Fauna Política
Por Rodolfo Herrera Charolet
La Fundación Mary Street Jenkins en el año 2012 era dueña de los clubes deportivos Alpha, del Colegio Americano, del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), donante en la construcción del Museo Barroco, administradora de hoteles y del enorme centro comercial Triángulo Las Ánimas, cuyo objetivo principal, además de la filantropía, era ganar dinero para dedicarlo a los fines sociales. En sus inicios, en los años 50’s, destinó el rendimiento de su riqueza en instalación de redes de agua potable, construcción de hospitales y escuelas públicas.
En enero de 2012 la familia Jenkins de Landa se reunió en un rancho en Tepoztlán, Morelos. El motivo depende de la versión de cada uno de los bandos en disputa. Por un lado, el de Elodia de Landa, Margarita, María Elodia y Roberto Jenkins; por otro, Guillermo Jenkins. El primer grupo dice que esa reunión era para tomar decisiones sobre el manejo de los recursos materiales y financieros para ese año. Sin embargo, Guillermo afirma que la reunión fue para cambiar el funcionamiento del patronato. Como toda la investigación incompleta, los vacíos se han llenado con especulaciones.
A mediados del año 2013 Guillermo Jenkins fue expulsado del patronato y así se iniciaron las denuncias que llegaron a involucrar al Gobierno de Puebla, encabezado en ese momento por Rafael Moreno Valle Rosas.
El 19 de mayo de 2014 se publicó el decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado Libre y Soberano de Puebla (Ley de Asistencia Privada), un organismo público descentralizado con facultades para intervenir en asuntos de las instituciones privadas, en la cual se realizaron modificaciones normativas que aparentemente beneficiaban a Guillermo Jenkins, en su pretensión de que se le entregara el Colegio Americano y la UDLAP.
Tras la publicación de la nueva Ley, a todas luces dañina a los intereses de las organizaciones de beneficencia privada, para proteger los bienes y evitar que fueran tomados por el Gobierno de Puebla (bajo el argumento de deuda fiscal), se firmó un convenio con el que los bienes se trasladaron fiscalmente a Aguascalientes. Ante este movimiento, Guillermo denunció en 2016 al resto de la familia (incluyendo a su madre) por fraude y desvío de recursos a paraísos fiscales en Barbados y Panamá.
En la versión de los denunciados, la Fundación, realizó el traslado del control de los recursos como parte del proceso de protección de los bienes. El resultado de esa denuncia, la Fiscalía General de la República determinó el 4 de mayo de 2018 como no ejercicio de la acción penal, esto quiere decir, que se dijo no haber evidencia de un delito en las operaciones denunciadas[1]. En 2019 se asentó como cosa juzgada a pesar de las impugnaciones de alguien llamado Juan Ramos y contó, según dice Ricardo Rapahel, con un tomo de más de 300 páginas que concluyen en no haberse encontrado pruebas de delito, en donde el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, es juez y parte.
No obstante de tenerse cosa juzgada, el mismo Juan Ramos, ahora con su cargo como Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales, revocó el no ejercicio de la acción penal y ordenó reabrir la carpeta FED/SEIDF/UEDIFF-PUE/00020/2017 por tener “irregularidades”. Se ha dicho que esto incurre contra el principio non bis in ídem que establece: “Una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior”
El argumento de Ramos (ahora como fiscal y antes como apoderado de la UDLA) es que en el proceso anterior hubo situaciones ilegales, entre otras la elusión fiscal y que se pretendieron justificar dentro del marco de la nueva Ley de Asistencia Privada, que abonaban en beneficio de Guillermo Jenkins y de los dueños de la UDLA contraparte de la UDLAP. Mismo nombre en disputa, en donde los tribunales otorgaron la razón a la Fundación, propietaria de la marca y logotipo UDLAP.
El gobernador poblano y los medios doblegados por el convenio de comunicación social que reciben los recursos públicos a manera de pago por sus servicios, han repetido una u mil veces un desfalco de 720 millones de dólares, cuando al menos la mitad de esos recursos se encuentran invertidos en bienes inmuebles y empresas, diversas propiedades e inversiones, como la afirma la Fundación.
Sin embargo, hasta lo aquí escrito, es apenas un hilo de la madeja de un embrollo que se origina del enfrentamiento legal y personal, en donde la UDLAP resulta ser uno de los hijos en disputa por su tutela, de Jenkins Vs. Jenkins.
¿O no lo cree usted?
[1] Éstas fueron: operaciones con recursos de procedencia ilícita; fraude y administración fraudulenta previstos en los artículos 400bs, 386, 388 (Código Penal Federal), 402 y 404 fracción XVII (Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla) y 230 y 234 (Código Penal para el Distrito Federal); defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada.
