiroteo largo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos junto a una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.
El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado al respecto: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.
***
Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32 mil 181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134.
Arcelia y Tlatlaya son municipios vecinos. Una carretera bacheada cruza de Guerrero al Estado de México y pasa a pocos metros de la bodega donde tuvo lugar el suceso, a un kilómetro de la comunidad de San Pedro Limón. Es una zona aislada. Del Distrito Federal a Arcelia son seis horas de autobús. La ciudad más cercana, Iguala, también en Guerrero, apenas cuenta con 120 mil habitantes.
Informantes de la zona explican que Arcelia es bastión del cártel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias El Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprehensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.
En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia –San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa– el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de éstos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. Tres días antes el alcalde de Teloloapan había recibido un impacto de bala en el pecho. En abril, un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.
Otro enfrentamiento ocurrido entre la noche del sábado y madrugada del domingo, 14 y 15 de abril de 2012, en el crucero de Acapetlahuaya, cuando personal militar había instalado un puesto de revisión cerca de las doce de la noche, arrojó una sicaria muerta que contaba con 17 años de edad. Los presuntos delincuentes se trasladaban a bordo de una camioneta Nissan estaquitas color rojo, placas 258 THU del DF, otro de la misma marca color blanco, placas 11-05 FCN, número económico 0051 del servicio mixto de Iguala, así como una Ford Ranger color blanco, placas HB 13- 283. Al pasar por el retén, los presuntos delincuentes comenzaron a dispararles a los militares y al repeler la agresión, murió una mujer con la cabeza destrozada quien cayó a un desnivel fuera de la carretera, descubriéndole que llevaba una fornitura con diversos cargadores para arma AR-15. La mujer fue identificada como Adriana Romero Jaimes de 17 años, vivía en El Naranjito, municipio de Tlatlaya, Estado de México y sus padres reclamaron el cadáver para ser trasladado hasta ese lugar y darle cristiana sepultura, agregando que desconocen la forma en que ocurrieron los hechos.
En abril de 2013 las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El programa interestatal Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.
***
The Associated Press recogió declaraciones de empleados del Semefo del Estado de México que aseguran que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.
Versiones publicadas:
El 22 de agosto de 2014 la Human Rights Watch publicó en su sitio oficial el siguiente comunicado:
ACTUALIZACIÓN
2014 0924 | El presidente Enrique Peña Nieto dijo el lunes que la Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de responder los interrogantes que dejó una presunta ejecución extrajudicial de al menos 21 presuntos criminales por parte de militares en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Ésta es la primera vez que el mandatario mexicano habla del tema.
“La Procuraduría General de la República está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema”, dijo Peña Nieto a The Associated Press a las afueras de la sede de las Naciones Unidas, luego de asistir a una conferencia económica del Grupo del Pacífico junto con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el presidente peruano, Ollanta Humala, y el colombiano, Juan Manuel Santos.
El presidente hizo los breves comentarios tres días después de que la Procuraduría anunciara que ya investiga si se respetaron los derechos humanos en el operativo.
El caso provocó que organizaciones internacionales y el Departamento de Estado estadounidense llamaran a las autoridades a investigar el incidente tras la denuncia de una testigo.
La semana pasada, una testigo reveló a la revista Esquire México que elementos del Ejército mexicano ejecutaron a 21 jóvenes en una bodega en Tlatlaya, Estado de México.
La versión que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante estos hechos fue distinta: que 22 presuntos delincuentes fueron abatidos en dicha bodega en un supuesto enfrentamiento.
Reacciones al caso
Un día después de que Esquire México revelara dicha información, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que si los hechos son ciertos “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México”.
Por su parte, la PGR informó que ya inició una averiguación previa y que está obligada a “una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también reaccionó a dicha información y se dijo “la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo”.
PRD propone crear comisión especial para investigar el caso
El diputado Miguel Alonso Raya propondrá la creación de una comisión especial o un grupo plural en el seno de la Comisión de Derechos Humanos que dé seguimiento a las investigaciones del caso Tlatlaya, Estado de México.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados indicó en un comunicado que “es necesario que todas las autoridades involucradas realicen una investigación exhaustiva para determinar con toda claridad si hubo o no violaciones a los derechos humanos”.
A fin de que se esclarezca con toda precisión el asunto, relacionado con la muerte de 22 presuntos delincuentes, anunció que el grupo del PRD solicitará además a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que inicie lo más pronto posible una investigación del asunto.
