Ex funeraria Camino al Cielo se convierte en sede del Tribunal de Justicia Administrativa en Puebla

 Ex funeraria Camino al Cielo se convierte en sede del Tribunal de Justicia Administrativa en Puebla

El inmueble que operó durante 16 años como la funeraria Camino al Cielo, ubicado en el Bulevar Forjadores de la ciudad de Puebla, ha sido adaptado para funcionar como la nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla. La funeraria concluyó sus operaciones de manera definitiva el 16 de febrero de 2026, tras notificar el cese de actividades el 15 de enero del mismo año. El espacio fue sometido a adecuaciones necesarias para su nuevo uso como oficinas judiciales. A partir del 6 de abril de 2026 iniciarán las actividades en esta sede. En el edificio sesionará la sala especializada en materia de responsabilidad administrativa a cargo del magistrado Martín Fuentes Morales. Además, albergará la Sala Constitucional y la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia.

Los magistrados presidentes Pedro Antonio Martínez Hernández, María Belinda Aguilar Díaz y María Elena Farfán González realizaron un recorrido de supervisión por las instalaciones. Durante la visita constataron que el inmueble fue totalmente adecuado para sus nuevas funciones jurisdiccionales. El Tribunal de Justicia Administrativa tiene como función resolver controversias entre la administración pública estatal o municipal y los particulares. Entre los asuntos que atiende se encuentran temas de responsabilidad de servidores públicos, juicios por multas e infracciones, así como conflictos derivados de contratos o licitaciones gubernamentales.

El cambio de uso del inmueble busca centralizar funciones y mejorar las condiciones para la impartición de justicia en materia administrativa. El Poder Judicial informó que la nueva sede contribuirá a ofrecer una atención más ordenada y eficiente a los ciudadanos. El edificio, ubicado en una zona accesible del Bulevar Forjadores, cuenta ahora con las instalaciones necesarias para despachos de magistrados, áreas de atención al público y salas requeridas para el desarrollo de las audiencias y procedimientos correspondientes.

Las adecuaciones se realizaron tras el cierre definitivo de las actividades de la funeraria. El proceso incluyó las modificaciones estructurales y funcionales para convertir el espacio en oficinas judiciales aptas para el ejercicio de las labores del Tribunal.

Con el inicio de operaciones el 6 de abril, el magistrado Martín Fuentes Morales y el personal adscrito a su sala comenzarán a sesionar en el nuevo edificio. De igual forma, las otras salas mencionadas trasladarán sus actividades a esta ubicación. El anuncio del cambio de sede fue difundido por el Poder Judicial a través de sus canales oficiales. Hasta el momento no se han reportado detalles adicionales sobre el costo de las adecuaciones ni sobre posibles ampliaciones futuras en el inmueble.

Otra derrota de Iván Cuautle y secuaces

 03 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su Sala Regional con sede en la Ciudad de México, confirmó por segunda ocasión la improcedencia del juicio promovido por Iván Cuautle Minutti, ex síndico municipal de San Pedro Cholula, en los expedientes acumulados SM-JDC-351/2025. La resolución, emitida y notificada el 2 de diciembre de 2025, ratifica la sentencia previa del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y declara que la suspensión temporal del cargo tiene origen exclusivamente penal y administrativo, por lo que no afecta derechos político-electorales ni corresponde a la competencia de la justicia electoral. 

