Francisco Romero Serrano tramitó dos amparos para evitar su captura y obtuvo uno que ordenó investigar posibles actos de tortura psicológica en su contra, pero aun así fue procesado por violencia familiar, suspendido del cargo de titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), luego aprehendido, acusado de operar recursos de procedencia ilícita, llevado al penal de San Miguel y, finalmente, destituido casi cinco años antes de concluir su periodo de siete años por el que fue nombrado en 2019.
2 de abril de 2022
Meses atrás Romero Serrano había comenzado un enfrentamiento con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, pero abrió otro frente la mañana del 23 de octubre de 2021, cuando en su residencia del exclusivo fraccionamiento La Vista Country Club protagonizó una discusión con su pareja Joseline Zurita, con gritos y presuntamente golpes de por medio.
De esta situación tomaron conocimiento policías municipales de San Andrés Cholula, quienes presentaron una denuncia por violencia familiar a pesar de que la supuesta víctima negó ser agredida por el auditor.
Aún con la negativa de la víctima el 21 de diciembre la Jueza de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula, Karla Patricia Ambrosio Vargas, giró una orden de aprehensión en contra del auditor por violencia familiar.
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En respuesta, el acusado promovió el juicio de amparo 1210/2021 ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado para evitar ser detenido. El juez concedió dicho amparo y la Fiscalía General del Estado (FGE) no pudo ejecutar la orden de captura.
El 2 de febrero de este año, consciente de su inminente salida de la ASE, denunció una estrategia del gobierno estatal, a través de la Consejería Jurídica, para que ayuntamientos, universidades y secretarías evadieran la fiscalización de recursos estatales y federales.
“De gobierno a gobierno, el hecho de obstaculizar el cumplimiento de un deber legal es un delito y, tratándose de los recursos federales de los cuales la Constitución nos da la facultad de revisar, entonces también se obstaculiza en carácter federal y presentaremos la denuncia correspondiente ante la FGR”, declaró en su momento a e-consulta.
Luego, Barbosa Huerta advirtió cero impunidad para al auditor por el caso de violencia familiar, así que este promovió el amparo 20/2022, ahora ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal por tortura psicológica sistemática y su “inminente detención arbitraria” por parte del gobierno de Puebla, la Consejería Jurídica, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Agencia Estatal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
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Romero Serrano también acusó que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado “guardó silencio” ante la queja presentada por su esposa por el “sufrimiento mental” que provocaron las notas periodísticas, y consiguió que se ordenara al Ministerio Público Federal realizar la investigación correspondiente de “manera independiente, imparcial y meticulosa respecto a las manifestaciones de tortura psicológica”.
El 14 de febrero, en sesión ordinaria del Congreso del estado, la diputada Karla Martínez Gallegos leyó una resolución de un Juez de Control, donde reveló que se vinculó a proceso a Romero Serrano por violencia familiar y fue suspendido temporalmente de su cargo como medida cautelar.
Sin embargo, en un comunicado de prensa días después, la FGE señaló que la audiencia de vinculación a proceso se realizó hasta el 19 de febrero. Además de la suspensión laboral, el juez le ordenó abstenerse de molestar a la víctima, separarse inmediatamente del domicilio y presentarse a firmar periódicamente.
Ante ello el acusado tramitó el juicio de amparo 11/2022, nuevamente para dejar sin efectos la orden de aprehensión en su contra, porque el que lo mantenía libre sobreseyó el 27 de enero.
También denunció en sus redes sociales que la FGE logró vincularlo a proceso con vídeos manipulados o editados, mintiendo a un Juez Federal, ignorando el testimonio de la víctima, tomando en cuenta sólo la declaración de los policías y sin evidencia de las agresiones que le atribuyen: “nos vemos en el juicio de amparo”, advirtió.
Poco le duró la libertad a Romero Serrano, porque la noche del 25 de febrero agentes ministeriales lo aprehendieron en su domicilio de La Vista Country Club, ahora acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al siguiente día fue presentado ante el Juez de Control y este ordenó su ingreso al penal de San Miguel. Una vez concluído el plazo de 144 horas que solicitó para resolver su situación legal, fue vinculado a proceso y se quedó en prisión preventiva.
A escondidas y en "fast-track", el Congreso de Puebla inició el 3 de marzo el proceso de destitución, el cual se consumó el jueves 31 de marzo, con 36 votos a favor y tres abstenciones del PAN.
Al día siguiente Rubén de la Fuente Vélez, auditor especial de Evaluación del Desempeño, rindió protesta como encargado del despacho de la ASE por el tiempo que dure la selección de la nueva persona titular.
El Congreso local deberá emitir una convocatoria abierta y conformar una terna de aspirantes finalistas de entre todos los perfiles que se postulen, para que cada nombre sea puesto a votación del pleno en una sesión y quien reúna al menos 28 votos asumirá el cargo para un periodo de siete años, con posibilidad de ratificación para un período igual.
