La consejera del INE, Claudia Zavala Pérez, informó que el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) recibieron, a nivel federal, 38 casos de violencia política, de los cuales únicamente siete fueron abiertos a investigación. A nivel Local, se recibieron 102 casos en 21 entidades federativas y estados como Puebla, Guanajuato, Ciudad de México y Oaxaca son los que registran mayor violencia política en razón de género.
Durante su participación en la Mesa: “Violencia Política. Violencia Electoral”, celebrada en la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, señaló que la participación política de las mujeres es un derecho y no una concesión, por lo que “el Estado y sus instituciones están obligados a generar las condiciones para proteger a las mujeres en política”.
“Necesitamos que exista una consecuencia de un actuar que no debemos tolerar”, exigió.
En el marco del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres”, la consejera insistió que el país necesita que los actores políticos sepan que existen consecuencias al ejercer violencia política.
“La conmemoración del día internacional de la no violencia nos da la oportunidad de llamar la atención de las instituciones, el Estado y la sociedad sobre temas coyunturales, como éste, con el objetivo de se tomen medidas eficaces sobre la problemática”, dijo.
Zavala Pérez dio cuenta del trabajo que las autoridades electorales realizan para enfrentar el tema, señalando que la violencia política contra las mujeres ha sido más visible a partir de la adopción de acciones efectivas, para proteger la participación femenina en los cargos de toma de decisiones, sin embargo, “la igualdad numérica no se ha traducido en igualdad cualitativa”, sentenció.
Informó que, en 2018, 16 mujeres fueron asesinadas por violencia política. En algunos casos la respuesta de las autoridades fue inmediata, lo cual, dijo, permitió el pleno ejercicio de sus cargos, sentando así precedentes en la materia.
La consejera también habló sobre los retos que enfrenta el tema, entre ellos, la ausencia de un marco normativo que defina a la violencia política, lo cual propicia que el tema se complejice. Por lo anterior, señaló que es indispensable una mayor coordinación entre todas las autoridades competentes y generar sinergias en la adecuada atención de víctimas.
“Debemos tanto a nivel federal como local, llevar registros de las denuncias, personas denunciadas, conductas y avances de los casos, para armonizar la protección de los derechos político electorales”.
Finalmente, mencionó que las instituciones del Estado están obligadas a capacitar a hombres y mujeres en el tema y evitar que se reproduzcan modelos y conductas violentas que afectan a la sociedad.
“Las mujeres no podemos seguir siendo excluidas de los cargos de toma de decisiones, porque esta exclusión lesiona la credibilidad de las instituciones generando así un clima adverso en los procesos electorales, enfatizó Zavala Pérez.