La suspensión se originó el 15 de febrero de 2025, cuando un Juzgado de Distrito en materia penal federal dictó medidas cautelares contra Cuautle Minutti por presunto peculado y abuso de autoridad en la gestión de recursos públicos durante el periodo 2021-2024. El 20 de marzo de 2025, el Cabildo de San Pedro Cholula, con votación unánime de 12 a favor y cero en contra, aplicó el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y decretó la suspensión temporal del cargo, con goce parcial de sueldo y obligación de comparecencias periódicas. 
El 5 de abril de 2025, el ex síndico presentó un juicio para la protección de derechos político-electorales ante el TEEP. El tribunal estatal desechó el recurso el 10 de junio de 2025 por falta de competencia, al determinar que la medida deriva de un proceso penal y no afecta derechos de sufragio, elegibilidad o afiliación, citando jurisprudencia vinculante de la Sala Superior del TEPJF. 
Posteriormente, el 25 de junio de 2025, Cuautle Minutti interpuso recurso de revisión ante la Sala Regional Ciudad de México. El 12 de agosto de 2025, el tribunal federal confirmó la sentencia estatal y declaró improcedente la vía electoral. Tras un nuevo intento de impugnación, la misma Sala Regional resolvió el 2 de diciembre de 2025 que la suspensión es consecuencia directa de medidas cautelares penales, agotando la instancia electoral y dejando la resolución como definitiva e inatacable en esta materia. 
La suspensión permanece vigente. El Cabildo designó síndico suplente provisional el 15 de junio de 2025. El proceso penal federal continúa su curso ordinario en el Juzgado de Distrito correspondiente, con las observaciones de la Auditoría Superior del Estado por 2.5 millones de pesos en contratos irregulares aún pendientes de solventación. 
La nueva derrota de Iván Cuautle y sus asesores, entre los que figuran adversarios a la 4T en Cholula, podría enmarcarse como un intento fallido de recuperar el poder perdido y que no han terminado de asimilar la derrota del pasado proceso electoral.
Redacción

En Cholula nuevas oficinas de Juzgados

El gobernador Miguel Barbosa Huerta encabeza la Inauguración de nuevas instalaciones de Juzgados en Materia Familiar y Salas de Oralidad del Distrito Judicial de Cholula.

Lunes 9 de  mayo de 2022

Corte invalida algunos artículos de la ley de educación en Puebla

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversos artículos de la Ley de Educación para el Estado de Puebla, luego de que el Congreso local omitió llevar a cabo una consulta entre pueblos y comunidades indígenas, así como población afromexicana en la entidad y personas con discapacidad.

Los ministros avalaron el proyecto presentado en el pleno, cuya ponencia estuvo a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en donde se precisó que la LX Legislatura local fue omisa para llevar a cabo una consulta entre las personas con discapacidad y personas de comunidades indígenas, con lo que se violan los principios de igualdad y no discriminación.

Los ministros concluyeron que la consulta debió haberse llevado a cabo de forma incluyente, con las personas con discapacidad y de pueblos indígenas, donde tengan una participación libre e informada con respecto a este tema.

En este orden, los ministros declararon que “es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad, se declara la invalidez de los artículos 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Educación del Estado de Puebla expedida mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 18 de mayo de 2020”, se informó.

Los ministros ordenaron que el Congreso del Estado debe desarrollar una consulta con las personas indígenas y en materia inclusiva, entonces nuevamente someter a votación los artículos mencionados.

“Debe tener un carácter abierto de que se facilite el diálogo democrático y busque la participación de los grupos involucrados, el acuerdo surte efecto hasta que venza el plazo de los 18 meses en los que se concede”, se informó en la sesión realizada la mañana de este martes.

De esta forma los ministros de la SCJN resolvieron los expedientes marcados con los números 131/2020 y 186/2020, con respecto a acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de Puebla y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad de 18 de mayo de 2020.

¿Qué mencionan los artículos invalidados?

En 2020 fue avalado el proyecto de la Ley de Educación para el Estado de Puebla, pero el documento se trató de una homologación a la legislación federal, la inconformidad en diversos artículos no se hizo esperar por parte de diputados locales del PAN y PRI.

En este orden, los diputados locales tendrán que hacer un nuevo análisis del capítulo VI de la Ley de Educación, pero en materia indígena, por ejemplo, en el artículo 46 de menciona que “se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas”, se cita.

Al igual que este capítulo en la Ley de Educación, también se tendrá que revisar el capítulo titulado  “De la Educación Humanista”, por ejemplo, en el artículo 51 del ordenamiento se cita que “la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todas y todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación”.

Legisladores locales tendrán que consultar entre habitantes de comunidades indígenas y personas con discapacidad para nuevamente someter a votación del pleno las modificaciones a dichos artículos.  

Se confirma expulsión de Aguirre Junco

 La Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF negó que la remoción de la regidora Libertad Aguirre de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Ayuntamiento de Puebla haya violentado sus derechos político electorales.

