Empresas y Contratos: El Esquema de Lavado y Desvíos Millonarios en la Sombra de Facundo Rosas
Adjudicaciones Fraudulentas en el Ámbito Federal: El Rol de Rosas como ComisionadoDurante su gestión como comisionado general de la Policía Federal entre 2009 y 2012, Facundo Rosas Rosas se vio envuelto en un esquema de adjudicaciones fraudulentas que canalizó al menos 25.8 millones de dólares hacia un conglomerado de empresas vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal. Estos recursos, destinados a supuestos "servicios de inteligencia" y equipamiento policial, se otorgaron a través de contratos sin licitaciones transparentes, beneficiando a entidades que operaban como fachadas para lavar dinero procedente de sobornos relacionados con el narcotráfico. Un total de 30 contratos, que sumaron 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos, fueron firmados por Rosas y Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional, con transferencias directas desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal hacia firmas como Nunvac Inc. y GLAC. Estos fondos, triangulados a través de paraísos fiscales como Panamá, Barbados e Israel, no generaron impuestos en México y se destinaron a la adquisición de bienes de lujo, propiedades en Florida y vehículos de alta gama, evidenciando un esquema de desvíos sistemático.Investigaciones oficiales iniciadas en 2023 confirmaron pesquisas por delitos internacionales, incluyendo la triangulación de 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a empresas familiares de García Luna, con Rosas como firmante clave en al menos ocho contratos. Aunque no se registran empresas a su nombre, su influencia fue crucial para beneficiar a holdings fantasma, con depósitos de 150 mil pesos en 2019 desde Glac Security Consulting Technology Risk Management, una firma ligada a García Luna, directamente a cuentas asociadas con Rosas tras su salida de Puebla. Medios informativos destacaron cómo estos esquemas aprovecharon la opacidad institucional para perpetuar redes de enriquecimiento ilícito, consolidando a Rosas como una figura central en la arquitectura financiera de la corrupción durante el sexenio calderonista.La Familia Weinberg: Prestanombres Clave en la Red de LavadoUn componente crítico del esquema de lavado fue la participación de la familia Weinberg, identificada como prestanombres clave en operaciones ilícitas vinculadas a Rosas y García Luna. Liderada por Mauricio Samuel Weinberg López, su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto —detenido en Madrid en diciembre de 2023 por orden de Interpol con extradición pendiente—, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub, esta familia de origen israelí tejió una red de al menos 40 empresas norteamericanas y cuatro contratistas mexicanas para dispersar recursos ilícitos. Firmas como ICIT Security e ICIT Holding, dedicadas a seguridad privada y ciberseguridad, aprovecharon información privilegiada de la SSP para captar clientes, obteniendo contratos por 625.2 millones de dólares entre 2009 y 2018 desde la Policía Federal y el CISEN. Nunvac Inc., con sede en Panamá y sin registro mexicano, recibió 21 de 29 contratos por 337 millones de dólares, incluyendo 10 millones para "gastos de instalación" de García Luna en Florida, mientras que NiceTrack, un programa de rastreo de comunicaciones, generó 69 millones de dólares en tres contratos firmados por Rosas y Rodrigo Esparza en 2009.En 2021, las cuentas de estas entidades fueron congeladas, y en mayo de 2025, tres miembros de la familia Weinberg obtuvieron un criterio de oportunidad al proporcionar información que permitió recuperar 189.8 millones de dólares de 109 beneficiarios entre 2012 y 2020. Además, propiedades en Florida, usadas por García Luna entre 2013 y 2016, facilitaron el blanqueo de 745.9 millones de dólares desviados del erario. Un acuerdo reparatorio de 600 millones de dólares en 2025 suspendió una demanda civil en Miami, aunque con advertencias de reanudación si no se cumple. Medios informativos subrayaron cómo esta red, con Rosas como enlace operativo, evidenció la sofisticación de los mecanismos de lavado que explotaron vulnerabilidades en los controles financieros mexicanos y estadounidenses.Contratos en Puebla Durante el Morenovallismo: Seguridad Privada y el Auge del