Organizaciones de la Sociedad Civil afirman que desde 2016, cuando se aprobó en Puebla la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Fiscalía General del Estado(FGE) no la ha aplicado a adecuadamente y ha discriminado a mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo, afirman que la FGE oculta o no investiga los crímenes de odio, pues presentó diferencias con respecto al número de casos con relación a reportes de organizaciones y notas periodísticas, lo que evidencia a su consideración, falta de aplicación de los protocolos establecidos en la ley y reglamentos.
Uno de los ejemplos usados fue el de la misoginia, donde la FGE estaría incapacitada para atenderlo pues al momento de presentar una denuncia olvidan los protocolos firmados para atender la violencia de género, repitiendo estas acciones no solo contra las mujeres sino también con otros sectores de la población.
Asimismo en las solicitudes de información, la FGE dijo no tener datos sobre la coordinación que se tiene con los agentes del Ministerio Público y policías en el tratamiento a las mujeres víctimas de violencia, actividad para la que se creó la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas del Delito en 2016. Dicha entidad, podría recibir un incremento presupuestal de hasta el 30 por ciento para el ejercicio del 2018, por lo que los miembros de la Auditoría Ciudadana de Género lo consideraron excesivo para los pocos resultados que ha demostrado.
Respecto a otro sector vulnerable como la es el LGBTTTIQ (lésbico, gay, transexual travesti, transgénero, intersexual y queri), las cifras oficiales vuelven a ser cuestionables ya que la FGE solo reconoce dos casos en 2014 y siete en 2015, mientras que en 2016 y lo que va del 2017 dice no tener conocimiento de ninguno.
En contraste, una revisión hemerográfica realizada en los archivos periodísticos de eprensa y notas periodísticas arrojan que por lo que por lo menos se han perpetrado 12 casos. Del mismo modo, la FGE dijo no contar con la información sobre el seguimiento y atención que se ha dado a las víctimas de esos crímenes de odio o a sus familiares.
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