Parásitos y Pensiones

 

Parásitos y Pensiones

Ahora si diputados aprobaron el final de privilegios

Rodolfo Herrera Charolet

Ahora sí llega el fin de la manutención de parásitos de la aristocracia mexicana. Con el aval de 18 congresos estatales, la reforma al artículo 127 de la Constitución ya tiene vía libre. En pocos días el Senado emitirá la declaratoria de validez y el decreto se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

A partir de la publicación, ninguna pensión financiada con recursos públicos otorgada en Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, Nacional Financiera y otras entidades paraestatales o de banca de desarrollo podrá superar los 70 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad de la remuneración de la Presidenta de la República. Aunque en la reforma no se incluye el Poder Judicial.

Durante décadas estos organismos fueron desangrados por pensiones obscenas, como si se alimentara a vampiros con sangre de reses en el matadero. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, liquidada en 2009, tres exdirectivos, se dice que cobraban más de un millón de pesos al mes: Jorge Evodio Chapa de la Torre recibía 1 millón 77 mil 533 pesos; Édgar Velázquez Buitrón y Kenneth Smith Jacobo superaban el millón 37 mil pesos cada uno. Otros seis exdirectivos percibían más de 900 mil pesos mensuales. En total, alrededor de 9 mil 457 jubilados —casi el 67 por ciento del padrón— recibían entre 100 mil y un millón de pesos.

En Pemex los montos tampoco eran modestos. Carlos Arturo Sánchez Magaña cobraba 1 millón 107 mil 361 pesos mensuales; Salvador Quero García 987 mil 978 pesos; Jorge Ernesto Moreno Tovar 976 mil 512 pesos y Jorge Luis Talamantes Montoya 972 mil 626 pesos.

La Comisión Federal de Electricidad reportaba casos por encima de los 400 mil pesos, mientras que en Nacional Financiera y otras instituciones de banca de desarrollo las pensiones altas oscilaban entre 200 mil y 280 mil pesos.

Para tener una peregrina idea del tamaño del boquete y del abuso, basta comparar con la realidad de un trabajador común. El salario mínimo general en 2026 es de 315.04 pesos diarios, lo que equivale a unos 9 mil 582 pesos mensuales. Una pensión de un millón de pesos representaba más de 100 veces ese ingreso. En otras palabras, una sola de esas jubilaciones millonarias equivalía al sueldo mensual combinado de más de cien trabajadores que ganan el mínimo.

Era un traslado directo de recursos públicos a una élite técnica y política.

La reforma pone un candado de acero. El ajuste será inmediato para las pensiones que excedan el tope. El gobierno federal calcula un ahorro anual de 5 mil millones de pesos. Ese dinero se destinará a programas sociales y de bienestar. En términos prácticos, significa que recursos que antes sostenían a unos cuantos ahora podrán apoyar a cientos de miles de personas a través de las políticas públicas.

La aprobación avanzó con rapidez.

Dieciséis congresos locales la avalaron por unanimidad: Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Sonora, Nayarit, Baja California Sur, Michoacán, Colima, Puebla, Guerrero, Campeche, Hidalgo y Quintana Roo. Baja California la aprobó con 20 votos a favor y cuatro en contra. Zacatecas lo hizo con 19 a favor, dos en contra y una abstención. Con 18 entidades a favor se superó el requisito constitucional.

Los afectados, principalmente exfuncionarios de confianza, han expresado su inconformidad. Argumentan que se trata de derechos adquiridos bajo contratos colectivos históricos.

Sin embargo, la reforma avanza con mayoría calificada en el Congreso de la Unión y respaldo mayoritario en los congresos estatales. No toca las pensiones de las Fuerzas Armadas ni las derivadas de aportaciones individuales o sindicales en cuentas personales.

El pasivo laboral de Pemex, por ejemplo, había crecido de manera preocupante en años recientes, en parte por estas obligaciones. La reforma busca ordenar el gasto y evitar que las jubilaciones de élite de la burocracia sigan pesando sobre el presupuesto federal.

En Luz y Fuerza del Centro el costo anual superaba los 28 mil millones de pesos solo para sus más de 14 mil jubilados.

Con esta medida México da un paso concreto hacia la austeridad real. Se termina la era en la que el servicio público servía como vía rápida para acumular privilegios de retiro. El contribuyente, que durante años financió estas pensiones millonarias, verá cómo esos recursos regresan al circuito productivo y social.

Cinco mil millones de pesos anuales no son una cifra menor: equivalen a fortalecer programas que benefician directamente a la población.

El proceso legislativo culmina estos días. Las entidades paraestatales tendrán que ajustar sus pagos conforme al nuevo marco constitucional. Para miles de pensionados de confianza el cambio será significativo: de montos superiores al millón a un tope cercano a los 70 mil pesos. Para el país representa un reequilibrio necesario entre el gasto en prestaciones de élite y las necesidades colectivas.

El ocaso de estas pensiones doradas cierra un capítulo incómodo de la administración pública mexicana. Ya no habrá más minas de oro disfrazadas de prestaciones laborales. El presupuesto público dejará de sostener un sistema de castas financieras y empezará a responder con mayor equidad a las demandas reales de la sociedad. Es un ajuste directo, sin rodeos, que prioriza el interés general sobre los privilegios históricos.

¿O no lo cree usted?

 

P.D. Otras declaraciones oficiales afirman que los montos de pensiones son erróneos y que no superan los 200 mil pesos mensuales. Para el caso sigue siendo un abuso y desproporcional al común de los millones de jubilados.