En sesión los magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México, señalaron que el acto realizado corresponde a un tema administrativo y no electoral, por lo que este no era de sus facultades.

Pesé a esta situación la Sala Regional señaló que el Tribunal Electoral del Estado no debió de desechar el juicio, pues aunque no es de su competencia no debía de pronunciarse en pro de desestimar el juicio.

Fue en agosto de este año cuando en sesión de Cabildo se aprobó la salida de Aguirre Junco de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, hecho por el cual promovió el juicio primero ante el tribunal local y después ante el regional, los cuales le negaron la razón.

15 millones de pesos costará falso positivo a la CONADE

Tres años después de llevar a cabo su denuncia, esta semana se dio a conocer que la esgrimista de origen mexicano, Paola Pliego, quien se naturalizó como habitante de Uzbekistán, venció legalmente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) con la que la dependencia comandada por Ana Gabriela Guevara deberá pagar 15 millones de pesos por comprobarse un falso dopaje positivo con el que la deportista fue bloqueada de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, representando a la delegación de México.

24 de enero de 2020

A través de su cuenta oficial de Twitter la atleta reveló su victoria en los tribunales y pidió que, más allá de lo económico, sea el primer paso para que los deportistas mexicanos reciban un trato justo por parte de la dependencia.

“Para mí nunca se trató de lo económico, porque los sueños, el trabajo que ponemos día a día por alcanzar nuestra metas, los sacrificios y el sentir que estás haciendo algo especial con tu vida no tiene precio (…) nadie puede regresarme lo que me quitaron, nada puede compensar por lo que he pasado, lo hecho hecho está”.

Por otro lado, la esgrimista que desea participar en Tokio 2020 aseguró que desea que su caso se convierta en un ejemplo de que el sistema judicial de México puede funcionar y que los deportistas pueden tener justicia.

"Jamás debemos aceptar ser víctimas siempre debemos de luchar por nuestros derechos y nuestra dignidad”.

Paola Pliego, víctima de la CONADE

En Agosto de 2016, días antes de arrancar los Juegos Olímpicos de Río 2016, la esgrimista mexicana fue notificada por la Conade que tuvo doping positivo por modafinil, sustancia utilizada como neuroestimulante, la cual está prohibida, motivo por el que a pesar de haber ganado su boleto para representar a México en la justa veraniega, este le fue negado.

Tras darse a conocer el hecho ante los medios, la deportista se declaró inocente  y decidió apelar los resultados del laboratorio.

Meses después, pudo obtener el premiso para que sus pruebas fueran analizadas en un laboratorio de Alemania, en donde se comprobó que el resultado era negativo y que el laboratorio de la Conade había cometido un error.

Por ello, durante la administración de Alfredo Castillo, la esgrimista interpuso una demanda contra la Conade “por daños y perjuicios”.

A mediados del año pasado, la deportista nacida en Querétaro decidió cambiar de nacionalidad y optó por representar a Uzbekistán, país con el que ahora busca su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Rezago de 10 mil sentencias en juzgados de lo familiar

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) nombrará a 23 nuevos jueces de lo familiar a fin de desahogar alrededor de 10 mil sentencias al cierre de este año, en una acción coordinada con la Secretaría General de Gobierno (SGG), que encabeza Fernando Manzanilla Prieto, en el marco de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Lunes, Junio 17, 2019

El secretario General de Gobierno destacó que con acciones concretas se contrarresta la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes en el estado, atendiendo las recomendaciones por la declaratoria de Alerta de Violencia de Género.

Por su parte, el secretario Jurídico del Poder Judicial, Guillermo Morales Rodríguez, apuntó que hay un fuerte rezago en sentencias sobre conflictos de orden familiar, el cual será atendido por los nuevos jueces que estarán listos a finales del presente mes.

De esta manera, el TSJ se suma a la estrategia que lleva a cabo la SGG para acabar con la violencia en contra de las mujeres en todo el territorio poblano, aseguró el funcionario del Poder Judicial, en el marco de una reunión de trabajo con  la dependencia estatal.

De los 23 nuevos jueces, 18 serán itinerantes para atender las regiones de Tehuacán, Teziutlán, Huejotzingo, Atlixco, San Pedro Cholula, Tepeaca y Puebla. En tanto que, los cinco jueces que serán fijos, atenderán las regiones de Atlixco, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Tehuacán y Puebla.

