Las autoridades vincularon a proceso a Pedro Antonio Enríquez Soto, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, y a Jorge Ramón Marmolejo, ex magistrado, por un fraude en contra de derechohabientes del Infonavit.
Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo fueron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa, falsificación de documentos y fraude específico.
El juez les impuso a los acusados que asistan a firmar cada quince días, que presenten una garantía de 15 millones de pesos; y les prohibió que salgan del país.
Durante un cateo se localizaron documentos y una lista con cantidades de dinero que se habrían pagado a funcionarios del Poder Judicial, entre 2013 y 2018. Según la lista se habrían pagado 53 millones de pesos.
El sábado 15 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de Nayarit pidió quitarles el fuero constitucional a dos magistrados y a dos jueces, a los que se acusa de haberse coludido en un fraude para despojar de sus viviendas a 60 mil personas afiliadas al Infonavit.
Petronilo Díaz Ponce, fiscal de Justicia, aseguró que las denuncias indican que entre 2013 y 2018, servidores públicos, en complicidad demagistrados, jueces, un despacho de abogados, y un notario, ordenaron ejecuciones irregulares hipotecarias que afectaron a miles de viviendas de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.
Las investigaciones indican que los implicados simularon juicios en juzgados de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas y que permitieron la adjudicación y escrituración irregular de viviendas.
La primera operación irregular se realizó en 2013, 2014 y 2015 en juzgados de Xalisco y Compostela.
En los juzgados sólo existían una o dos personas demandadas, pero un despacho de abogados se dedicó a tramitar juicios en los que se demandó a miles de personas y se falsificaron constancias, no se les notificó ni se les emplazó a los demandados y no intervino el Ministerio Público.
Los juicios terminaron con una sentencia a favor del Infonavit y las viviendas se adjudicaron por un costo de 75 por ciento del valor del avalúo y la escrituración la realizó un notario coludido en el caso.
Los implicados volvieron a aplicar el mismo método en 2016, en dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
Fabricaron expedientes irregulares y el despacho de abogados realizó los acuerdos y notificaciones. Con la documentación preparada, se la llevaron a los jueces y secretarios de acuerdos para que los firmaran.
