Claudia Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral con diez puntos y cuatro ejes fundamentales

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 25 de febrero de 2026, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la iniciativa de reforma electoral que será enviada al Congreso de la Unión el lunes 2 de marzo de 2026. La propuesta se estructura en diez puntos prioritarios agrupados en cuatro ejes fundamentales. Estos cambios buscan modificar la integración del Poder Legislativo, reducir los costos asociados a los procesos electorales, fortalecer los mecanismos de fiscalización y ampliar la participación ciudadana. La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló cada uno de los puntos durante la presentación, acompañada de una exposición visual. La iniciativa incorpora aportaciones recopiladas en foros coordinados por Pablo Gómez Álvarez, donde se realizaron 63 audiencias en 31 entidades federativas del país y encuentros adicionales con comunidades mexicanas en Estados Unidos. En total se recibieron más de mil propuestas ciudadanas y de especialistas que fueron consideradas en la redacción final del documento. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la reforma responde a demandas expresadas por la ciudadanía en materia de austeridad, transparencia y mayor cercanía entre representantes y electores. El texto será turnado al Congreso sin modificaciones previas por parte del Ejecutivo, correspondiendo al Poder Legislativo su análisis, discusión y eventual aprobación. Eje fundamental 1: Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Este eje agrupa los cambios orientados a que todos los integrantes del Congreso federal obtengan su cargo mediante voto directo de la ciudadanía, eliminando las listas plurinominales cerradas que actualmente permiten la designación exclusiva por parte de las dirigencias partidarias. Punto 1: Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión La Cámara de Diputados mantendrá sus 500 integrantes, todos electos por votación directa. De estos, 300 corresponderán a distritos uninominales por mayoría relativa y 200 se asignarán por representación proporcional. Dentro de los 200 espacios de representación proporcional, 97 serán para candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron los mejores resultados dentro de su partido. Otros 95 se elegirán mediante votación directa por circunscripción y por partido político, garantizando paridad de género con un hombre y una mujer en cada caso. Finalmente, se reservarán 8 diputaciones para mexicanos residentes en el extranjero. El Senado se reducirá de 128 a 96 escaños. La integración incluirá 64 senadores por mayoría relativa y 32 por primera minoría, suprimiendo las listas plurinominales nacionales. Con esta estructura, todos los legisladores federales obtendrán su cargo a través del sufragio directo, ya sea en distritos o mediante la fórmula de primera minoría. La modificación elimina la posibilidad de que las dirigencias partidarias asignen posiciones sin respaldo electoral directo. El mecanismo de listas abiertas no bloqueadas en las cinco circunscripciones plurinominales permitirá a los electores votar por nombres específicos de candidatos en lugar de solo por el emblema del partido. Esta reorganización mantiene la representación proporcional pero la vincula exclusivamente al voto ciudadano expresado en las urnas. Los cambios aplicarán a las elecciones federales siguientes a la aprobación de la reforma. Punto 2: Reducción del gasto electoral Se propone disminuir en un 25 por ciento el costo total de la organización de las elecciones federales y locales. Este ajuste afectará el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales, el financiamiento público a los partidos políticos y los tribunales electorales. Los recursos ahorrados se destinarían potencialmente a programas sociales, educación y salud, según las declaraciones de la presidenta durante la presentación. Se incluyen reducciones específicas a los sueldos y bonos de consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, en estricto apego al artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que la presidenta de la República. Se eliminarán duplicidades administrativas entre los órganos electorales federales y locales. Asimismo, se reducirá el presupuesto destinado al Congreso de la Unión y a los congresos estatales. En el ámbito municipal, se disminuirá el número de regidurías en los ayuntamientos según el tamaño poblacional de cada municipio, estableciendo un máximo de 15 posiciones en los casos de mayor población. El financiamiento ordinario anual a los partidos políticos se ajustará mediante una nueva fórmula que responda a criterios de austeridad. La reducción del 25 por ciento se calcula sobre el costo integral de los comicios, incluyendo gastos operativos, logísticos y de fiscalización. Eje fundamental 2: Reducción del gasto Este eje abarca los puntos relacionados con la disminución de recursos públicos destinados al sistema electoral y a los órganos que lo integran, con el propósito de optimizar el uso de los fondos federales. Punto 3: Mayor fiscalización de recursos en partidos y candidaturas El Instituto Nacional Electoral obtendrá acceso oportuno y directo a las operaciones financieras de los partidos políticos y de las personas candidatas. Se implementará un sistema de fiscalización diaria y en tiempo real mediante herramientas tecnológicas avanzadas. Quedarán prohibidas las aportaciones en efectivo a partidos y candidaturas. Todos los recursos deberán manejarse exclusivamente a través del sistema financiero formal mediante transferencias electrónicas u otros mecanismos trazables. La medida busca fortalecer el control sobre el origen y destino de los fondos utilizados en campañas electorales. El acceso del Instituto Nacional Electoral a la información financiera permitirá detectar irregularidades con mayor rapidez y precisión. Se prevé la utilización de plataformas digitales para el monitoreo continuo de los movimientos de cuentas asociadas a partidos y candidatos. Estas disposiciones aplicarán tanto a las campañas federales como a las locales. Punto 4: Voto en el extranjero Se facilitará y ampliará el ejercicio del voto para los mexicanos residentes en el exterior, con énfasis particular en la elección de las ocho diputaciones migrantes reservadas en la Cámara de Diputados. Los mecanismos logísticos para el registro y la emisión del voto desde el extranjero se