HuachicolBajo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal de Puebla, dirigida por Rosas de 2012 a 2015, se favorecieron contratos opacos a empresas de seguridad privada, coincidiendo con un aumento exponencial del huachicol que convirtió a Puebla en epicentro nacional del robo de combustible, con miles de tomas clandestinas en ductos de Pemex. Estos contratos, que incluyeron desvíos de 2 mil millones de pesos según acusaciones del gobernador Miguel Barbosa en 2021, beneficiaron a firmas como Tecnología en Protección e Intramuros, Tecnopro Puebla y Grupo Elite de Alto Impacto, clausuradas en enero de 2022 por irregularidades. Estas empresas, vinculadas a Rosas y Alejandro Santizo Méndez —detenido en 2021 por homicidio—, participaron en eventos como la Feria de Puebla, donde un robo de un millón de pesos en taquillas en 2019 evidenció fallos de supervisión. Además, Glac Security Consulting, ligada a García Luna, transfirió 150 mil pesos a Rosas en 2019 por supuesta "consultoría", pese a su salida del cargo.Otras entidades, como Gruemin S.A. de C.V., obtuvieron adjudicaciones directas por 17.3 millones de dólares entre 2015 y 2018, incluyendo trabajos de rehabilitación eléctrica en Casa Puebla, la residencia oficial de Moreno Valle y Gali Fayad. Investigaciones iniciadas en octubre de 2020 detectaron sobrecostos y obras fantasma en al menos 11 contratos de equipamiento policial otorgados a firmas no reguladas como Vima Seguridad Privada Servicios S.A. y JSO Seguridad Privada S.A., con nexos previos al morenovallismo. La detención en julio de 2015 de Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal bajo Rosas, por protección a huachicoleros, forzó su renuncia y expuso la infiltración delictiva en la SSP. En 2025, la SSP poblana otorgó 60 días a 30 empresas irregulares para regularizarse, destacando el legado de opacidad de la era de Rosas.Congelamientos, Procesos y Colaboraciones Actuales: La Influencia PersistenteLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de Rosas y asociados en 2021, vinculándolo como beneficiario de sobornos durante el juicio de García Luna entre 2023 y 2024, donde testigos como Jesús "El Rey" Zambada lo señalaron por recibir pagos del Cártel de Sinaloa. En febrero de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó investigaciones por peculado y lavado, emitiendo 61 órdenes de aprehensión contra la red, de las cuales 12 fueron cumplidas. En 2024, Rosas mantuvo un perfil bajo, pero su presencia en reuniones con firmas como GG Seguridad Privada, que opera en Puebla con registro REPSE vigente, sugirió la persistencia de su influencia en el sector de seguridad privada, particularmente en parques industriales. Estas actividades, descritas en plataformas profesionales como "colaboraciones con empresarios en modelos de seguridad", generaron filtraciones internas en la SSC capitalina que denunciaron su impacto en la credibilidad institucional.Medios informativos reportaron que, hasta octubre de 2025, la UIF continúa exigiendo la repatriación de fondos ilícitos, mientras procesos abiertos por huachicol y represión en Chalchihuapan siguen sin resolverse. La red de Rosas, aunque debilitada, refleja un sistema donde la opacidad en contratos permitió desvíos masivos, con auditorías estatales identificando irregularidades que persisten como un desafío para la transparencia. La presión por esclarecer estos esquemas subraya la lucha de México por desmantelar redes de corrupción arraigadas, donde figuras como Rosas operaron con impunidad parcial, navegando entre la legalidad y las sombras de un sistema vulnerable.Perfil de Jacinto Vargas Arcos: Un Empresario Poblano en Seguridad PrivadaJacinto Vargas Arcos, nacido el 29 de abril de 1970 en Xalapa, Veracruz, se consolidó como un empresario mexicano con un grupo de empresas enfocadas en seguridad privada, tecnología y bienes raíces, operando principalmente en Puebla. Con más de 20 años de experiencia, es socio mayoritario y director general de firmas como TECNOPRO PUEBLA, S.A. de C.V., TECPROSEG MEXICANA, S.A. de C.V., SERVICIOS ENVIROMOTIC DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. de C.V., e INMOBILIARIA VARSALDI, S.A. de C.V., además de haber participado en GOLDEN PRINT, S.A. de C.V. en Veracruz. Con domicilio en Paseo Costa del Sol 54, San Pedro