La CNDH investiga desde julio este caso.
Estos son los hechos:
Con información del reportero Pablo Ferri Tórtola y el material de la fotógrafa Nathalie Iriarte del referido medio periodístico, la revista PROCESO realizó el reportaje que ha conmocionado la opinión pública, puesto que podría tratarse de la peor masacre del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.
Según la sobreviviente el pasado 30 de junio de 2014, elementos del Ejército mataron a 22 presuntos delincuentes –21 hombres y una mujer menor de edad– dentro de una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, (límites con Guerrero). La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice que los delincuentes atacaron a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos durante el tiroteo. Incluso el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, dijo el primero de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
La información oficial difundida del enfrentamiento es la siguiente:
México, 1 de julio.- Aproximadamente a las 5:30 horas del día de ayer, a inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, en el Estado de México, personal militar ubicó una bodega custodiada por personas armadas, quienes al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego.Dos meses después del enfrentamiento una testigo afirmó para la revista Esquire México, que los soldados dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, muriendo uno de ellos, horas después los 21 sobrevivientes fueron interrogados para luego ser fusilados.
Con motivo del enfrentamiento resultaron muertos 22 presuntos agresores (21 hombres y una mujer), se aseguraron en el lugar 25 armas largas (16 fusiles AK-47 calibre 7.62X39 mm., 6 fusiles AR-15 calibre 0.223”, 1 fusil marca calico, 2 escopetas calibres 12 y 0.22”), 13 armas cortas (4 calibre 9 mm., 3 calibre 0.45”, 4 calibre 0.38” súper, 1 calibre 0.22” y 1 revolver calibre 0.38” especial), una granada de fragmentación, 112 cargadores así como cartuchos de diversos calibres. En este evento se liberaron a tres mujeres, las cuales manifestaron estar secuestradas y quienes cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentadas.
En el lugar de los hechos se encuentran peritos y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizando las actuaciones de ley que amerita el caso.
En dicha agresión, resultó herido un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual se encuentra recibiendo la atención médica respectiva en una instalación sanitaria militar, reportándose su estado de salud como estable.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”.La joven Erika Gómez González, de 15 años, recibió un balazo en la pierna y quedó tirada en el suelo, de acuerdo con la testigo, minutos más tarde los soldados la remataron:
“La mataron ahí mismo y también al muchacho que estaba al lado de ella. A él lo pararon de este lado y lo mataron, después se pusieron los guantes y lo volvieron a acomodar como estaba. Se pusieron guantes para agarrarlo. Lo pararon y lo mataron. Con ella hicieron lo mismo. A ella no la pararon porque no podía caminar”.La revista Esquire México afirmó tener en su poder fotografías del cadáver de la menor de edad, donde se constata que tiene al menos dos agujeros ocasionados por disparo de arma de fuego, que hace suponer que la menor fue ejecutada.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió hace tres semanas que se esclarecieran los hechos y se considerasen “adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular”. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos pidieron transparencia en las investigaciones.
El 8 de julio un reportaje de la agencia informativa estadunidense The Associated Press cuestionó que todos los presuntos delincuentes hubiesen muerto durante el enfrentamiento y señaló que la fachada de la bodega sólo presentaba agujeros de entrada de seis disparos. “La bodega donde se encontraron los cuerpos mostraba pocas evidencias de que se hubiese mantenido un tiroteo largo”, decía la nota. Igualmente indicaba que en las paredes, por dentro, había cinco marcas que seguían el mismo patrón: uno o dos agujeros de bala cercanos junto a una salpicadura de sangre, “aparentando que algunos de los muertos estaban de pie contra la pared y recibieron uno o dos disparos a la altura del pecho”.
El 15 de julio la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió un comunicado al respecto: “No existieron disparos a corta distancia; el intercambio de disparos fue proporcional; de acuerdo a la trayectoria de los proyectiles y la posición en que fueron hallados los cuerpos, [no existe] indicio alguno sobre una posible ejecución”.
***
Erika Gómez González, la menor de edad que murió en la bodega, era vecina de Arcelia, un municipio de la Tierra Caliente de Guerrero con 32 mil 181 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Vivía con su mamá en casa de su abuela materna y cursaba tercero de secundaria en la Escuela Técnica Industrial número 134.
 |
| Erika Gómez González |
Informantes de la zona explican que Arcelia es bastión del cártel de La Familia, igual que Tlatlaya. Dicen que Johnny Hurtado, alias El Señor Pescado, es quien lidera la organización en la zona después de la aprehensión de José María Chávez, alias El Pony, el pasado 2 de julio en Guanajuato.