El documento de referencia aparece publicado en el portal oficial del TSJ, como “Convocatoria para Participar en el Concurso de Oposición Interno para Ocupar el Cargo de Juez de lo familiar y Juez Supernumerario de lo Familiar”, donde se especifican las bases, tiempos y objetivos del concurso de oposición.

Suspenden a magistrado por vínculos con narcotráfico

El Consejo de la Judicatura Federal suspendió temporalmente al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades suspendieron durante seis meses al magistrado y no cobrará su sueldo, hasta que se realicen las investigaciones.

El viernes 17 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit, y el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez recibieron sobornos de las organizaciones criminales Los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sigal Mandelker, subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera estadunidense, indicó que Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval se enriquecieron a expensas de los ciudadanos.

“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez y Roberto Sandoval Castañeda se enriquecen cruelmente a expensas de sus conciudadanos. Ya sea que estén recibiendo sobornos de organizaciones de narcotráfico o participando en una variedad de otras actividades ilícitas”.

El Consejo de la Judicatura indicó que el magistrado fue suspendido porque se alertó sobre movimientos financieros irregulares que pusieron bajo sospecha su patrimonio.

“El Pleno resolvió suspender temporalmente, sin goce de sueldo por seis meses, al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por advertir que se han realizado una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

En su cuenta de Twitter, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un mensaje en el que aseguró que los jueces deben conducirse con independencia y ética.

“#Comunicado El CJF suspende a Magistrado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La labor de los jueces debe guiarse por principios de independencia, imparcialidad, y altos estándares éticos. El bien colectivo siempre debe prevalecer, ésa es nuestra guía”.

Vinculan a proceso a magistrados vinculados con fraude

Las autoridades vincularon a proceso a Pedro Antonio Enríquez Soto, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, y a Jorge Ramón Marmolejo, ex magistrado, por un fraude en contra de derechohabientes del Infonavit.

Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo fueron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa, falsificación de documentos y fraude específico.

El juez les impuso a los acusados que asistan a firmar cada quince días, que presenten una garantía de 15 millones de pesos; y les prohibió que salgan del país.

Durante un cateo se localizaron documentos y una lista con cantidades de dinero que se habrían pagado a funcionarios del Poder Judicial, entre 2013 y 2018. Según la lista se habrían pagado 53 millones de pesos.

El sábado 15 de noviembre la Fiscalía General de Justicia de Nayarit pidió quitarles el fuero constitucional a dos magistrados y a dos jueces, a los que se acusa de haberse coludido en un fraude para despojar de sus viviendas a 60 mil personas afiliadas al Infonavit.

Petronilo Díaz Ponce, fiscal de Justicia, aseguró que las denuncias indican que entre 2013 y 2018, servidores públicos, en complicidad demagistrados, jueces, un despacho de abogados, y un notario, ordenaron ejecuciones irregulares hipotecarias que afectaron a miles de viviendas de derechohabientes del Infonavit en Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Las investigaciones indican que los implicados simularon juicios en juzgados de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas y que permitieron la adjudicación y escrituración irregular de viviendas.

La primera operación irregular se realizó en 2013, 2014 y 2015 en juzgados de Xalisco y Compostela.

En los juzgados sólo existían una o dos personas demandadas, pero un despacho de abogados se dedicó a tramitar juicios en los que se demandó a miles de personas y se falsificaron constancias, no se les notificó ni se les emplazó a los demandados y no intervino el Ministerio Público.

Los juicios terminaron con una sentencia a favor del Infonavit y las viviendas se adjudicaron por un costo de 75 por ciento del valor del avalúo y la escrituración la realizó un notario coludido en el caso.

Los implicados volvieron a aplicar el mismo método en 2016, en dos juzgados de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Fabricaron expedientes irregulares y el despacho de abogados realizó los acuerdos y notificaciones. Con la documentación preparada, se la llevaron a los jueces y secretarios de acuerdos para que los firmaran.