Cholula, Puebla, Vargas Arcos expandió sus operaciones a Tlaxcala, Ciudad de México y el Bajío, ofreciendo servicios de vigilancia, monitoreo tecnológico y consultoría en riesgos, posicionándose como un actor clave en el mercado de seguridad privada.Su ascenso empresarial ocurrió durante el morenovallismo (2011-2017), un periodo de inversiones masivas en infraestructura de seguridad que beneficiaron a proveedores locales. Sin embargo, su trayectoria enfrentó controversias, incluyendo clausuras temporales en 2022 por irregularidades operativas y señalamientos de nexos indirectos con figuras como Facundo Rosas Rosas y Alejandro Santizo Méndez, ambos vinculados a escándalos de huachicol y corrupción. Medios informativos destacaron cómo estas conexiones, aunque no siempre directas, situaron a Vargas Arcos en un entorno de opacidad que marcó la era de Moreno Valle, donde las oportunidades económicas se entrelazaron con cuestionamientos éticos.Consolidación Durante el Morenovallismo: Crecimiento en un Contexto de Contratos OpacosEl gobierno de Rafael Moreno Valle (2011-2017) marcó un punto de inflexión para Jacinto Vargas Arcos, cuya consolidación empresarial coincidió con adjudicaciones de contratos públicos en seguridad privada y obras estatales, como los siete arcos de vigilancia en carreteras poblanas, valuados en 721 millones de pesos pero declarados inoperantes por auditorías en 2025. Firmas como TECNOPRO PUEBLA, constituida en 2015, y SERVICIOS ENVIROMOTIC, creada en 2014, se beneficiaron del auge de licitaciones impulsado por el aumento del huachicol, que triplicó las tomas clandestinas en ductos de Pemex. Aunque no se documentan contratos directos con la SSP estatal bajo Rosas, las empresas de Vargas Arcos participaron en eventos como la Feria de Puebla, donde un robo de un millón de pesos en taquillas en 2019 evidenció fallos de supervisión durante el morenovallismo.La opacidad en adjudicaciones, con 1,358 millones de pesos desviados a empresas fantasma a través del Comité Administrador Poblano de Espacios Educativos (CAPCEE), creó un entorno propicio para proveedores como Vargas Arcos, cuyo crecimiento permitió financiar un edificio corporativo en 2019. En 2025, el gobierno de Alejandro Armenta reactivó los arcos de vigilancia con una inversión de 12 millones de pesos, destacando la ineficacia de las políticas previas que favorecieron a estas firmas. Medios informativos señalaron cómo este periodo, caracterizado por contratos poco transparentes, permitió a empresarios locales consolidar su influencia, aunque bajo el escrutinio de auditorías que revelaron desvíos masivos y proyectos ineficientes.Relación con Facundo Rosas Rosas: Nexos Indirectos en Seguridad y HuachicolLa relación entre Jacinto Vargas Arcos y Facundo Rosas Rosas se establece a través de escándalos en el sector de seguridad privada durante el morenovallismo, cuando Rosas, como secretario de Seguridad Pública de Puebla (2012-2015), supervisó un sistema que favoreció contratos opacos coincidiendo con el auge del huachicol. En 2022, tres empresas de Vargas Arcos —TECNOPRO PUEBLA, TECNOLOGÍA EN PROTECCIÓN INTRAMUROS PUEBLA y Grupo Elite de Alto Impacto— fueron clausuradas temporalmente por irregularidades, en el contexto de la detención de Alejandro Santizo Méndez, aliado de Rosas, por el homicidio de agentes ministeriales que investigaban huachicol en Tecamachalco en 2021. Aunque Vargas Arcos negó vínculos directos con Santizo, el robo en la Feria de Puebla bajo su custodia en 2019, supervisado por la SSP de Rosas, sugirió una red de influencias que facilitó operaciones cuestionables.La Unidad de Inteligencia Financiera estatal, creada en 2020, continúa investigando desvíos en contratos de seguridad de la era morenovallista, incluyendo posibles triangulaciones a firmas como las de Vargas Arcos, aunque no existen cargos directos contra él en 2025. Rosas, acusado de recibir 25.8 millones de dólares en sobornos narco, representa el epicentro de un legado de corrupción que marcó el entorno donde Vargas Arcos consolidó sus empresas. Medios informativos destacaron cómo estas conexiones, aunque indirectas, reflejan un sistema donde la seguridad privada se convirtió en vehículo para desvíos, perpetuando un ciclo de impunidad que aún enfrenta escrutinio bajo administraciones posteriores.
