
El organismo dirigió la recomendación número 18/2015 al presidente municipal, José Juan Espinoza Torres, derivado de un análisis al caso del homicidio del menor de edad, el cual quedó asentado en el expediente 3312/2015.
En el desglose del documento, la CDH recapituló el hecho que ocurrió la madrugada del domingo 3 de mayo, cuando Jaid Mothe Hernández disparó en la nuca de Ricardo Cadena, herida que le ocasionó la muerte.

La CDH argumentó que los oficiales violaron los derechos humanos de los 3 muchachos, ejemplificaron que al hermano de Cadena lo golpearon en repetidas ocasiones, incluyendo una patada en la cabeza.
Derivado de la investigación, la institución generó 5 recomendaciones:
La primera consiste en el pago a los familiares de la víctima de una compensación económica "en términos de lo dispuesto por el artículo 64, fracción II, de la Ley General de Víctimas con motivo de las pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas a las víctimas; debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento".

En tercer lugar, la CDH requirió que se capacite a los elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula en materia de uso de la fuerza, respeto y protección de los derechos humanos, ello para evitar un nuevo caso similar, mientras que la cuarta recomendación involucra que se emita una circular que acredite la instrucción a los oficiales.
Finalmente, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla pidió que se instruya por escrito al Síndico Municipal para que cumpla con las obligaciones que garanticen los derechos humanos.
Edil responde
Con respecto a la recomendación referente al pago de la indemnización a los familiares del joven Ricardo Cadena, quien fue asesinado por el ex subdirector de la Policía Municipal, Jaid Mothe Hernández, el pasado 3 de mayo, Espinosa Torres dijo que se cumplió desde meses atrás.
Comparó la decisión de su gobierno en resarcir de alguna forma el daño causado por un funcionario público, con la negativa de hacerlo por parte del estado en el caso del niño José Luis Tehuatle, muerto en Chalchihuapan, a raíz de la acción policial.
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