El opaco entramado de contratos en Zacatlán: Una red de simulación y desvío de recursos públicos.
En el municipio de Zacatlán, Puebla, la administración municipal (2021-2025) ha tejido un sistema de opacidad y colusión que compromete la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos. A través de contratos de obra pública y servicios, el gobierno local ha favorecido a un selecto grupo de proveedores, muchos de ellos con claros indicios de ser empresas fantasma o intermediarias, mientras omite sistemáticamente la publicación de contratos pagados con recursos propios y participaciones estatales. Este patrón, documentado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y complementado por análisis de domicilios fiscales y redes de colusión, revela una práctica deliberada para eludir la rendición de cuentas y facilitar el desvío de recursos.
2021: El inicio de la opacidad
En el último trimestre de 2021, el gobierno de Zacatlán reportó en la PNT apenas ocho contratos por un monto de $3,388,808.03. Esta cifra, aunque significativa, representa solo una fracción de los contratos suscritos, ya que la administración omitió publicar la mayoría de los convenios, especialmente aquellos financiados con recursos propios. Esta práctica contraviene las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que exige la publicación íntegra de todos los contratos. La selectividad en la divulgación sugiere un intento de ocultar operaciones que podrían beneficiar a actores políticos o aliados económicos.
2022: Contratos dudosos y empresas fantasma
En 2022, la PNT registró 20 contratos por $45,516,217.47, adjudicados mediante licitación pública, invitación a tres o más proveedores y adjudicación directa, todos relacionados con fondos federales. Sin embargo, el análisis de estos contratos revela irregularidades alarmantes:
- Domicilios fiscales dudosos: Solo el 20% de las empresas contratadas (cuatro de 20) cuentan con oficinas o comercios relacionados con su objeto social. Cinco empresas no fueron localizadas en los domicilios declarados, y siete se registraron en lotes baldíos, domicilios particulares, zonas marginadas o fraccionamientos cerrados, lo que sugiere que son intermediarias o carecen de capacidad operativa.
- Proveedores recurrentes: De los 14 proveedores, cinco son personas físicas con actividades empresariales y nueve son sociedades mercantiles. No se encontraron socios relacionados en las actas constitutivas, pero la falta de infraestructura física y la imprecisión en los domicilios refuerzan la sospecha de simulación.
- Ausencia de fiscalización: Ninguna de las empresas aparece en la lista del artículo 69-B del SAT (empresas con operaciones simuladas), pero la falta de domicilios verificables y la ausencia de personal técnico o maquinaria sugieren que podrían estar operando como fachadas.
2023: La consolidación de un sistema corrupto
En 2023, el panorama no mejoró. De los contratos publicados en la PNT al 30 de junio, la mayoría correspondió a fondos federales, mientras que los financiados con recursos propios o participaciones estatales siguieron en la opacidad. El análisis detallado arroja datos preocupantes:
- Empresas favorecidas: Empresas como CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., CARGO MOVIL SAPI DE CV y JUAZAC S.A. DE C.V. dominaron las adjudicaciones. Sin embargo, ninguna de estas compañías tiene un domicilio fiscal verificable que corresponda a una constructora. JUAZAC, la más beneficiada, acumuló múltiples contratos sin evidencia de capacidad operativa.
- Montos inflados y omisiones: Los nueve contratos por adjudicación directa sumaron $16,577,546.92, incluyendo uno por $12,000,000.00 para combustibles, un monto desproporcionado que no se justifica sin bitácoras detalladas del parque vehicular. Además, los contratos de gasto corriente (arrendamientos, mantenimiento, refacciones, combustibles) fueron sistemáticamente omitidos.
- Simulación en licitaciones: En los 19 contratos otorgados por invitación o licitación ($26,404,667.96), se detectó un patrón de “invitaciones” a los mismos proveedores, lo que indica una simulación de competencia. Cinco empresas presentan irregularidades graves que justifican reportes al SAT y al Órgano de Fiscalización Superior.