Adjudicaciones Fraudulentas en el Ámbito Federal: El Rol de Rosas como ComisionadoDurante su gestión como comisionado general de la Policía Federal entre 2009 y 2012, Facundo Rosas Rosas se vio envuelto en un esquema de adjudicaciones fraudulentas que canalizó al menos 25.8 millones de dólares hacia un conglomerado de empresas vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal. Estos recursos, destinados a supuestos "servicios de inteligencia" y equipamiento policial, se otorgaron a través de contratos sin licitaciones transparentes, beneficiando a entidades que operaban como fachadas para lavar dinero procedente de sobornos relacionados con el narcotráfico. Un total de 30 contratos, que sumaron 727.9 millones de dólares y 528 millones de pesos, fueron firmados por Rosas y Luis Cárdenas Palomino, extitular de la División de Seguridad Regional, con transferencias directas desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y la Policía Federal hacia firmas como Nunvac Inc. y GLAC. Estos fondos, triangulados a través de paraísos fiscales como Panamá, Barbados e Israel, no generaron impuestos en México y se destinaron a la adquisición de bienes de lujo, propiedades en Florida y vehículos de alta gama, evidenciando un esquema de desvíos sistemático.Investigaciones oficiales iniciadas en 2023 confirmaron pesquisas por delitos internacionales, incluyendo la triangulación de 2 mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación a empresas familiares de García Luna, con Rosas como firmante clave en al menos ocho contratos. Aunque no se registran empresas a su nombre, su influencia fue crucial para beneficiar a holdings fantasma, con depósitos de 150 mil pesos en 2019 desde Glac Security Consulting Technology Risk Management, una firma ligada a García Luna, directamente a cuentas asociadas con Rosas tras su salida de Puebla. Medios informativos destacaron cómo estos esquemas aprovecharon la opacidad institucional para perpetuar redes de enriquecimiento ilícito, consolidando a Rosas como una figura central en la arquitectura financiera de la corrupción durante el sexenio calderonista.La Familia Weinberg: Prestanombres Clave en la Red de LavadoUn componente crítico del esquema de lavado fue la participación de la familia Weinberg, identificada como prestanombres clave en operaciones ilícitas vinculadas a Rosas y García Luna. Liderada por Mauricio Samuel Weinberg López, su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto —detenido en Madrid en diciembre de 2023 por orden de Interpol con extradición pendiente—, Sylvia Donna Pinto de Weinberg y Natan Wancier Taub, esta familia de origen israelí tejió una red de al menos 40 empresas norteamericanas y cuatro contratistas mexicanas para dispersar recursos ilícitos. Firmas como ICIT Security e ICIT Holding, dedicadas a seguridad privada y ciberseguridad, aprovecharon información privilegiada de la SSP para captar clientes, obteniendo contratos por 625.2 millones de dólares entre 2009 y 2018 desde la Policía Federal y el CISEN. Nunvac Inc., con sede en Panamá y sin registro mexicano, recibió 21 de 29 contratos por 337 millones de dólares, incluyendo 10 millones para "gastos de instalación" de García Luna en Florida, mientras que NiceTrack, un programa de rastreo de comunicaciones, generó 69 millones de dólares en tres contratos firmados por Rosas y Rodrigo Esparza en 2009.En 2021, las cuentas de estas entidades fueron congeladas, y en mayo de 2025, tres miembros de la familia Weinberg obtuvieron un criterio de oportunidad al proporcionar información que permitió recuperar 189.8 millones de dólares de 109 beneficiarios entre 2012 y 2020. Además, propiedades en Florida, usadas por García Luna entre 2013 y 2016, facilitaron el blanqueo de 745.9 millones de dólares desviados del erario. Un acuerdo reparatorio de 600 millones de dólares en 2025 suspendió una demanda civil en Miami, aunque con advertencias de reanudación si no se cumple. Medios informativos subrayaron cómo esta red, con Rosas como enlace operativo, evidenció la sofisticación de los mecanismos de lavado que explotaron vulnerabilidades en los controles financieros mexicanos y estadounidenses.Contratos en Puebla Durante el Morenovallismo: Seguridad Privada y el Auge del HuachicolBajo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal