Así Planearon la Madre de Paloma Nicole y su Padrastro la Cirugía Estética que Terminó con su Vida.
Durango, Durango, 28 de septiembre de 2025 – La fiscal general del estado, Sonia Yadira De la Garza Fragoso, confirmó este sábado la detención de Paloma Jazmín N. y Víctor Manuel N., madre y padrastro de la adolescente Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor ocurrida el 20 de septiembre en la Clínica Santa María de Durango, tras complicaciones derivadas de una cirugía estética de aumento mamario, liposucción y lipotransferencia a glúteos realizada el 12 de septiembre sin el consentimiento del padre biológico, Carlos Said Arellano. Arellano, quien denunció el caso el 22 de septiembre tras descubrir cicatrices quirúrgicas en el cuerpo de su hija durante el velorio, relató cómo la madre lo engañó con un supuesto contagio de COVID-19 para aislar a la menor en la Sierra de Durango, donde no habría señal telefónica, ocultando el procedimiento que, según él, fue un "regalo anticipado" por sus 15 años en 2026, pero que resultó en un paro cardiorrespiratorio, edema cerebral, encefalopatía hipóxica, bradicardia y muerte cerebral irreversible.
La necropsia, cuyos resultados completos se esperan en 10 a 20 días, confirmó estas causas, y la Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación por homicidio culposo, omisión de cuidados y uso de documentos falsos, incluyendo una nota médica falsa de la Clínica Santa María que simulaba un chequeo por malestar escolar.
El plan orquestado por la pareja comenzó el 11 de septiembre, cuando Paloma Jazmín N. llamó a Arellano para informarle que la menor había presentado malestar en la escuela y fue atendida en la enfermería, influenciando a la adolescente para simular síntomas y justificar la ausencia; posteriormente, alegaron un positivo a COVID-19 que impedía visitas, derivando en el aislamiento en cabañas de la sierra para evitar contacto, todo mientras Víctor N., cirujano plástico certificado por la COFEPRIS pero suspendido provisionalmente por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) el 23 de septiembre, realizaba los procedimientos en la clínica privada. El 15 de septiembre, Arellano fue notificado de la hospitalización de Paloma Nicole por "complicaciones del COVID", encontrándola en coma e intubada; tras una semana de agonía, falleció, y solo en el funeral, al inspeccionar el cuerpo, el padre notó el corpiño quirúrgico y las incisiones, lo que desató la denuncia contra la madre, el padrastro –hijo de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Durango, lo que genera temores de presiones en la investigación–, la clínica y su equipo administrativo. La madre enfrenta cargos adicionales por usurpación de carrera, al prestar servicios en quirófanos sin acreditación de la Secretaría de Salud, mientras Víctor N. es imputado por omisión al proceder sin el aval del padre biológico; ambos permanecen en prisión preventiva, y el gobernador Esteban Villegas ha garantizado un proceso transparente sin tratos preferenciales.
El caso de Paloma Nicole ha desatado una ola de indignación nacional, con el padre recibiendo amenazas de muerte –denunciadas por su medio hermano Christopher Olivas, quien pidió respeto a la memoria de la menor– y ha reavivado el debate sobre la regulación de cirugías estéticas en menores de edad, un procedimiento no recomendado antes de los 17-18 años por el desarrollo incompleto del cuerpo, según expertos de la AMCPER. En conferencia mañanera del 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó condolencias y ofreció apoyo federal a la familia, mientras una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, presentada cuatro días después de la muerte, busca establecer criterios estrictos para autorizaciones parentales en procedimientos cosméticos no terapéuticos en adolescentes, limitando riesgos como los reportados en al menos cinco casos similares en México este año, incluyendo negligencias en liposucciones y mamoplastias en estados como Jalisco y Nuevo León. La Fiscalía continúa recabando evidencias, incluyendo el expediente clínico y testimonios, para determinar si hubo mala praxis o encubrimiento en el certificado de defunción inicial que solo mencionaba "enfermedad", y la clínica Santa María –con permisos vigentes– enfrenta inspecciones de COFEPRIS para verificar protocolos de consentimiento y posoperatorio. Arellano, visiblemente afectado en entrevistas, exige justicia integral: "No quiero que quede impune; mi hija no pidió esto", mientras colectivos feministas y de derechos infantiles claman por una moratoria nacional a cirugías electivas en menores, subrayando que este trágico suceso expone vulnerabilidades en la supervisión de clínicas privadas y la custodia compartida.
La necropsia, cuyos resultados completos se esperan en 10 a 20 días, confirmó estas causas, y la Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación por homicidio culposo, omisión de cuidados y uso de documentos falsos, incluyendo una nota médica falsa de la Clínica Santa María que simulaba un chequeo por malestar escolar.
El plan orquestado por la pareja comenzó el 11 de septiembre, cuando Paloma Jazmín N. llamó a Arellano para informarle que la menor había presentado malestar en la escuela y fue atendida en la enfermería, influenciando a la adolescente para simular síntomas y justificar la ausencia; posteriormente, alegaron un positivo a COVID-19 que impedía visitas, derivando en el aislamiento en cabañas de la sierra para evitar contacto, todo mientras Víctor N., cirujano plástico certificado por la COFEPRIS pero suspendido provisionalmente por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) el 23 de septiembre, realizaba los procedimientos en la clínica privada. El 15 de septiembre, Arellano fue notificado de la hospitalización de Paloma Nicole por "complicaciones del COVID", encontrándola en coma e intubada; tras una semana de agonía, falleció, y solo en el funeral, al inspeccionar el cuerpo, el padre notó el corpiño quirúrgico y las incisiones, lo que desató la denuncia contra la madre, el padrastro –hijo de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Durango, lo que genera temores de presiones en la investigación–, la clínica y su equipo administrativo. La madre enfrenta cargos adicionales por usurpación de carrera, al prestar servicios en quirófanos sin acreditación de la Secretaría de Salud, mientras Víctor N. es imputado por omisión al proceder sin el aval del padre biológico; ambos permanecen en prisión preventiva, y el gobernador Esteban Villegas ha garantizado un proceso transparente sin tratos preferenciales.
El caso de Paloma Nicole ha desatado una ola de indignación nacional, con el padre recibiendo amenazas de muerte –denunciadas por su medio hermano Christopher Olivas, quien pidió respeto a la memoria de la menor– y ha reavivado el debate sobre la regulación de cirugías estéticas en menores de edad, un procedimiento no recomendado antes de los 17-18 años por el desarrollo incompleto del cuerpo, según expertos de la AMCPER. En conferencia mañanera del 24 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó condolencias y ofreció apoyo federal a la familia, mientras una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, presentada cuatro días después de la muerte, busca establecer criterios estrictos para autorizaciones parentales en procedimientos cosméticos no terapéuticos en adolescentes, limitando riesgos como los reportados en al menos cinco casos similares en México este año, incluyendo negligencias en liposucciones y mamoplastias en estados como Jalisco y Nuevo León. La Fiscalía continúa recabando evidencias, incluyendo el expediente clínico y testimonios, para determinar si hubo mala praxis o encubrimiento en el certificado de defunción inicial que solo mencionaba "enfermedad", y la clínica Santa María –con permisos vigentes– enfrenta inspecciones de COFEPRIS para verificar protocolos de consentimiento y posoperatorio. Arellano, visiblemente afectado en entrevistas, exige justicia integral: "No quiero que quede impune; mi hija no pidió esto", mientras colectivos feministas y de derechos infantiles claman por una moratoria nacional a cirugías electivas en menores, subrayando que este trágico suceso expone vulnerabilidades en la supervisión de clínicas privadas y la custodia compartida.
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