En los pueblos y las comunidades que figuran en los 130 kilómetros que separan Iguala de Arcelia –San Miguel Totolapan, Apaxtla, Teloloapan, Tonalapa– el enfrentamiento entre grupos delincuenciales y de éstos con las fuerzas de seguridad es constante. El pasado 7 de agosto las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de un policía ministerial en Teloloapan y cuatro cuerpos más en una fosa en San Miguel Totolapan. Tres días antes el alcalde de Teloloapan había recibido un impacto de bala en el pecho. En abril, un marino y dos sicarios murieron en un enfrentamiento en Apaxtla, y en junio ocurrió lo de Tlatlaya.
Otro enfrentamiento ocurrido entre la noche del sábado y madrugada del domingo, 14 y 15 de abril de 2012, en el crucero de Acapetlahuaya, cuando personal militar había instalado un puesto de revisión cerca de las doce de la noche, arrojó una sicaria muerta que contaba con 17 años de edad. Los presuntos delincuentes se trasladaban a bordo de una camioneta Nissan estaquitas color rojo, placas 258 THU del DF, otro de la misma marca color blanco, placas 11-05 FCN, número económico 0051 del servicio mixto de Iguala, así como una Ford Ranger color blanco, placas HB 13- 283. Al pasar por el retén, los presuntos delincuentes comenzaron a dispararles a los militares y al repeler la agresión, murió una mujer con la cabeza destrozada quien cayó a un desnivel fuera de la carretera, descubriéndole que llevaba una fornitura con diversos cargadores para arma AR-15. La mujer fue identificada como Adriana Romero Jaimes de 17 años, vivía en El Naranjito, municipio de Tlatlaya, Estado de México y sus padres reclamaron el cadáver para ser trasladado hasta ese lugar y darle cristiana sepultura, agregando que desconocen la forma en que ocurrieron los hechos.
En abril de 2013 las procuradurías de ocho estados del centro del país, entre ellos Guerrero y el Estado de México, firmaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer frente a la delincuencia. El programa interestatal Escudo Centro aúna esfuerzos desde entonces para “prevenir el delito” y “realizar operativos conjuntos”. Igualmente, en abril de 2014 el Estado de México puso en marcha el Operativo de Seguridad Mexiquense para frenar la delincuencia.
***
The Associated Press recogió declaraciones de empleados del Semefo del Estado de México que aseguran que la mayoría de los muertos tenían entre 16 y 24 años.
Versiones publicadas:
El 22 de agosto de 2014 la Human Rights Watch publicó en su sitio oficial el siguiente comunicado:
Han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles en Tlatlaya, y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día.
José Miguel Vivanco, director para las Américas
(Nueva York) – México debería asegurarse de que su investigación sobre la muerte de 22 civiles a manos de soldados en un incidente ocurrido el 30 de junio de 2014 sea imparcial y efectiva, indicó hoy Human Rights Watch. La investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera irregular, dijo Human Rights Watch.
Durante un presunto enfrentamiento, militares abrieron fuego y provocaron la muerte de todas estas personas, que se encontraban en el interior de una bodega vacía en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Un soldado resultó herido durante el incidente.
“Han transcurrido casi dos meses desde que un grupo de soldados mató a 22 civiles en Tlatlaya, y todavía hay más interrogantes que respuestas con respecto a qué sucedió verdaderamente ese día”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es necesario – y requerido por ley – que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que analice si los soldados actuaron lícitamente, y que valore las evidencias que sugieren que las autoridades habrían actuado indebidamente”.
Si bien un comunicado de prensa sobre el incidente y otras fuentes oficiales indicaron que los soldados respondieron a disparos de los civiles, información creíble que trascendió con respecto a las evidencias forenses halladas en el lugar sugiere que los soldados habrían recurrido a un uso excesivo de la fuerza. La investigación penal del incidente está en manos de la Procuraduría General de la República, conforme indicó una fuente oficial a Human Rights Watch el 18 de agosto. Los nombres de las víctimas fatales y el estado de avance de la investigación aún no han sido informados por las autoridades.
En un comunicado de prensa difundido el 30 de junio, la Secretaría de la Defensa manifestó que los civiles habían comenzado a disparar cuando vieron a soldados que patrullaban por la zona, y que los soldados “repeli[eron] dicha la agresión”. Los soldados encontraron en el depósito 38 armas de fuego, una granada y varios cartuchos, y liberaron a tres mujeres que afirmaron haber sido secuestradas, señaló el comunicado.