de Puebla, dirigida por Rosas de 2012 a 2015, se favorecieron contratos opacos a empresas de seguridad privada, coincidiendo con un aumento exponencial del huachicol que convirtió a Puebla en epicentro nacional del robo de combustible, con miles de tomas clandestinas en ductos de Pemex. Estos contratos, que incluyeron desvíos de 2 mil millones de pesos según acusaciones del gobernador Miguel Barbosa en 2021, beneficiaron a firmas como Tecnología en Protección e Intramuros, Tecnopro Puebla y Grupo Elite de Alto Impacto, clausuradas en enero de 2022 por irregularidades. Estas empresas, vinculadas a Rosas y Alejandro Santizo Méndez —detenido en 2021 por homicidio—, participaron en eventos como la Feria de Puebla, donde un robo de un millón de pesos en taquillas en 2019 evidenció fallos de supervisión. Además, Glac Security Consulting, ligada a García Luna, transfirió 150 mil pesos a Rosas en 2019 por supuesta "consultoría", pese a su salida del cargo.Otras entidades, como Gruemin S.A. de C.V., obtuvieron adjudicaciones directas por 17.3 millones de dólares entre 2015 y 2018, incluyendo trabajos de rehabilitación eléctrica en Casa Puebla, la residencia oficial de Moreno Valle y Gali Fayad. Investigaciones iniciadas en octubre de 2020 detectaron sobrecostos y obras fantasma en al menos 11 contratos de equipamiento policial otorgados a firmas no reguladas como Vima Seguridad Privada Servicios S.A. y JSO Seguridad Privada S.A., con nexos previos al morenovallismo. La detención en julio de 2015 de Marco Antonio Estrada López, director de la Policía Estatal bajo Rosas, por protección a huachicoleros, forzó su renuncia y expuso la infiltración delictiva en la SSP. En 2025, la SSP poblana otorgó 60 días a 30 empresas irregulares para regularizarse, destacando el legado de opacidad de la era de Rosas.Congelamientos, Procesos y Colaboraciones Actuales: La Influencia PersistenteLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de Rosas y asociados en 2021, vinculándolo como beneficiario de sobornos durante el juicio de García Luna entre 2023 y 2024, donde testigos como Jesús "El Rey" Zambada lo señalaron por recibir pagos del Cártel de Sinaloa. En febrero de 2023, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó investigaciones por peculado y lavado, emitiendo 61 órdenes de aprehensión contra la red, de las cuales 12 fueron cumplidas. En 2024, Rosas mantuvo un perfil bajo, pero su presencia en reuniones con firmas como GG Seguridad Privada, que opera en Puebla con registro REPSE vigente, sugirió la persistencia de su influencia en el sector de seguridad privada, particularmente en parques industriales. Estas actividades, descritas en plataformas profesionales como "colaboraciones con empresarios en modelos de seguridad", generaron filtraciones internas en la SSC capitalina que denunciaron su impacto en la credibilidad institucional.Medios informativos reportaron que, hasta octubre de 2025, la UIF continúa exigiendo la repatriación de fondos ilícitos, mientras procesos abiertos por huachicol y represión en Chalchihuapan siguen sin resolverse. La red de Rosas, aunque debilitada, refleja un sistema donde la opacidad en contratos permitió desvíos masivos, con auditorías estatales identificando irregularidades que persisten como un desafío para la transparencia. La presión por esclarecer estos esquemas subraya la lucha de México por desmantelar redes de corrupción arraigadas, donde figuras como Rosas operaron con impunidad parcial, navegando entre la legalidad y las sombras de un sistema vulnerable.Perfil de Jacinto Vargas Arcos: Un Empresario Poblano en Seguridad PrivadaJacinto Vargas Arcos, nacido el 29 de abril de 1970 en Xalapa, Veracruz, se consolidó como un empresario mexicano con un grupo de empresas enfocadas en seguridad privada, tecnología y bienes raíces, operando principalmente en Puebla. Con más de 20 años de experiencia, es socio mayoritario y director general de firmas como TECNOPRO PUEBLA, S.A. de C.V., TECPROSEG MEXICANA, S.A. de C.V., SERVICIOS ENVIROMOTIC DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. de C.V., e INMOBILIARIA VARSALDI, S.A. de C.V., además de haber participado en GOLDEN PRINT, S.A. de C.V. en Veracruz. Con domicilio en Paseo Costa del Sol 54, San Pedro Cholula, Puebla, Vargas Arcos expandió sus operaciones