AMLO autorizó 20 casinos a empresario

 AMLO autorizó 20 casinos a empresario que compartió permiso con Bermúdez Requena, revelando una profunda contradicción entre el discurso oficial de austeridad y combate a la corrupción y la realidad de las decisiones tomadas en el último tramo de su sexenio. Pese a que en repetidas ocasiones López Obrador aseguró públicamente que su gobierno no daría permisos para nuevos casinos, en el último año de su mandato se expidieron 20 autorizaciones a Compañía Operadora Clíe, cuyo socio mayoritario, Nabor Castrejón, ha compartido una licencia para operar casas de apuestas con la familia Bermúdez Requena. Esta familia está ligada al ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado por graves acusaciones de asociación delictiva, secuestro y extorsión. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) destapa cómo, a pesar de las promesas de no expandir el juego, se otorgaron estos permisos el 1 de febrero de 2024, ocho meses antes de concluir la gestión, bajo el argumento de cumplir resoluciones judiciales de un juicio contencioso administrativo.

Esta autorización masiva no solo contradice el discurso presidencial de manera flagrante, sino que evidencia un patrón de favoritismo y opacidad en la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Nabor Castrejón, socio mayoritario de Operadora Clíe, utilizó previamente el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017 para operar el casino Epic en Michoacán. El mismo permiso sirvió para respaldar plataformas en línea como CrownCity y CityBets, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, empresa donde figura como socio Humberto Bermúdez Requena, hermano del exfuncionario tabasqueño. La constitución de esta empresa fue atestiguada incluso por el senador morenista Adán Augusto López como notario, lo que profundiza las sospechas de redes de influencia política y económica que operan al amparo del poder. Lejos de ser una mera formalidad administrativa, esta operación permite la expansión de un sector altamente controvertido, asociado históricamente al lavado de dinero, la delincuencia organizada y la explotación de vulnerabilidades sociales, mientras el gobierno presumía una “cuarta transformación” moralizadora.Desde el punto de vista legal, este tipo de autorizaciones en el cierre de un sexenio plantea serias dudas sobre posibles actos anticipados de campaña o uso indebido de facultades públicas para beneficiar intereses particulares. Aunque no se trata estrictamente de propaganda electoral, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionan cualquier acción que, fuera de periodos formales, genere ventajas indebidas a actores políticos o económicos vinculados a un partido o gobierno saliente. Otorgar 20 permisos de casinos en los meses finales de un mandato puede interpretarse como un mecanismo para consolidar lealtades, crear redes clientelares o preparar el terreno para futuros intercambios de favores en la contienda electoral subsecuente. La Secretaría de Gobernación ha defendido que los permisos se entregaron por orden judicial y que ninguno ha iniciado operaciones; sin embargo, esta justificación no exime la responsabilidad política ni descarta que tales resoluciones judiciales hayan sido impulsadas por una estrategia deliberada de dilación y beneficio selectivo.Aún más grave resulta el posible uso irregular de recursos públicos o facultades administrativas en este contexto. El Artículo 134 constitucional exige que los servidores públicos apliquen los recursos del Estado con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia ni favorecer intereses particulares. La Ley General en Materia de Delitos Electorales tipifica como ilícito el uso de programas, bienes o servicios públicos para inducir o condicionar conductas, lo cual podría extenderse a la concesión de permisos de alto valor económico si se demuestra que respondieron a presiones o arreglos extralegales. En este caso, la entrega de autorizaciones para casinos —un sector que genera millonarias ganancias y riesgos de infiltración criminal— a un empresario conectado con figuras controvertidas como los Bermúdez Requena, representa un claro riesgo de peculado de uso o tráfico de influencias. Si estos permisos derivaron de fondos o trámites administrativos financiados con recursos públicos, se configuraría un abuso que pervierte el interés público en beneficio privado, erosionando la confianza ciudadana y contradiciendo el discurso de “no robar, no mentir, no traicionar”.En última instancia, este escándalo ilustra la hipocresía estructural de un gobierno que prometió acabar con los privilegios y la corrupción, pero que en sus últimos meses facilitó la expansión de un negocio opaco ligado a redes de poder cuestionables. La Segob insiste en que los casinos no operan aún, pero la mera autorización genera ya un valor económico significativo y abre la puerta a futuras irregularidades. Mientras López Obrador y Morena critican a sus opositores por supuestos actos anticipados o mal uso de recursos, casos como este demuestran que las prácticas clientelares y de favoritismo persisten, independientemente del color partidista. Es urgente que las autoridades electorales, la Fiscalía y órganos de fiscalización investiguen a fondo estas 20 autorizaciones para determinar si hubo irregularidades, responsabilidades penales o violaciones éticas. En un México que exige verdadera transparencia, permitir que permisos de casinos se otorguen en el ocaso de un sexenio a empresarios conectados con figuras de dudosa reputación no solo daña la imagen de la “4T”, sino que confirma que el poder, cuando no se controla, termina reproduciendo los vicios que prometía erradicar.