Marzo de 2025 marcó un punto de inflexión en el panorama político y educativo de Puebla, con una serie de detenciones de figuras relevantes que expusieron las fisuras en las estructuras de poder local, mientras la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ponía fin a un prolongado paro que había paralizado sus actividades. Las capturas de políticos y exfuncionarios, motivadas por acusaciones de corrupción, desvío de recursos y abuso de autoridad, revelaron la presión de instancias federales y estatales para desmantelar redes de impunidad arraigadas desde administraciones anteriores, en un contexto donde la transición política no había logrado erradicar prácticas clientelares. Estos operativos, ejecutados con sigilo y respaldados por órdenes judiciales, no solo generaron reverberaciones en partidos tradicionales, sino que alimentaron especulaciones sobre ajustes de cuentas selectivos en un año electoral incipiente.Paralelamente, la conclusión del paro estudiantil y académico en la BUAP, tras meses de movilizaciones por demandas presupuestales, condiciones laborales y gobernanza interna, representó un alivio institucional aunque dejó secuelas en la comunidad universitaria. Las negociaciones, mediadas por autoridades educativas, culminaron en acuerdos que prometían mayor transparencia y recursos, pero muchos observadores cuestionaron su sostenibilidad, viendo en el desenlace una victoria pírrica que postergaba reformas estructurales profundas. Este marzo, así, encapsuló las tensiones entre represión selectiva y resistencia colectiva, delineando un mes donde el poder político enfrentó límites inesperados y la educación superior recuperó, precariamente, su ritmo habitual.
26 de diciembre de 2025 | Redacción EPrensa
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