Asesinan a 4 personas en centro de rehabilitación

 El asesinato de cuatro personas en un centro de rehabilitación irregular en Salamanca, Guanajuato, ocurrido el 1 de octubre de 2024, reavivó la atención sobre la vulnerabilidad de los llamados "anexos" en México. Un grupo armado irrumpió en el inmueble ubicado en la colonia El Rosario, en las afueras de la ciudad, derribando el portón de entrada y disparando contra los presentes. El ataque dejó cuatro fallecidos en el lugar y cinco heridos, algunos de gravedad. Los agresores huyeron en vehículos, arrojando ponchallantas durante una persecución por policías municipales y Guardia Nacional, lo que impidió su captura inmediata. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones, sin identificar hasta el momento a los responsables ni el móvil preciso, aunque se vincula al contexto de disputas criminales en la zona.

Los anexos son centros residenciales para el tratamiento de adicciones, frecuentemente operados por organizaciones civiles o religiosas sin regulación formal. En México existen alrededor de 3,000 de estos centros, pero solo cerca de 400 cumplen con los requisitos legales establecidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Secretaría de Salud. En Guanajuato, de aproximadamente 300 anexos registrados, apenas 13 operan de manera regularizada, según reportes especializados. Estos espacios atienden principalmente a personas de bajos recursos, ya que las clínicas privadas o públicas resultan inaccesibles para muchas familias. Sin embargo, su falta de supervisión genera condiciones precarias, con protocolos irregulares, hacinamiento y ausencia de personal médico calificado.Guanajuato ha sido escenario recurrente de violencia contra estos centros en los últimos años. Desde 2015, se documentan al menos una docena de ataques armados directos, con saldos fatales que incluyen masacres de mayor escala. En 2020, un ataque en Irapuato dejó 28 muertos; en 2022, en Cortazar, tres internos fueron asesinados; y en 2023, en Celaya, cuatro administradores perdieron la vida. En 2024 y 2025, la tendencia continuó: en octubre de 2024, el incidente de Salamanca sumó cuatro muertos; en febrero de 2025, un narcoataque en otro anexo dejó dos fallecidos y cuatro heridos; en septiembre de 2025, tres hombres murieron en Dolores Hidalgo; y en enero de 2026, dos internos perdieron la vida en San Felipe. Durante 2024 y hasta septiembre de 2025, se registraron al menos una veintena de homicidios vinculados a ataques en anexos guanajuatenses.El estado mantiene una de las tasas de homicidios más altas del país. En 2023, Guanajuato registró 3,746 asesinatos según el INEGI, la cifra más elevada nacionalmente, aunque con una ligera disminución respecto a años previos. En 2024, el total nacional de homicidios dolosos fue de alrededor de 26,700 casos, con Guanajuato contribuyendo significativamente. Para 2025, las cifras preliminares indican un descenso a cerca de 20,674 homicidios en todo México, equivalente a una reducción del promedio diario de 86.9 a 59.2 víctimas en periodos comparables, aunque persisten focos de alta letalidad en el Bajío. Salamanca y municipios aledaños, cercanos a refinerías y rutas de trasiego de drogas como metanfetaminas, enfrentan disputas entre grupos criminales por control territorial, extorsiones y venta de estupefacientes, lo que expone a los anexos como blancos frecuentes.Autoridades locales, como el alcalde de Salamanca César Prieto, confirmaron los hechos y destacaron la irregularidad del centro atacado. El gobierno federal, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, ha priorizado la coordinación con estados como Guanajuato para reforzar la seguridad en zonas críticas como Celaya y León. Expertos y organizaciones señalan que la opacidad y la falta de regulación en los anexos agravan su vulnerabilidad, convirtiéndolos en refugios precarios pero también en escenarios de abuso, violencia interna y, en muchos casos, control indirecto por parte del crimen organizado. En el país, se estima que en 2024 murieron al menos 94 personas al interior de centros de rehabilitación residenciales por diversas causas, incluyendo violencia y condiciones inadecuadas, con un promedio que supera las dos muertes semanales en algunos periodos de 2025.Este tipo de incidentes subraya la intersección entre la crisis de adicciones, la inseguridad y la ausencia de políticas integrales de salud mental y rehabilitación accesible. En Guanajuato, la violencia en anexos representa una fracción de los homicidios totales, pero evidencia cómo espacios destinados a la recuperación se convierten en objetivos colaterales o directos del conflicto criminal. Fecha del hecho principal: 1 de octubre de 2024.