Izúcar de Matamoros entre dimes y diretes

Conflicto Funerario en Izúcar: Acusaciones contra la FGELa presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Temix, ha anunciado su intención de presentar una denuncia formal contra la Fiscalía General del Estado por presuntamente imponer una funeraria específica a los familiares de víctimas de homicidios o fallecidos en circunstancias violentas. Según la edil, agentes ministeriales y personal de la Fiscalía orientan o presionan a las familias para que contraten los servicios de una empresa funeraria en particular, limitando su libertad de elección y generando sospechas de favoritismo o incluso corrupción en el manejo de estos servicios esenciales en momentos de duelo.Este señalamiento surge en un contexto de tensión entre el ayuntamiento y la autoridad estatal, donde la alcaldesa argumenta que tal práctica vulnera los derechos de los ciudadanos y podría encubrir acuerdos opacos que benefician a privados en detrimento de la competencia leal. Familiares afectados han respaldado estas quejas, relatando cómo, en medio del shock por la pérdida, se les dirige casi obligatoriamente hacia una sola opción, sin información sobre alternativas más accesibles o cercanas.La denuncia buscaría esclarecer si existe un monopolio impuesto desde la institución encargada de procurar justicia, en un municipio marcado por índices de violencia que hacen frecuente el contacto con servicios funerarios. Este caso pone en el centro del debate la transparencia en las instituciones poblanas y la necesidad de protocolos claros que protejan a las familias vulnerables, evitando que el dolor se convierta en oportunidad de negocio irregular.Clausuras en Izúcar: Defensa Municipal por Cobro de Uso de SueloTras la clausura de varios negocios en Izúcar de Matamoros, la presidenta municipal Irene Temix justificó las acciones argumentando que se trata del cobro legítimo por el uso de suelo y el cumplimiento de regulaciones municipales pendientes. Los establecimientos afectados, principalmente comercios y giros mercantiles, acumulaban adeudos o operaban sin los permisos actualizados, lo que motivó la intervención de inspectores para colocar sellos de suspensión.La edil enfatizó que estas medidas no son arbitrarias, sino parte de un esfuerzo por regularizar la actividad económica y garantizar que todos los empresarios contribuyan equitativamente al desarrollo del municipio mediante el pago de derechos correspondientes. Negocios clausurados han protestado alegando abruptidad en los procedimientos, pero el ayuntamiento defiende que se notificó previamente y que existen mecanismos para regularizarse rápidamente mediante el pago de lo adeudado.Este episodio revela las fricciones recurrentes entre autoridades locales y el sector privado en zonas como Izúcar, donde la informalidad y los rezagos administrativos chocan con intentos de ordenamiento fiscal. Mientras algunos ven en las clausuras una herramienta de recaudación agresiva, la administración municipal las presenta como indispensables para un presupuesto sano que financie servicios públicos, en un equilibrio precario entre enforcement y apoyo al comercio local.

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15 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa