San Andrés Cholula, Puebla – 22 de julio de 2026
La legalidad y el profesionalismo en el Ayuntamiento de San Andrés Cholula vuelven a tambalearse, esta vez bajo el reflector de un escrutinio que resulta tan incómodo como necesario.
La administración encabezada por la presidenta municipal Guadalupe Cuautle enfrenta serios señalamientos por el presunto reconocimiento y contratación de personas que se ostentan como abogados, pese a no contar —según las denuncias— con título ni cédula profesional que los acredite legalmente para ejercer la abogacía.
Entre las personas mencionadas figuran: Emmanuel Cuaya Grande, Jennifer Gabriela Coatl Cuautle, María Guadalupe Chantes Coatl, Thania Vivian Pulido Carrasco y Úrsula Lorena Razo Menzel. A todos ellos se les habría otorgado reconocimiento oficial por “labor jurídica”. La ironía es evidente: en un municipio que diariamente exige a sus ciudadanos cumplir con trámites, pagos y requisitos, parece que para algunos cargos de confianza la regla es más flexible… o directamente inexistente.
Si se confirma que estas personas carecen de la documentación requerida, surgen preguntas incómodas: ¿en manos de quién está la defensa jurídica del Ayuntamiento? ¿Cómo es posible que se destinen recursos públicos a remunerar supuestos especialistas que, en teoría, no podrían ni firmar un dictamen legal sin incurrir en usurpación de funciones? ¿O acaso en San Andrés Cholula el título universitario se ha vuelto opcional?
Pero el cuestionamiento no se detiene ahí. A este escándalo se suma otro de mayor gravedad para la seguridad ciudadana: más de 160 elementos de la corporación policial no contarían con el Certificado Único Policial (CUP), documento obligatorio que acredita controles de confianza, evaluaciones psicológicas, toxicológicas y capacitación continua.
Es decir, una parte importante de quienes portan arma, detienen personas y aplican infracciones podrían estar ejerciendo la autoridad sin cumplir los requisitos mínimos que la propia ley exige. La ironía duele: mientras a los ciudadanos se les exige portar licencia, tarjeta de circulación y pagar multas al día, parece que dentro del propio cuerpo de seguridad la norma es “confíen en nosotros, aunque no estemos certificados”.
Especialistas consultados advierten que esta irregularidad no es un simple “detalle administrativo”. Podría generar responsabilidades administrativas, invalidez de actos de autoridad e incluso implicaciones penales para quienes autorizaron y permitieron estas situaciones.
¿Dónde queda la confianza ciudadana?
Más allá de los tecnicismos jurídicos, lo que está en juego es la credibilidad de la institución. Los habitantes de San Andrés Cholula tienen derecho a saber:
- ¿Quiénes realmente son los abogados que representan al municipio?
- ¿Cuántos policías operan sin CUP y por qué se les permite portar autoridad?
- ¿Cuánto dinero público se ha destinado a personal que no cumple los requisitos legales?
El silencio o las evasivas solo alimentan la percepción de opacidad. La rendición de cuentas no es un acto de generosidad ni de “buena voluntad”; es una obligación legal y ética de todo gobierno que administra recursos de la ciudadanía y ejerce poder en su nombre.
Los cholultecas merecen respuestas claras, documentos oficiales y, sobre todo, que quienes ocupan cargos de responsabilidad cumplan con los mismos estándares que se exigen al resto de la sociedad. Porque si las reglas solo aplican para unos, entonces ya no son reglas… son meros adornos.
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