Mediante juicio oral inician procedimiento contra agresores de Felipe Ángeles

A través de un juicio oral que duró más de 3 horas, comenzó el proceso legal en contra de Juan Manuel León Evangelista y Gregorio Santos Anastasio, acusados de incendiar vehículos del Ayuntamiento de General Felipe Ángeles y cerrar la carretera federal Acatzingo-Xalapa.

Los sujetos fueron trasladados al Centro de Reincersión Social (CERESO) de Tehuacán, luego que desde el miércoles 28 de octubre permanecieron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, en la capital de Puebla.

Por más de 3 horas se presentaron pruebas en su contra, a la vez en que su defensa legal aportó datos para comprobar que son inocentes.

De esa manera, con base en los nuevos procedimientos penales acusatorios, el juez tendrá un plazo de 144 horas para resolver la situación legal de ambos acusados.

El pasado martes 27 de octubre, agentes ministeriales detuvieron a Juan Manuel León Evangelista y Gregorio Santos Anastasio, a quienes se les relaciona con la quema de al menos 2 vehículos del ayuntamiento y el cierre por más de 12 horas de la carretera federal Acatzingo-Xalapa.

Tanto la quema de los vehículos como el bloqueo de la vialidad, ocurrió el lunes 26 de octubre, ello como protesta de los pobladores para exigir la destitución del alcalde de General Felipe Ángeles, Leonardo Gómez Octaviano, a quien acusan de abuso de autoridad, nepotismo y por no hacer obra pública. 

Sobre el arresto de los pobladores, el líder del Frente Campesino Unido de México, Antonio Barrera Evangelista, aseguró que son inocentes, pues, tras afirmar que cuenta con testigos, dijo que los responsables de la quema de los vehículos oficiales fueron Ricardo Gómez Octaviano y Juan Domínguez Octaviano, ambos funcionarios municipales y familiares del edil Leonardo Gómez Octaviano.

Pese a ello, confirmó que agentes ministeriales arrestaron a Gregorio Santos Anastasio y a Juan Manuel León Evangelista, quien funge como dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y encabeza la Comisión de la Verdad y Dignidad de los Pueblos de General Felipe Ángeles.

Juicio Oral

Primer juicio oral contra "Chupaductos"

2015 0715 | La Procuraduría General de la República (PGR) participó y ganó el primer juicio oral del Nuevo Sistema de Justicia Penal en materia federal del país, informó la dependencia a través de un comunicado de prensa, en el que se destaca que a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), “por conducto de su delegación en Puebla, participó en la primera audiencia de debate en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en la historia de nuestro país en materia federal, y además obtuvo sentencia condenatoria”.

Se explicó que desde el martes 30 de junio arrancó la audiencia, en la que la Fiscalía de la Federación debatió con la defensoría pública todas las pruebas aportadas a la causa penal abierta contra un hombre, presuntamente responsable del delito de robo de hidrocarburo, en la modalidad de posesión ilícita de hidrocarburo refinado.

Según el comunicado la detención se realizó el 5 de diciembre de 2014, cuando el procesado  circulaba sobre un camino vecinal a la altura de la entrada al poblado de San Agustín Tlaxco, perteneciente al municipio de Amozoc, a bordo de un vehículo tipo pipa, marca International, con placas de circulación del estado de Oaxaca, con las luces apagadas.

Fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva que pasaban por el lugar, quienes se percataron de lo anterior y procedieron a realizar las revisiones de rutina, advirtiendo que  el vehículo transportaba seis mil 800 litros de diésel, sin contar con los permisos correspondientes, motivo por el cual el conductor fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, “quien en pleno apego y cumplimiento a los cuatro ejes rectores de la Procuraduría General de la República, llevó a cabo todas las diligencias previstas en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que opera en Puebla desde el 24 de Noviembre de 2014, llevando a juicio oral al inculpado”.

La Fiscalía aportó pruebas contundentes que derivaron en el fallo condenatorio por parte de la Jueza Segunda de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla, en contra del inculpado, quien fue considerado responsable del delito imputado, en su carácter de autor material.

La Delegación de la Procuraduría General de la República en Puebla se compromete a continuar trabajando con ahínco y perseverancia, a efecto de contribuir a la eficiente implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal que contribuye al fortalecimiento del estado de derecho.