El gobernador Miguel Barbosa Huerta refirió que nadie debe sorprenderse de las denuncias que interpone la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido a que no se trata de una persecución política sino un proceso de justicia. Así se refirió el mandatario ante la denuncia contra José Juan Espinosa por el presunto desvío por más de 85 millones de pesos durante su gestión como alcalde de San Pedro Cholula de 2014 a 2018.
La ASE informó ayer a través de sus redes sociales que había presentado una denuncia contra el ahora diputado local por desvío de recursos por 85.3 millones de pesos, asociación delictuosa, abuso de autoridad y simulación de operaciones con facturas falsas, entre otros.
Ante esto, Barbosa aseguró que la Auditoría tiene la obligación de denunciar irregularidades sobre los actores políticos, por lo que las demandas al diputado José Juan Espinosa no obedecen a una persecución por parte del poder Ejecutivo ni a una utilización de las instituciones como el ex edil sugirió.
Barbosa Huerta indicó que los actos que se revelan sorprenden a los políticos, pues pensaron que nunca saldrían a la luz sus acciones municipales y/o gubernamentales, dependiendo del caso.
Manifestó que dicho argumento –acusar persecución política en su contra– carece de solidez y racionalidad. El político también manifestó que será ante las autoridades cuando se demuestre la inocencia o culpabilidad de cada actor, puesto que en las investigaciones podrán ser escuchados y atendidos.
“Se sorprende que la Auditoría presente denuncias y no debe ser así, si ellos encuentran en la revisión de papeles algo irregular, documentos falsos, operaciones simuladas, lo denunciarán porque es su obligación, pero todos piensan que tienen sentido político. No hay persecución política en contra de nada, no hay utilización de las instituciones y quienes lo dicen son los que violaron la ley y que pensaban que nunca se iba a dar a conocer lo que habían hecho”, declaró.
“Unos se escudan en un fuero de diputado federal, el otro ya no tiene pero nada más, no se trata de perseguir a nadie. Cuando se encuentra acreditada la comisión de un delito, la Fiscalía acredita si se judicializa o no el caso, no es por instrucciones del poder Ejecutivo, ese argumento no es ético. Ya me cayeron, ya me pillaron, ahora digo que me persiguen políticamente, nadie les cree, ahí están las averiguaciones, ahí podrán ser oídos, presentar pruebas y si en la investigación hay inocencia, no habrá judicialización”, concluyó.
