la Propuesta de Nay SalvatoriLa propuesta de la diputada local Nayeli Salvatori, conocida como Nay Salvatori, busca establecer sanciones para las denominadas "falsas desapariciones", inspirada en casos como el de Lidya Valdivia, donde una persona fingió su desaparición, generando movilización de recursos públicos y alertas innecesarias. Según sus declaraciones, la iniciativa pretende reformar leyes para castigar a quienes simulen o reporten falsamente una desaparición, argumentando que esto desperdicia tiempo, personal y presupuesto estatal y federal destinado a búsquedas reales. Salvatori ha enfatizado que no se puede permitir que individuos irresponsables abandonen sus hogares por voluntad propia y activen protocolos de emergencia, lo que incluye bloqueos carreteros y protestas. Aunque ha mencionado sanciones severas, como posibles penas de cárcel, la propuesta no ha sido presentada formalmente ante el Congreso de Puebla, sino que se ha difundido principalmente a través de redes sociales y declaraciones públicas, sin consultas previas con expertos, familiares de víctimas o colectivos especializados.Esta idea ha generado una fuerte polémica, especialmente en un contexto donde Puebla y México enfrentan una crisis grave de desapariciones forzadas, con miles de casos pendientes y familias en constante búsqueda. Salvatori defiende que el enfoque debería priorizar a las víctimas reales, como mujeres desaparecidas, y evitar el mal uso de recursos. Sin embargo, críticos señalan que la propuesta podría tener intenciones políticas, como ganar visibilidad en encuestas o capitalizar la indignación pública por casos mediáticos, en lugar de abordar el problema de fondo.Argumentación en Contra de la PropuestaVarios sectores, incluyendo colectivos feministas, partidos opositores como el PAN y activistas por derechos humanos, han expresado fuertes oposiciones a la iniciativa. Los principales argumentos en contra incluyen:
- Revictimización de las víctimas: En un país con altos índices de violencia de género y desapariciones reales, castigar "falsas" denuncias podría desincentivar a personas en situaciones de riesgo a reportar, por miedo a ser acusadas de simulación. Esto vulnera el derecho fundamental a ser buscado y protegido, especialmente para mujeres que huyen de contextos abusivos, donde el control o la amenaza puede disfrazarse de "voluntad propia".
- Falta de sensibilidad y empatía: La propuesta ignora el dolor de madres, padres y familias buscadoras, quienes ya enfrentan burocracia y lentitud en investigaciones reales. Critican que evidencia una desconexión con la realidad de la crisis de desaparecidos, donde miles de casos permanecen sin resolver, y en su lugar se enfoca en penalizar a un mínimo porcentaje de reportes falsos, lo que podría criminalizar a víctimas genuinas.
- Violación de derechos constitucionales e internacionales: Contraviene principios como la presunción de inocencia y tratados sobre derechos humanos, al priorizar la eficiencia administrativa sobre la protección individual. Sin un análisis profundo, podría generar discriminación y contrarrestar esfuerzos por fortalecer protocolos de búsqueda, como la Alerta Amber o mecanismos federales.
- Enfoque frívolo y politizado: Se le acusa de ser una medida reactiva y mal planteada, diseñada para lucrar con la ira pública por casos aislados como el de Lidya Valdivia, en vez de proponer soluciones integrales como mayor inversión en investigación o apoyo a familias. Además, carece de datos estadísticos sobre la incidencia real de "falsas desapariciones", lo que la hace parecer improvisada y sin base empírica.
- Riesgo de criminalización indebida: En contextos de desigualdad, podría usarse para estigmatizar a grupos vulnerables, como jóvenes o mujeres en situaciones de trata o violencia doméstica, donde las señales de control (como bromas o celos extremos) podrían llevar a desapariciones reales, pero ser interpretadas como fingidas.
- Burla a asaltos en transporte público: Durante su campaña en 2024, publicó un video simulando un asalto en un camión, con frases como "ya se la saben", lo que fue interpretado como una mofa insensible hacia las víctimas reales de violencia en el transporte, generando indignación masiva en redes y críticas de que trivializaba un problema grave en Puebla.
- Insultos a reporteros: En 2025, llamó "chayoteros" (término peyorativo para periodistas corruptos) a reporteros que la cuestionaban sobre sus contenidos en TikTok, desatando un debate sobre libertad de expresión y respeto a la prensa. Sus seguidores la apoyaron, pero fue vista como un ataque a la crítica legítima.
- Críticas a atuendos en el Congreso: Causó revuelo al publicar videos criticando la vestimenta de legisladores, lo que algunos vieron como humor, pero otros como falta de profesionalismo y discriminación, exacerbando divisiones en la Cámara de Diputados.
- Polémicas en iniciativas legislativas: Su propuesta de ley para "proteger a padres" en casos de violencia vicaria generó controversia por simplificar temas complejos de custodia y alienación parental, acusada de falta de profundidad. Similarmente, su iniciativa sobre gestación subrogada fue rechazada por colectivos por promover la explotación de mujeres.
- Otras controversias personales: Ha sido acusada de usar su personaje de "Señora de las Lomas" (una sátira de clase alta) para responder a críticas, lo que a veces cruza a lo despectivo. En 2024, un video donde se divorció públicamente y bromeó sobre ello added a su imagen de vivir del escándalo, con detractores argumentando que prioriza la viralidad sobre el trabajo legislativo serio.
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