a Tlaxcala, Ciudad de México y el Bajío, ofreciendo servicios de vigilancia, monitoreo tecnológico y consultoría en riesgos, posicionándose como un actor clave en el mercado de seguridad privada.Su ascenso empresarial ocurrió durante el morenovallismo (2011-2017), un periodo de inversiones masivas en infraestructura de seguridad que beneficiaron a proveedores locales. Sin embargo, su trayectoria enfrentó controversias, incluyendo clausuras temporales en 2022 por irregularidades operativas y señalamientos de nexos indirectos con figuras como Facundo Rosas Rosas y Alejandro Santizo Méndez, ambos vinculados a escándalos de huachicol y corrupción. Medios informativos destacaron cómo estas conexiones, aunque no siempre directas, situaron a Vargas Arcos en un entorno de opacidad que marcó la era de Moreno Valle, donde las oportunidades económicas se entrelazaron con cuestionamientos éticos.Consolidación Durante el Morenovallismo: Crecimiento en un Contexto de Contratos OpacosEl gobierno de Rafael Moreno Valle (2011-2017) marcó un punto de inflexión para Jacinto Vargas Arcos, cuya consolidación empresarial coincidió con adjudicaciones de contratos públicos en seguridad privada y obras estatales, como los siete arcos de vigilancia en carreteras poblanas, valuados en 721 millones de pesos pero declarados inoperantes por auditorías en 2025. Firmas como TECNOPRO PUEBLA, constituida en 2015, y SERVICIOS ENVIROMOTIC, creada en 2014, se beneficiaron del auge de licitaciones impulsado por el aumento del huachicol, que triplicó las tomas clandestinas en ductos de Pemex. Aunque no se documentan contratos directos con la SSP estatal bajo Rosas, las empresas de Vargas Arcos participaron en eventos como la Feria de Puebla, donde un robo de un millón de pesos en taquillas en 2019 evidenció fallos de supervisión durante el morenovallismo.La opacidad en adjudicaciones, con 1,358 millones de pesos desviados a empresas fantasma a través del Comité Administrador Poblano de Espacios Educativos (CAPCEE), creó un entorno propicio para proveedores como Vargas Arcos, cuyo crecimiento permitió financiar un edificio corporativo en 2019. En 2025, el gobierno de Alejandro Armenta reactivó los arcos de vigilancia con una inversión de 12 millones de pesos, destacando la ineficacia de las políticas previas que favorecieron a estas firmas. Medios informativos señalaron cómo este periodo, caracterizado por contratos poco transparentes, permitió a empresarios locales consolidar su influencia, aunque bajo el escrutinio de auditorías que revelaron desvíos masivos y proyectos ineficientes.Relación con Facundo Rosas Rosas: Nexos Indirectos en Seguridad y HuachicolLa relación entre Jacinto Vargas Arcos y Facundo Rosas Rosas se establece a través de escándalos en el sector de seguridad privada durante el morenovallismo, cuando Rosas, como secretario de Seguridad Pública de Puebla (2012-2015), supervisó un sistema que favoreció contratos opacos coincidiendo con el auge del huachicol. En 2022, tres empresas de Vargas Arcos —TECNOPRO PUEBLA, TECNOLOGÍA EN PROTECCIÓN INTRAMUROS PUEBLA y Grupo Elite de Alto Impacto— fueron clausuradas temporalmente por irregularidades, en el contexto de la detención de Alejandro Santizo Méndez, aliado de Rosas, por el homicidio de agentes ministeriales que investigaban huachicol en Tecamachalco en 2021. Aunque Vargas Arcos negó vínculos directos con Santizo, el robo en la Feria de Puebla bajo su custodia en 2019, supervisado por la SSP de Rosas, sugirió una red de influencias que facilitó operaciones cuestionables.La Unidad de Inteligencia Financiera estatal, creada en 2020, continúa investigando desvíos en contratos de seguridad de la era morenovallista, incluyendo posibles triangulaciones a firmas como las de Vargas Arcos, aunque no existen cargos directos contra él en 2025. Rosas, acusado de recibir 25.8 millones de dólares en sobornos narco, representa el epicentro de un legado de corrupción que marcó el entorno donde Vargas Arcos consolidó sus empresas. Medios informativos destacaron cómo estas conexiones, aunque indirectas, reflejan un sistema donde la seguridad privada se convirtió en vehículo para desvíos, perpetuando un ciclo de impunidad que aún enfrenta escrutinio bajo administraciones posteriores.
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