En Tlaxcala, las pensiones de los servidores públicos se convirtieron en botín político: el caso de Roberto Carlos Morán Pérez y el presunto saqueo a través de una Asociación Civil
En julio de 2018, el entonces gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez designó a Roberto Carlos Morán Pérez como director general de Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala (PCET), un organismo público descentralizado responsable de garantizar la seguridad social de miles de jubilados y pensionados de los tres poderes del estado. Con pompa oficial se anunció que el objetivo era “fortalecer el régimen de protección económica”.
Lo que siguió fue, según múltiples denuncias públicas, el exacto contrario: un presunto entramado de malos manejos, aviadores, contratos opacos y desvíos de recursos públicos canalizados a través de Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles de Tlaxcala, A.C. (SFPC AC), una asociación civil que, por su naturaleza jurídica, enfrenta limitaciones para operar como proveedor empresarial formal, pero que recibió millonarios recursos del erario estatal.
Desde los primeros meses de la gestión de Morán Pérez, las señales de alarma fueron evidentes. En 2019, el propio director reconoció que el organismo mantenía un déficit anual de alrededor de 60 millones de pesos, que el gobierno estatal cubría con apoyos extraordinarios.
Mientras tanto, jubilados y pensionados comenzaban a denunciar el desacato sistemático a mandatos judiciales, cobros irregulares para “liberar” pensiones y tráfico de influencias. Un grupo de exservidores públicos acusó directamente al director de corrupción, indebido ejercicio de funciones y de poner en riesgo su integridad física por atreverse a reclamar. El temor a represalias era tal que pidieron protección al Congreso local.
El escándalo estalló con mayor fuerza en enero y abril de 2020. Medios locales exhibieron presuntos aviadores en nómina de la Asociación Civil: personajes políticos como Oscar Amador, secretario de Organización del PRI, y otros con sueldos sin justificación aparente. Se denunciaron contratos millonarios con despachos de consultoría externos, compras a proveedores cuestionados y la existencia de una partida especial en la farmacia para beneficiar a militantes del PRI.
La contadora general Inés Beristain y otras funcionarias de SFPC AC denunciaron ante la opinión pública el presunto desvío de recursos con fines político-electorales: más de 800 mil pesos en medicamentos que terminaban en manos de terceros, remodelaciones excesivas, pérdidas millonarias en servicios de salud y el uso de la estructura para “maiceo” a consejeros sindicales. Pidieron, sin éxito visible, la destitución de Morán Pérez, quien además fungía como vicepresidente de la Asociación Civil.
Pese a estas graves acusaciones, en septiembre de 2020 el gobierno estatal transfirió 30.5 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de Pensiones Civiles a PCET. Al mismo tiempo, se formalizaban contratos de prestación de servicios farmacéuticos con la AC, una figura que permite el flujo de recursos públicos sin los controles estrictos de una empresa o dependencia directa.
Mientras los pensionados reportaban falta de medicamentos, cancelación de prestaciones y cobros extras, decenas de millones de pesos del erario seguían circulando en un esquema opaco que, según las denuncias, beneficiaba más a los cercanos al poder que a los legítimos derechohabientes.
En 2021, el descontento alcanzó niveles mayores. Docentes jubilados de la Sección 55 del SNTE marcharon para denunciar que las irregularidades habían llevado al organismo al borde de la quiebra técnica, con un déficit histórico que en algunos cálculos superaba los 19 mil millones de pesos. Desaparecían predios, se suspendían servicios médicos y se esfumaban bienes históricos del instituto. Las promesas de fortalecimiento hechas en 2018 se habían convertido en un agujero negro de recursos públicos.
A más de cinco años de distancia, las denuncias siguen sin una resolución clara y contundente por parte de las autoridades competentes. No hay noticias públicas de sanciones penales, auditorías concluyentes ni restituciones a los afectados.
Este caso ejemplifica la impunidad crónica que permea las instituciones de Tlaxcala: se nombran funcionarios, se transfieren millones, se denuncian irregularidades y, al final, todo queda en el limbo de las carpetas archivadas y las comisiones legislativas que nunca llegan a nada.
Es urgente que la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado y las instancias federales abran una investigación seria, profunda y sin cortapisas. Los recursos de las pensiones no son botín de nadie; pertenecen a trabajadores que entregaron décadas de servicio al estado. Dejar estos hechos en la total impunidad no solo agravia a las víctimas directas, sino que perpetúa un sistema donde la corrupción se come el futuro de miles de tlaxcaltecas. La sociedad tlaxcalteca merece respuestas, no más silencios cómplices.
Información fuente y disponible:
https://www.tjaet.gob.mx/docs/fracciones/XXVII/2020/CONTRATO_SERVICIOS_FARMACEUTICOS_PENSIONES_CIVILES_JUL_2020.pdf
https://www.e-tlaxcala.mx/nota/2020-04-27/tlaxcala/denuncian-presunto-desvio-de-recursos-en-pensiones-civiles-con-fines
https://enfoquenoticiastlx.com/2020/01/22/exhiben-a-presuntos-aviadores-y-malos-manejos-en-pensiones-civiles-del-estado/
https://snte.org.mx/seccion55/seccion-55-entrega-pliego-de-demandas-para-el-mejoramiento-de-la-seguridad-social-2021/
https://sefintlax.gob.mx/documentosSPF/public4/1/08_78643256/SPF-FONDO%20PARA%20FORTALECIMIENTO%20DE%20PENSIONES%20CIVILES-30.5MDP-112-IX-2020.pdf
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/temas/roberto-carlos-moran-perez/
https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/irregularidades-pcet-docentes/
https://www.facebook.com/pri.comitedirectivoestatal/photos/-trabajamos-y-trabajaremos-en-favor-de-tlaxcala-responsables-de-nuestro-compromi/1574755272687915/
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