simplificarán, incluyendo el uso de plataformas digitales seguras y la ampliación de puntos de votación en consulados. La reforma garantiza que los connacionales puedan participar de manera efectiva en la designación de sus representantes en el Congreso federal. Se mantienen los espacios reservados y se fortalecen los procedimientos para asegurar que los votos emitidos desde el exterior sean contados con total transparencia. Esta ampliación responde a las solicitudes expresadas por la diáspora mexicana durante los foros de consulta realizados en Estados Unidos. Eje fundamental 3: Mayor fiscalización y regulación tecnológica Este eje reúne las disposiciones orientadas a endurecer los controles sobre recursos y el uso de tecnologías en los procesos electorales. Punto 5: Tiempos en radio y televisión Los tiempos oficiales asignados a partidos políticos y candidatos en radio y televisión durante los periodos electorales se reducirán de 48 a 35 minutos diarios por emisora. La disminución aplicará tanto en las fases de precampaña como en las de campaña. El ajuste busca equilibrar la exposición mediática y contribuir a la reducción general del gasto electoral. Los tiempos restantes se distribuirán conforme a las reglas actuales de equidad entre las fuerzas políticas participantes. Esta modificación no afecta los derechos de información de la ciudadanía ni los espacios informativos de los medios. La reducción se calcula para mantener la proporcionalidad entre los partidos según su registro y votación previa. Punto 6: Regulación del uso de inteligencia artificial Se establecerán reglas específicas para el empleo de inteligencia artificial y mecanismos automatizados en campañas electorales. Quedará prohibido el uso de bots y otras herramientas artificiales en redes sociales que puedan influir de manera indebida en la opinión pública. La iniciativa contempla sanciones para la generación y difusión de contenidos manipulados o falsos mediante inteligencia artificial. Los partidos y candidatos deberán identificar claramente cualquier material producido con estas tecnologías. El Instituto Nacional Electoral contará con facultades para monitorear y verificar el cumplimiento de estas disposiciones durante los procesos electorales. La regulación busca preservar la equidad y la autenticidad de la competencia política. Se incluirán protocolos para la detección de campañas automatizadas y la eliminación de contenidos que violen las normas. Punto 7: Procedimientos de cómputo Los cómputos distritales iniciarán de manera inmediata al término de la jornada electoral. Esta medida permitirá agilizar la validación de resultados y transitar hacia conteos distritales directos. El Programa de Resultados Electorales Preliminares se modificará para dar paso a resultados preliminares oficiales con mayor rapidez y certeza. Los consejos distritales comenzarán el procesamiento de actas tan pronto concluya la votación. La reforma busca reducir los tiempos de espera para el conocimiento de resultados y fortalecer la confianza en el proceso de cómputo. Se mantendrán todas las medidas de seguridad y cadena de custodia de los materiales electorales. Los cambios en los procedimientos de cómputo aplicarán en las próximas elecciones federales y locales una vez aprobada la iniciativa. Eje fundamental 4: Fortalecimiento de la democracia participativa Este eje incorpora las medidas destinadas a ampliar los instrumentos de participación directa de la ciudadanía y a mantener principios constitucionales existentes. Punto 8: Ampliación de los mecanismos de democracia participativa Los instrumentos de referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato se extenderán de manera obligatoria a los ámbitos estatal y municipal. Se permitirá el uso de tecnologías, incluido el voto electrónico, para facilitar la participación ciudadana en estos ejercicios de democracia directa. La reforma busca que las decisiones relevantes en estados y municipios cuenten con mayor involucramiento de la población. Los mecanismos se regularán mediante leyes locales que deberán armonizarse con la reforma constitucional. Se establecerán plazos y requisitos claros para la activación de estos instrumentos en cada entidad federativa. Punto 9: Prohibición del nepotismo Se reafirma y fortalece la prohibición constitucional de que los cargos de elección popular sean heredados a familiares directos, tales como cónyuges, hijos, hermanos o personas con parentesco similar. La medida aplica tanto a la postulación de candidaturas como a la designación de cargos públicos relacionados con órganos electorales. Se establecerán mecanismos de verificación para garantizar el cumplimiento de esta disposición. La iniciativa mantiene el principio ya establecido en la Constitución y lo extiende con mayor claridad a todos los niveles de gobierno. Se incluirán sanciones para los casos en que se detecte incumplimiento de esta prohibición. Punto 10: Prohibición de la reelección Quedará prohibida la reelección consecutiva inmediata en todos los cargos de elección popular a partir del proceso electoral de 2030. La disposición aplicará a diputados federales, senadores, presidentes municipales, gobernadores, diputados locales y cualquier otro cargo de elección. El objetivo es promover la renovación periódica de los representantes populares y evitar la perpetuación en los cargos. La reforma no afecta los periodos actuales ni las reelecciones ya aprobadas con anterioridad. A partir de 2030, ningún funcionario electo podrá postularse de inmediato para el mismo cargo que ocupa. La iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum integra estos diez puntos de manera coherente. Los cuatro ejes fundamentales sirven como marco organizador de las modificaciones propuestas. La reforma será analizada por el Congreso de la Unión a partir del 2 de marzo de 2026. Cada uno de los puntos fue expuesto con detalle por la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del 25 de febrero de 2026. La documentación completa incluye anexos con las propuestas ciudadanas recopiladas en los foros nacionales e internacionales. El texto completo de la iniciativa se pondrá a disposición pública una vez turnado al Congreso. Las modificaciones constitucionales requerirán mayoría calificada en ambas cámaras y aprobación en las legislaturas de al menos 17 entidades federativas. La presentación se realizó en un ambiente de diálogo institucional, destacando el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.