Vector: el hilo suelto que podría enredar al gobierno de Puebla

Vector: el hilo suelto que podría enredar al gobierno de Puebla

A favor de la decisión, sin duda. Pero a ver si el escándalo que desató la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) —al sancionar a Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones financieras del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo, dirigidas al lavado de dinero y al pago de millones de dólares a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la elaboración de fentanilo— no termina salpicando al gobierno de Puebla.

Porque el riesgo está ahí, latente, anclado en una vieja relación: la que existía entre directivos de Vector y funcionarios estatales desde los tiempos de Mario Marín Torres, cuando la administración comenzó a invertir recursos públicos en el mercado bursátil a través de esta misma casa de bolsa.

Las transferencias financieras salieron directamente desde lo que hoy es la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, bajo el mando de David Villa Issa, quien operó el mecanismo de inversión con Vector. Y aunque hoy Villa Issa no aparece en los organigramas, sí lo hace su sombra, representada por varios de sus antiguos operadores que han reaparecido como responsables financieros en la actual administración de Alejandro Armenta Mier.

Ahí están:

• José Antonio Cué Rivas, en la Dirección de Fiscalización;

• Juan Saúl Ramos González, en Programación y Presupuesto;

• e Ignacio Alberto Lozano López, en la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Todos ellos con pasado común y fidelidad al viejo operador. Y todos envueltos ya en señalamientos internos, no sólo por su historial, sino por su presunta participación en filtraciones de información confidencial, que han convertido a la dependencia en un campo minado, con enfrentamientos y vendettas entre funcionarios.

Uno de los afectados por estas intrigas ha sido el subsecretario de Egresos, Víctor Hugo Domínguez Amado, blanco de fuego amigo que brota, paradójicamente, de los pasillos de su propia secretaría.

Mientras tanto, la sanción de la OFAC también golpea en otra dirección: a Alfonso Romo Garza, empresario regiomontano, dueño de Vector y exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio de López Obrador. El golpe financiero no es menor, y sus repercusiones podrían escalar al terreno político… y local.

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Pecadores en el Comité de Ética de Finanzas

En paralelo, circula entre empleados de la Secretaría de Finanzas del estado una simpática encuesta para elegir a los integrantes del nuevo Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (2025-2028). Un ejercicio necesario... si no fuera tan cínico.

Ya se hizo una primera ronda, y los más votados fueron —oh, sorpresa— los propios subsecretarios:

• Marco Polo Sánchez Farfán, de Ingresos;

• Víctor Hugo Domínguez Amado, de Egresos;

• Ángel Pérez Portada, de Administración;

• y Ramón Montes Barreto, de Planeación.

Según mi bola de cristal (modelo licitación amañada, edición 2025), los elegidos finales serán precisamente los que tuercen las reglas para favorecer a proveedores consentidos: Domínguez Amado y Pérez Portada.

En la categoría de titulares de unidad, coordinadores y directores generales, suenan fuerte:

• Pedro Lecona Villa,

• Mario Sampedro Martínez,

• y Víctor Díaz Flores.

Entre los directores de área, los finalistas son:

• Florella Ajuria Galeazzi,

• Alma Diana García Rodríguez,

• Oscar Ramírez Argüelles,

• y Milton Carlos Ruiz González.

¿Y el objetivo de este Comité? Según la narrativa oficial, vigilar la ética, prevenir conflictos de interés y garantizar la integridad administrativa. Pero ¿alguien en su sano juicio cree que estos nombres van a combatir el reparto de moches, la asignación a modo, o el “riego de la milpa”?