Con levantamientos topográficos, documentos notariados e incluso con recibos oficiales de impuesto predial expedidos por el actual ayuntamiento, la familia Tecpoyotl intenta demostrar ante la justicia federal que es propietaria de una parte del terreno que el ayuntamiento utiliza para construir el nuevo tianguis municipal.
Apoyados en estas pruebas, los afectados esperan una respuesta positiva a la solicitud de amparo hecha ante el Juzgado Primero de Distrito que busca suspender la obras que presumiblemente se realizan ilegalmente sobre una superficie de aproximadamente 132 metros que -mediante dichas pruebas- aseguran es de su legítima propiedad.
Además de presentar dicha documentación los demandantes ponen en evidencia que la administración de José Juan Espinosa Torres no ha demostrado de ninguna forma que tiene la posesión legal del predio, a pesar de que lo han solicitado expresamente desde el 29 de septiembre del año pasado.
En entrevista, la propietaria del terreno, Laureana Tecpoyotl Percino, acompañada de su hijo Ramón López Tecpoyotl, indicó que desde hace cinco meses se enteró que el ayuntamiento tenía planeado construir un tianguis cerca de su propiedad que en total tiene una extensión de 7 mil 249 metros cuadrados y es conocida como “La Providencia”, cuyos antecedentes registrales datan de poco más de medio siglo.
A finales de septiembre de 2015 observaron que empleados y maquinaria del gobierno municipal comenzaron a rascar, encontrando las varillas que delimitan su posesión, por lo que pidieron respeto. Sin embargo, su solicitud fue ignorada y las obras continuaron en una aparente invasión, agregaron.
Laureana Tecpoyotl Percino y Ramón López Tecpoyotl mencionaron que desde entonces sostuvieron entrevistas con los titulares de las direcciones de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y la Sindicatura sin encontrar voluntad para resolver esta confusión.
Incluso, comentaron que “el esposo de la sindica municipal”, Esperanza Chilaca Muñoz, en las oficinas de dicha servidora pública en el Palacio Municipal, les advirtió que “se prepararan para defenderse judicialmente”.
Ante la falta de disposición de las autoridades de San Pedro Cholula, solo quedó la vía legal para defender su patrimonio y comenzaron a tramitar un amparo desde el viernes 4 de diciembre del año pasado, mismo que está en proceso de resolverse.
Hasta el momento, la presunta invasión del ayuntamiento afecta alrededor de 65 metros cuadrados, “pero, puede ser más” del mismo terreno familiar, e incluso de otros vecinos, apuntaron.
En la demanda de amparo se cataloga como autoridades responsables de esta aparente invasión al alcalde José Juan Espinosa Torres; al contralor, Leopoldo García Méndez; a la síndica municipal, Esperanza Estela Chilaca Muñoz y al secretario general, Ignacio Alejandro Molina Huerta.
A consideración de los demandantes, dichos representantes del gobierno municipal violan sus garantías constitucionales del derecho de propiedad y de recibir por escrito una explicación sobre la ocupación de su terreno.
