Planes costosos y domicilios fantasma en la Sierra Norte
Por José Herrera
En Zacatlán, el discurso de la planeación contrasta con la opacidad operativa. La administración encabezada por Beatriz Sánchez Galindo —esposa del exalcalde y actual diputado local José Luis Márquez Martínez— asignó 696 mil pesos para la elaboración de su Plan Municipal de Desarrollo (PMD) a la empresa Despacho Contable y Asesores Fiscales 333 S.C., una firma que, según el contrato PMZP/CMA/2024/024, tiene domicilio en la 43 Oriente de la ciudad de Puebla. Sin embargo, una visita al lugar revela otra realidad: ahí no opera ningún despacho, no hay oficinas ni personal, sólo una casa de uso habitacional que nada sugiere sobre actividades contables o de asesoría fiscal.
No se trata de un caso aislado. En la práctica, tanto la administración anterior de José Luis Márquez como la actual —con su esposa al frente— han mostrado una reiterada tendencia a contratar empresas con domicilio fiscal simulado, inexistentes o inoperantes en los lugares que indican los contratos. Una red de proveedores fantasmas o semilegales que, en apariencia, cumplen con procedimientos administrativos, pero que en los hechos dejan más preguntas que resultados tangibles.
En el caso del PMD de Zacatlán, el despacho fue seleccionado por invitación restringida, compitiendo sólo contra otra firma, Geco Gestión y Cooperación S.C., que fue descalificada por presentar una propuesta económica superior por apenas 23 mil pesos más. Así, el contrato quedó en manos de una empresa sin oficinas visibles, pero con el poder suficiente para cobrar casi 700 mil pesos del erario.
La opacidad se institucionaliza en tiempos donde la fiscalización local se diluye: la reciente desaparición del ITAIPUE —avalada por el Congreso estatal dominado por Morena y sus aliados— elimina el contrapeso que garantizaba la vigilancia ciudadana sobre contratos y recursos públicos. Bajo el argumento de la “armonización administrativa”, las funciones del órgano autónomo fueron absorbidas por el Ejecutivo, quien ahora es juez y parte en los procesos de transparencia.
La pregunta no es sólo cuánto costó el plan, sino quién realmente lo elaboró, desde dónde y con qué legitimidad técnica. Porque detrás de cada contrato millonario y cada domicilio fantasma, lo que se esfuma es el derecho ciudadano a saber.
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