El 1 de julio, el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, manifestó que los soldados “en legítima defensa abatieron a los delincuentes”.
Sin embargo, un periodista de Associated Press que visitó la zona tres días después del incidente señaló en un artículo publicado el 8 de julio que había “escasa evidencia de que se hubiera producido un intenso enfrentamiento”, y que solamente encontró unos pocos orificios de bala en las paredes del depósito donde los soldados habrían disparado a los civiles en el enfrentamiento.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también visitó el lugar y documentó el caso. Associated Press informó que dos miembros de ACNUDH habían expresado que no encontraron signos de balas perdidas como las que deberían haber dejado los soldados si hubieran disparado sus armas automáticas desde una cierta distancia.
El Procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dijo a medios locales el 17 de julio que no había “elementos para presumir” que los soldados hubieran ejecutado a los 22 civiles.
“Que los soldados hayan causado la muerte de la totalidad de los 22 presuntos delincuentes y solamente un militar haya resultado herido genera dudas sobre que el uso de la fuerza haya sido proporcional”, observó Vivanco.
Según la Secretaría de la Defensa, 2.959 civiles murieron entre 2007 y 2012 durante incidentes de “agresiones contra personal militar”, pero solamente 158 militares murieron en esos mismos incidentes. Un periódico local informó a partir de datos aportados por fuentes oficiales que 628 civiles han muerto en enfrentamientos con militares desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en diciembre de 2012.
El Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas, adoptado por el Secretario de Defensa y el Secretario de Marina en mayo, indica que “El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad”. El uso de la fuerza solamente se considerará en “legítima defensa” cuando su objeto sea repeler “una agresión real, actual o inminente”.
“Reconocer formalmente estos principios en una nueva normativa no es suficiente”, indicó Vivanco. “Ahora el gobierno de Peña Nieto deberá demostrar que se propone seriamente asegurar que estos principios sean respetados por militares, e investigar de manera exhaustiva los casos en que se sospeche que no lo han hecho”.
ACTUALIZACIÓN
2014 0924 | El presidente Enrique Peña Nieto dijo el lunes que la Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de responder los interrogantes que dejó una presunta ejecución extrajudicial de al menos 21 presuntos criminales por parte de militares en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Ésta es la primera vez que el mandatario mexicano habla del tema.“La Procuraduría General de la República está ahondando en la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema”, dijo Peña Nieto a The Associated Press a las afueras de la sede de las Naciones Unidas, luego de asistir a una conferencia económica del Grupo del Pacífico junto con la presidenta chilena, Michelle Bachelet, el presidente peruano, Ollanta Humala, y el colombiano, Juan Manuel Santos.
El presidente hizo los breves comentarios tres días después de que la Procuraduría anunciara que ya investiga si se respetaron los derechos humanos en el operativo.
El caso provocó que organizaciones internacionales y el Departamento de Estado estadounidense llamaran a las autoridades a investigar el incidente tras la denuncia de una testigo.
La semana pasada, una testigo reveló a la revista Esquire México que elementos del Ejército mexicano ejecutaron a 21 jóvenes en una bodega en Tlatlaya, Estado de México.
La versión que proporcionó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante estos hechos fue distinta: que 22 presuntos delincuentes fueron abatidos en dicha bodega en un supuesto enfrentamiento.
Reacciones al caso
Un día después de que Esquire México revelara dicha información, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que si los hechos son ciertos “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México”.
Por su parte, la PGR informó que ya inició una averiguación previa y que está obligada a “una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”.
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) también reaccionó a dicha información y se dijo “la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo”.
PRD propone crear comisión especial para investigar el caso
El diputado Miguel Alonso Raya propondrá la creación de una comisión especial o un grupo plural en el seno de la Comisión de Derechos Humanos que dé seguimiento a las investigaciones del caso Tlatlaya, Estado de México.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados indicó en un comunicado que “es necesario que todas las autoridades involucradas realicen una investigación exhaustiva para determinar con toda claridad si hubo o no violaciones a los derechos humanos”.
A fin de que se esclarezca con toda precisión el asunto, relacionado con la muerte de 22 presuntos delincuentes, anunció que el grupo del PRD solicitará además a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que inicie lo más pronto posible una investigación del asunto.
La CNDH investiga desde julio este caso.
