A 18 años de que ocurriera el asesinato y secuestro de Patricia Gómez Osorno, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a manos de su propio novio y otros dos cómplices, presos actualmente en el penal de San Miguel, podría revertirse la sentencia de 50 años de cárcel que purgan, ya que los inculpados tramitaron un amparo y la justicia federal se los concedió ordenando a las autoridades judiciales que nuevamente revisen el expediente para que se revalore dicha sentencia que se les dictó en su momento.Cabe destacar que existe otro caso similar, en el que otros dos presuntos secuestradores también buscaron la protección de la justicia federal y de la misma forma recién se ordenó que se reponga el proceso penal para reclasificar la sentencia máxima que recibieron por el supuesto plagio de la estudiante de la IBERO, Yuri Téllez Rojas, en el año 1996.
CASO DE PATRICIA
El 20 de abril de 1998, Miguel Rogelio Hernández, Javier Solana García y Juan Manuel Machorro Regules, secuestraron y asesinaron a la estudiante de Administración de Empresas de la UPAEP, quien era su propia compañera de salón y novia del primero.
Pese a que inicialmente pidieron un rescate de 250 mil pesos por ella, decidieron matarla a golpes y trataron de asfixiarla para que no los delatará; para deshacerse de su cuerpo, fue arrojada a un pozo en las cercanías del aeropuerto de Huejotzingo; como aún estaba con vida, le dejaron caer encima piedras que terminaron sepultándola.
A pesar de que la habían asesinado, continuaron las negociaciones con la familia, por lo que el 3 de mayo recibieron los primeros 65 mil pesos, depositados en un basurero de Aurrera San Manuel. Fue así como los detuvieron un día después, para finalmente confesar el crimen y llevar hasta el pozo a la policía para que encontraran el cuerpo.
Aunque se comprobó fehacientemente su culpabilidad en el proceso y fueron sentenciados a medio siglo de prisión, apenas la semana pasada el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del sexto circuito, otorgó un amparo a los inculpados para que se reponga el proceso penal en su contra, donde tendrán ambas partes (acusadores y acusados) la oportunidad de volver a presentar pruebas a su favor y que el juez penal determine nueva sentencia.
CASO YURI
Entre 1996 y 1997 Mario Antonio Morales Baqueriza y Alejandro Morales Flores formaron parte de la banda encabezada por Armando Martín de la Fuente Treviño y por Sergio Bravo Velázquez. En ese tiempo ejecutaron diversos secuestros entre ellos el de la universitaria de la IBERO, Yuri Téllez Rojas, un 24 de febrero de 1996.
En este caso, también los presuntos secuestradores Mario Antonio Morales Baqueriza y Alejandro Morales Flores, quienes en su momento fueron descubiertos y tras su proceso penal se les dictó una sentencia de 50 años de cárcel, promovieron un juicio de amparo similar al arriba descrito, argumentando tortura.
Por ello, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, también ordenó que se realizara de nueva cuenta el procedimiento penal.
Cabe recordar que pese a que Yuri estuvo retenida 17 días en los cuales su familia pagó un rescate de 4 millones de pesos; finalmente el grupo antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), logró rescatarla y detener a los inculpados.
Sin embargo, ahora también la justicia federal está ordenando al juez penal que reponga el proceso penal, es decir, lo reinicie y se vuelvan a presentar pruebas de su inocencia-culpabilidad, para que se dicte también nueva sentencia.
Cabe señalar que esta resolución de las autoridades federales, no implica que ambas bandas de presuntos secuestradores puedan obtener su liberación inmediata; sino estarán sujetos a lo que arroje el reinicio de su proceso penal y obviamente esperar una sentencia definitiva.
