Este día calleron en contradicción presunto inversionista y su abogado, quienes a decir de los quejosos pretenden perpetrar un fraude en contra de empresarios poblanos de Arcadia Tower que se ubica en calle Sirio 2979 de la colonia Concepción las Lajas 2979, frente al Parque del Arte, en el municipio de San Andrés Cholula.
El quejoso informó que José Miguel Marino habría caído en contradicciones durante su rueda de prensa el abogado morenovallista Javier de Unanue quien fungió como presidente del Tribunal Estatal Electoral y de quien se dice es uno de los protegidos políticos de Eukid Castañón Herrera hoy en prisión por diversos delitos, entre ellos el de lavado de dinero de procedencia ilícita y enriquecimiento inexplicable, entre otros.
Miguel Marino puso en duda los dichos que se difunden, tras su fracaso en tribunales, por lo que ha acudido a los medios de comunicación para difundir su propia verdad, que a decir de los quejosos no tiene sustento jurídico, por lo que no se descartó la presentación de las denuncias correspondientes, además de las demandas que serán presentadas por los daños causados, en su efímera defensa.
Presumiblemente una de las conocidas estrategias en juicios mercantiles y civiles, fue empleada por el abogado experto en materia electoral, quien sugirió un autoembargo, promovido por Fabiola Traslosheros, que de prosperar (se pone en duda) podría despojar de su patrimonio a por lo menos 21 familias.
Fuentes cercanas a las familias afirman que el litigante y representante del médico inversionista, estaría intimidando a los inversionistas a fin de apropiarse de sus propiedades.
Como una estrategia de evasión fiscal, el médico y presunto inversionista por recomendación de su abogado (ahora litigante) se realizaron depósitos por 17 millones de pesos a cuentas bancarias a nombre de su esposa Guadalupe Castro Lugo, sin tener esos ingresos fiscales declarados. Por lo que ya se está denunciando ante las autoridades fiscales la presunta defraudación fiscal.
Otras denuncias por fraude:
Uno de los quejosos en junio de 2020 presentó una denuncia por el delito de fraude, en virtud de que desde el 2017 adquirió un departamento con un valor de 7 millones de pesos y hasta la fecha no ha tomado posesión del mismo. El agraviado señaló que ya está cansado de gastar en abogados y esperar la solución de su caso, mismo que se ha dilatado por la presunta complicidad entre litigantes y jueces, cuando el poderoso operador político se encontraba en libertad.
