La remoción de María Guadalupe Daniel Hernández como directora del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo (SOSAPAC) no es un episodio aislado, sino un reflejo de la crisis política y administrativa que atraviesa el municipio, donde las pugnas internas entre grupos de poder y la opacidad institucional impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.
Daniel Hernández, ex alcaldesa de Cuautlancingo y figura cercana a estructuras políticas locales con arraigo en ciertos sectores del partido en el poder, ha vivido desde hace meses una caída en desgracia pública. La escasez recurrente de agua potable, sumada a la corrupción y manejo discrecional de recursos en SOSAPAC, provocó la movilización de habitantes y colectivos ciudadanos que demandaron con firmeza su salida.
Su destitución, impulsada desde la presidencia municipal encabezada por Omar Muñoz, se enmarca dentro de un reajuste político donde la administración local busca deslindarse del desgaste causado por la mala gestión y desvíos detectados en el organismo operador. Pero lejos de asumir una autocrítica, Daniel Hernández eligió victimizarse, denunciando “violencia política de género” y afirmando sin pruebas la existencia de persecución y sabotaje desde el propio gobierno municipal.
Este discurso de victimización intenta ocultar la realidad de una administración que permitió la proliferación de “aviadores” en la nómina, desatendió las solicitudes ciudadanas y negó el acceso al agua potable, un derecho humano básico. La revelación de firmas supuestamente falsificadas y la acusación hacia colaboradores municipales apuntan más a una estrategia para desviar la atención y generar confusión que a una verdadera rendición de cuentas.
El contexto político de Cuautlancingo refleja un municipio fragmentado, con pugnas internas que han afectado la gobernabilidad y la prestación de servicios públicos esenciales. La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la opacidad en la administración de recursos públicos han llevado a una crisis que golpea directamente a la población, mientras los actores políticos se enfrascan en disputas y acusaciones.
En este escenario, la destitución de Lupita Daniel puede interpretarse como un intento de limpiar la imagen del ayuntamiento local, pero la ausencia de un diagnóstico público claro y planes contundentes para garantizar el acceso al agua evidencian la precariedad de las soluciones planteadas. La ciudadanía de Cuautlancingo exige más que culpas cruzadas y declaraciones incendiarias: demanda transparencia, eficiencia y compromiso real con los derechos básicos.
Así, la caída de una ex alcaldesa y directora del SOSAPAC no debe verse sólo como un episodio de ajuste político, sino como una oportunidad para replantear la gestión pública en Cuautlancingo, exigir responsabilidad y construir un sistema de servicios donde el agua deje de ser un privilegio para pocos y se convierta en un derecho garantizado para todos.
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