Funcionario que se jubiló con dinero del erario poblano

Gerardo Pérez Salazar: el funcionario que se jubiló con dinero del erario poblano

Por José Herrera

1 de julio de 2025

La historia parecía haber quedado sepultada en los archivos de la corrupción marinista. Sin embargo, el pasado vuelve a emerger como cadáver insepulto: Gerardo Pérez Salazar, ex secretario de Finanzas del gobierno de Mario Marín, aparece una vez más en el ojo del huracán tras revelarse que invirtió 201 millones de pesos del erario en Vector Casa de Bolsa, institución que él mismo dirigió antes de asumir el cargo público. Una inversión a 25 años. Un retiro asegurado.

Aunque el propio Pérez Salazar admitió en 2008 ante el Congreso local que había realizado una inversión a largo plazo con fondos públicos en Vector, la revelación parecía entonces una curiosidad técnica, una “estrategia financiera”. Hoy, la situación cobra un cariz criminal. Vector Casa de Bolsa ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de financieras involucradas en lavado de dinero procedente del narcotráfico.

La bomba estalló apenas hace unas semanas: la Secretaría de Planeación y Finanzas, actualmente encabezada por Josefina Morales Guerrero, reconoció que aún existen 32.1 millones de pesos del Gobierno del Estado invertidos en Vector, los cuales no pueden ser retirados sin generar pérdidas, ya que el instrumento financiero vence hasta el año 2033.

El ciclo del dinero: del Estado a Vector, y de Vector a la familia Pérez Salazar

La historia tiene ingredientes de guion cinematográfico: Gerardo Pérez Salazar llegó al gabinete marinista luego de ser director general de Vector Casa de Bolsa, cargo desde el cual tejió relaciones e intereses que lo acompañarían hasta su función pública. Al asumir como secretario de Finanzas, no rompió vínculos: canalizó recursos estatales hacia la misma casa bursátil de la que provenía.

Pero el escándalo no se detiene ahí. La ejecutiva encargada de manejar la cuenta del Gobierno de Puebla en Vector era nada menos que Margarita Rojas, esposa del entonces secretario Pérez Salazar. Es decir, el dinero del estado era administrado por el matrimonio Pérez-Rojas. El triángulo perfecto entre el poder público, el capital privado y el interés familiar.

En su comparecencia ante el Congreso en 2008, el entonces funcionario admitió haber invertido 3 mil millones de pesos del erario poblano en Vector. A pesar de la gravedad de la confesión, no hubo consecuencias legales ni administrativas. El sistema se blindó a sí mismo. Hoy, casi dos décadas después, el conflicto de interés ha mutado en posible operación criminal trasnacional.

La mancha de la impunidad

El regreso del escándalo se da en un contexto distinto: con Estados Unidos poniendo la lupa sobre las financieras mexicanas vinculadas al narcotráfico, las viejas maniobras de los tecnócratas del PRI —disfrazadas de eficiencia bursátil— adquieren el olor inconfundible de la corrupción estructural.

Pérez Salazar nunca ocultó sus habilidades para el mundo financiero. Las puso al servicio del Estado... y de sí mismo. Aseguró su retiro con dinero público, en una inversión que él sabía intocable, blindada con candado de tiempo y colchoneta jurídica.

Hoy, cuando las autoridades estadounidenses apuntan a Vector como pieza clave en una red de lavado, la inversión de Puebla se vuelve incómoda, si no abiertamente ilegal. La pregunta ya no es si hubo conflicto de interés —eso está confesado—, sino si hubo delito, encubrimiento y beneficio ilícito directo.

Y como tantas veces en este país, mientras la justicia titubea, el dinero sigue ahí, rentando a plazo fijo, esperando tranquilamente el 2033.

A salvo. Como el retiro de Pérez Salazar.