Redes de colusión: HUGO y CEDILLO
El análisis de los proveedores revela la existencia de redes coordinadas que operan en Zacatlán y otros municipios:
- Red HUGO: Liderada por Hugo Iván Rodríguez López, esta red incluye empresas como Mercantil Abalón S.A. de C.V., que recibió contratos por $21.2 millones de la Sedena para el aeropuerto de Santa Lucía, pese a estar vinculada a Abastecedora Lavín, una facturera identificada por el SAT. En Zacatlán, empresas de esta red comparten domicilios fiscales, representantes legales y despachos contables, operando como intermediarias sin infraestructura propia.
- Red CEDILLO: Compuesta por Margarito Artemio Cedillo Pacheco, Gustavo Cedillo Garrido y ROVIER Sociedad Profesional de Construcción, esta red acumuló contratos por $29.8 millones en 2024 y el primer trimestre de 2025. Cedillo Pacheco, con contratos por $21,026,483.52, opera desde un local compartido con una cremería y una aseguradora, sin evidencia de maquinaria o personal técnico. Las licitaciones en las que participan estas empresas muestran un patrón de competencia simulada, con los mismos concursantes repitiéndose en cada procedimiento.
Un mecanismo sistemático de desvío
La reiteración de empresas con domicilios inexistentes, sin personal técnico ni maquinaria, y la omisión de contratos en la PNT no son hechos aislados. Constituyen un mecanismo estructurado para desviar recursos públicos mediante:
- Simulación de empresas: Proveedores sin infraestructura real actúan como intermediarios, subcontratando obras o simplemente facturando sin ejecutarlas.
- Licitaciones amañadas: La “invitación” a los mismos proveedores en cada concurso elimina la competencia real y garantiza beneficios a un círculo cerrado.
- Opacidad selectiva: La publicación exclusiva de contratos con fondos federales, mientras se ocultan los de recursos propios, dificulta la fiscalización y encubre posibles desvíos.
El Domicilio fiscal no corresponde a una empresa constructora
El domicilio fiscal declarado por el proveedor es un local compartido por una cremería y una aseguradora, sin maquinaria, vehículos, herramientas ni personal técnico. No hay rótulos, letreros, ni actividad alguna vinculada con obra civil.
Esto demuestra la simulación empresarial. Así mismo es compartido con otras dos empresas proveedoras del gobierno municipal que participaron en las licitaciones de adjudicación por invitación.
Se presume como empresas simuladas coordinada por un mismo despacho de contadores o asesores. Que participan en supuesta simulación de competencia en licitaciones.
Así mismo, la empresa se ubica en el mismo inmueble en donde se encuentran presumiblemente otras dos empresas constructoras. Una sociedad mercantil y otra como persona física con actividades empresariales.
En el análisis de los procedimientos de contratación, se detectó la participación reiterada de los supuestos concursantes:
Todos aparecen en los mismos concursos, bajo condiciones similares:
Sin domicilios físicos verificables,
Sin antecedentes técnicos visibles,
Sin estructura operativa.
Esto indica una posible licitación simulada o controlada, lo que constituye un fraude al procedimiento de contratación pública.
Mecanismo sistemático de desvío y simulación
La reiteración de este esquema revela un mecanismo estructurado de desvío de recursos públicos. Las empresas señaladas:
No existen físicamente.
Carecen de personal técnico.
No entregan reportes de avance.
Conclusión: A tomar el Toro por los Cuernos
El gobierno de Zacatlán ha incumplido flagrantemente su obligación de transparentar los contratos de bienes y servicios, favoreciendo a empresas fantasma y redes de colusión que operan con impunidad. Las irregularidades documentadas exigen una intervención inmediata del SAT, el Órgano de Fiscalización Superior de Puebla y la Auditoría Superior de la Federación. Los ciudadanos de Zacatlán merecen un gobierno que rinda cuentas y gestione los recursos públicos con integridad. Es hora de desmantelar estas redes y garantizar que cada peso se invierta en el bienestar de la comunidad, no en los bolsillos de unos pocos.
Nota: Este artículo está basado en datos de la PNT, análisis de domicilios fiscales y patrones de colusión, con un enfoque en la denuncia fundamentada y la exigencia de transparencia.
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Nota:
Toda la información ha sido clasificada, organizada y analizada por el escritor y periodista RODOLFO HERRERA CHAROLET
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