Un personaje que tendría mucho que explicar sobre lo que su sucedía en el Instituto Poblano de la Juventud (IPJ), organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Educación Pública, es el director de Administración y Finanzas, Marco Antonio Huerta Romero, por cierto, sobrino del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
8 de noviembre de 2022
El IPJ ha sido utilizado en este gobierno, como en los anteriores, como un instrumento de cooptación y control político al servicio del partido en el poder y la administración estatal, pero también como caja chica de algunos políticos como Eric Cotoñeto Carmona y Jorge Mota Jiménez.
La remoción de José Antonio García Ortega como director general del Instituto es resultado de cuatro factores: La defenestración de su padrino político, Eric Cotoñeto, el empoderamiento de Jorge Mota, actual secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en alianza con el director de Administración y Finanzas del organismo; sus escasos logros en términos clientelares; y sus excesos como servidor público, como llegar alcoholizado y drogado a laborar.
Para quienes trabajan en el Instituto no es ningún secreto que el removido José Antonio García siempre estuvo acotado por el sobrino del gobernador, quien no respeta los horarios laborales, pues se ausenta por horas o días sin ninguna justificación, lo cual puede demostrarse con la memoria del biométrico instalado en las oficinas; ni la supuesta jerarquía del director general, al desdeñar las juntas que éste convocaba; conducta que replicarían sus subordinadas: la jefa de Recursos Humanos y Financieros, María de Jesús Ramírez Morales, y la jefa de Recursos Materiales y Servicios Generales, Diana Karen Cruz Hernández.
Estas últimas, por cierto, tendrían que ser investigadas pues para los empleados del IPJ no es secreto el enriquecimiento que han tenido, ni los autos que han adquirido como una camioneta de reciente modelo Nissan Kicks y un jeep Journey también de reciente modelo.
Una cuestión que abona a la hipótesis de que el director de Administración y Finanzas fue quien operó la remoción de José Antonio García es el hecho de que aquél se desentendió de la auditoría y los pliegos de observaciones que emitió la Auditoría Superior del Estado (ASE) al IPJ sobre el ejercicio de 2020, no obstante que muchas de las operaciones y gastos que el destituido director general no puede comprobar fueron instruidos por quien realmente mandaba en el organismo: Eric Cotoñeto.
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