Al menos 6 mil estudiantes de educación superior de Puebla que se inscribieron a carreras del área de la salud como Medicina, Enfermería, Nutrición, Fisioterapia, Estomatología, Psicología, Podología y Trabajo Social, podrían ver interrumpidos sus estudios por desacuerdos y diferencias entre la Secretaría de Educación y directivos de escuelas privadas.
El pleito tiene su origen en el acuerdo emitido por la secretaría el 22 de julio de este año, para la apertura extraordinaria de la ventanilla única de servicios de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de tipo Superior (RVOES).
Dicho acuerdo establece en sus puntos segundo y séptimo que los RVOES para programas académicos del área de la salud deben gestionarse, como se establece en el artículo 113 fracción X de la Ley General de Educación, ante la Federación, por lo que los programas vigentes sólo se reconocerán hasta la generación 2020-2021.
Esta situación afecta a más de 50 instituciones privadas de educación superior de Puebla que entre los meses de mayo y julio inscribieron estudiantes en programas del área de la salud para el ciclo escolar 2021-2022, debido a que sus RVOES ya no son válidos, según la nueva Ley General de Educación, y porque ahora están obligadas a dar de baja a esos estudiantes afectando su derecho humano a la educación.
Para encontrar una solución a este problema la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS) ha buscado un acercamiento con el titular de la secretaría estatal, Melitón Lozano Pérez, para proponerle una modificación o una adenda al acuerdo del 20 de julio, pero sin mucho éxito, ya que el secretario no los ha recibido, ni ha respondido el oficio que hace una semana le hicieron llegar a su oficina.
La asociación analiza ampararse contra este acuerdo, no solo porque afecta el derecho de los estudiantes a la educación, sino porque éste se fundamenta en la Ley de Educación Superior del estado, que ni siquiera se había publicado en el Periódico Oficial del Estado cuando se emitió el acuerdo, pues la legislación se aprobó el 30 de junio por la LX Legislatura del Congreso del Estado.
Con información de E-Consulta
