Empresario de la Extorsión
Televisora como instrumento de
presión y el fin de un esquema de corrupción
Rodolfo Herrera Charolet
El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, conocido en
amplios sectores como el empresario de la extorsión, ha consolidado su imperio
mediático y financiero mediante prácticas que combinan favores políticos del
pasado con presiones sistemáticas en el presente.
Durante la época de Carlos Salinas de Gortari, en 1993,
Salinas Pliego adquirió TV Azteca a través de la privatización de los canales
de Imevisión. La operación contó con un préstamo directo de 29.7 millones de
dólares otorgado por Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente,
lo que permitió al empresario encabezar la compra de la televisora estatal
convertida en privada. Ese respaldo inicial, sumado a contratos millonarios con
gobiernos federales y estatales a lo largo de décadas, permitió que el grupo se
consolidara no solo como un medio de comunicación, sino como una herramienta
para obtener utilidades extraordinarias y asegurar promoción de espectáculos,
congresos y eventos diversos a cambio de cobertura favorable.
Los gobiernos de los estados, incluido el de Puebla desde
finales de los años ochenta, han sido objeto de convenios publicitarios y de
servicios que alcanzaron montos superiores a los mil cien millones de pesos en
distintos periodos. Durante administraciones anteriores, como la de Mario Marín
Torres entre 2006 y 2008, se destinaron más de 23.5 millones de pesos solo en
publicidad con TV Azteca, además de donativos y financiamiento para festivales
y proyectos culturales vinculados al grupo.
Estos contratos millonarios no solo financiaron la expansión
del conglomerado, sino que establecieron un patrón: cuando los gobiernos se
negaban a renovar o ampliar los acuerdos, la narrativa crítica de TV Azteca se
intensificaba de manera constante, convirtiendo la información en un
instrumento de presión conocido como cobro de piso mediático.
En el caso reciente de Puebla, la empresa exigió contratos
por dos mil 350 millones de pesos en publicidad, telecomunicaciones y
arrendamiento de equipos; al ser rechazados por la actual administración,
inició una campaña sistemática de descrédito contra el gobierno estatal.
La consolidación del grupo no estuvo exenta de graves
irregularidades fiscales y financieras. Salinas Pliego arrastró durante más de
dos décadas litigios con el SAT por impuestos no pagados, con adeudos que
superaron inicialmente los 51 mil millones de pesos. Tras perder los juicios
definitivos, el empresario se vio obligado a pagar 32 mil 132 millones de
pesos: un primer abono de 10 mil 400 millones ya entregado y el saldo restante
en 18 mensualidades hasta 2027.
Paralelamente, el grupo reportó presuntas pérdidas
millonarias mientras acumulaba deudas externas. En Estados Unidos, enfrenta
compromisos por más de 580 millones de dólares con acreedores extranjeros
derivados de bonos emitidos en 2017 por 400 millones, cifra que creció con
intereses y que ha llevado a TV Azteca a un concurso mercantil voluntario.
Además, ha tenido que depositar fianzas millonarias, como los 25 millones de
dólares para evitar medidas cautelares en litigios con empresas como AT&T.
El sistema de “paguitos” de Banco Azteca y Elektra representa
otro pilar controvertido del modelo de negocios. Ofrecido como créditos
accesibles para sectores populares, ha sido señalado por prácticas de agiotismo
que superan los estándares internacionales de protección al consumidor, con
tasas de interés elevadas y mecanismos de cobro agresivos que generan
endeudamiento excesivo en familias de bajos ingresos.
Estas operaciones, combinadas con la utilización de TV Azteca
para generar narrativas negativas cuando no se concretan convenios, configuran
un esquema de extorsión que el gobierno del estado de Puebla, encabezado por
Alejandro Armenta, decidió enfrentar de manera directa al cancelar los
contratos millonarios propuestos.
El enfrentamiento en redes sociales entre el coordinador del
gabinete estatal José Luis García Parra y Ricardo Salinas Pliego marca el punto
culminante de esta confrontación.
García Parra exhibió con hechos las corruptelas históricas y
las presiones actuales, mientras el empresario respondió con expresiones soeces
desde un pedestal de soberbia e impunidad al que se acostumbró durante décadas.
El triunfo de García Parra radica en la evidencia irrefutable de los hechos y
en la exposición de la manera vulgar con que el empresario trata a los
funcionarios públicos.
El gobierno de Alejandro Armenta ha evidenciado así la
corrupción imperante y la extorsión sistemática de la que era objeto el estado
al negarse a continuar con millonarios contratos, poniendo fin a un esquema que
priorizaba intereses privados sobre el interés público.
¿O no lo cree usted?
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