18 de noviembre de 2025 | Redacción EPrensa:
Ultimátum al Consorcio del CIS AngelópolisEl gobernador de Puebla ha dirigido un llamado urgente y directo a los herederos de la familia Abed y a los socios del Grupo Alfa, instándolos a renegociar de inmediato la millonaria deuda derivada del Centro Integral de Servicios (CIS) Angelópolis, construido en 2012 bajo un esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) que ha sido calificado como un modelo depredador y corrupto. Esta deuda, que asciende a 3 mil 240 millones de pesos con pagos anuales de 270 millones hasta 2037, representa un peso insostenible para las finanzas públicas estatales, equivalente a dos veces el presupuesto destinado al programa de Obra Comunitaria 2025. El ultimátum advierte que, de no llegarse a un acuerdo, el gobierno estatal podría enfrentar la imposibilidad de cumplir con los pagos, lo que derivaría en un impago histórico y una confrontación inevitable que afectaría no solo a las partes involucradas, sino al desarrollo integral de Puebla. Este llamado se enmarca en una visión de recuperación de recursos públicos, destacando que no se trata de oponerse a las obras en sí, sino al esquema que ha permitido un saqueo sistemático al erario. ***Partes Involucradas y Estructura AccionariaLos principales responsables señalados incluyen a seis herederos directos de la familia Abed: Elías José Abed Razo, Yusif Abed Jiménez, Paul Maurice Abed Khoury, Jorge J. Abed Khoury, Julián José Abed Jiménez y Melhem José Abed Jiménez, quienes controlan la mayoría de las acciones del Consorcio Aristos con porcentajes que van desde el 20% hasta el 3.6%. Junto a ellos, figuran socios clave como el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) con un 4.6%, así como empresas como Alfa Constructores y Grupo Técnico Constructor, que operan como dueños de facto del proyecto. Esta red de intereses privados ha sido acusada de actuar con falta de voluntad para avanzar en las negociaciones, especialmente tras la ruptura de diálogos en agosto pasado, motivada por desacuerdos internos entre los mayoritarios, lo que ha bloqueado cualquier progreso con el gobierno estatal. El gobernador ha enfatizado que esta estructura no solo perpetúa un "monumento al saqueo", sino que impide la modernización y el beneficio social del CIS, un edificio emblemático en la capital poblana que podría destinarse a mejores fines si se resuelve el conflicto. ***Contexto Corrupto y Consecuencias AmenazadasEl CIS Angelópolis surge como parte de una serie de proyectos heredados de administraciones anteriores, equiparándose a otros como las plataformas de Audi, el Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla y el tren turístico, todos bajo el mismo modelo de PPS que ha drenado recursos públicos sin contrapartidas equitativas. En este sentido, el gobernador ha calificado a los dueños del consorcio como "ladrones" que han convertido una empresa en un mecanismo de expoliación al estado, instándolos a cancelar la deuda por mero pudor ético y moral. Ya se han logrado avances en la corrección de contratos similares, como el del Museo Barroco, que generó un ahorro de 8 mil millones de pesos, y se planea una revisión exhaustiva de la legalidad del PPS ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no hay respuesta positiva. Como medida simbólica y de presión, se ha anunciado la posibilidad de instalar un "pizarrón" frente al edificio para exponer públicamente los detalles del caso, subrayando la disposición al diálogo pero también la firmeza en la defensa de los intereses poblanos. ***Perspectivas de Negociación y Recuperación FinancieraA pesar de las tensiones, el gobernador mantiene abierta la puerta a un debate constructivo, reafirmando que su administración no busca confrontaciones políticas estériles, sino soluciones que liberen al presupuesto estatal de este "Leviatán presupuestal" y permitan redirigir fondos hacia programas sociales prioritarios. La renegociación anticipada del contrato PPS se presenta como la única vía viable para evitar el impago y las repercusiones legales, invitando a los herederos Abed y al Grupo Alfa a reconocer el impacto de su inacción en la ciudadanía. Este ultimátum no solo busca resolver un caso puntual, sino sentar un precedente para la revisión de todos los esquemas heredados que han priorizado intereses privados sobre el bien común, promoviendo una gestión pública transparente y equitativa que beneficie a las generaciones futuras de poblanos. ***Redacción
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