TV Azteca solicita concurso mercantil voluntario tras pagos fiscales y retos financieros

 TV Azteca solicita concurso mercantil voluntario tras pagos fiscales y retos financieros

TV Azteca, empresa perteneciente a Grupo Salinas, anunció el 26 de febrero de 2026 la aprobación por parte de sus accionistas de un proceso de concurso mercantil voluntario. Esta medida busca reorganizar la estructura corporativa, operativa y financiera de la compañía. La solicitud formal se presentará en los próximos días ante un juez especializado en concursos mercantiles.La empresa atribuye la decisión a varios factores que han impactado su situación financiera en los últimos años. Entre ellos se menciona el pago de más de 3 mil 800 millones de pesos por licencias en 2018, correspondientes a concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico. Estas concesiones representan un costo por el uso de un bien público administrado por el Estado.
Otro elemento señalado es el efecto de la pandemia de covid-19 en 2020, que redujo los ingresos por publicidad y afectó las ventas de la televisora. Esta crisis económica global impactó a múltiples sectores, incluyendo la industria de los medios de comunicación tradicionales.
Adicionalmente, se cita el pago reciente de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Grupo Salinas acordó en enero de 2026 liquidar un adeudo fiscal total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, derivado de litigios por créditos fiscales de ejercicios entre 2008 y 2013. De este monto, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos se pagaron de inmediato, y el resto se cubrirá en 18 pagos mensuales. El monto inicial estimado por el SAT era superior a 51 mil millones de pesos, pero se redujo conforme a disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
Los litigios fiscales se extendieron por más de dos décadas, involucrando recursos legales como amparos y revisiones en instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió en contra de las empresas en noviembre de 2025. La prolongación de estos procesos se basó en interpretaciones legales y mecanismos previstos en la normatividad fiscal mexicana.
En el contexto de las relaciones con gobiernos estatales y federales, Grupo Salinas ha mantenido interacciones en diversos periodos, incluyendo la administración actual. Estas interacciones han incluido acuerdos para el pago diferido de obligaciones fiscales, conforme a la legislación vigente.
TV Azteca también enfrenta deudas con acreedores en Estados Unidos, estimadas en alrededor de 10 mil 100 millones de pesos. Estas obligaciones podrían influir en el proceso de concurso mercantil, ya que la empresa podría buscar protección bajo el Capítulo 15 de la Ley de Quiebras estadounidense para resguardar activos en ese territorio.
El procedimiento de concurso mercantil implica la presentación de estados financieros de los últimos tres años y un plan de reestructuración. Si se admite la solicitud, se suspenderán pagos y ejecuciones contra la empresa durante un periodo inicial, con posibilidad de extenderse hasta un año para negociar con acreedores. En caso de no alcanzar un acuerdo, podría declararse la quiebra.
Dado que TV Azteca es concesionaria de un servicio público, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) intervendrá en el proceso. Esta entidad designará un conciliador, podrá vetar acuerdos con acreedores y, en última instancia, asumir la administración temporal de la empresa.
Grupo Salinas ha enfrentado denuncias relacionadas con prácticas financieras en otras entidades, como Banco Azteca. Estas incluyen quejas por cobros presuntamente irregulares y prácticas de recuperación de créditos. En febrero de 2025, se presentaron demandas civiles contra comunicadores por supuesta difusión de información que afectó depósitos en la institución.
La adquisición de TV Azteca en los años 90 involucró un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Posteriormente, se registraron disputas legales por el pago de ese préstamo. Otros casos incluyen litigios relacionados con Unefón y Fertinal, donde se gestionaron recursos públicos o concesiones.
Hasta el 1 de marzo de 2026, no se han detallado impactos laborales derivados del concurso mercantil, aunque analistas mencionan posibles ajustes operativos. La empresa mantiene sus operaciones y busca fortalecer su posición en un mercado influido por plataformas digitales.