Crónica de Terror Urbano: La Sombra de la Sagrada Familia
En el corazón del Barrio de Jesús Tlatempa, San Pedro Cholula, donde las luces amarillentas de las farolas apenas logran perforar la niebla nocturna, se levanta un edificio que muchos vecinos miran con recelo. En la esquina de 8 Norte y 14 Oriente, la Clínica La Sagrada Familia operaba presuntamente al margen de ordenamientos municipales y sanitarios, un lugar que, según versiones de la zona, ya había sido denunciado en ocasiones anteriores por irregularidades en su funcionamiento.
La noche del horror llegó sin aviso. Una niña de apenas seis años ingresó al establecimiento para un procedimiento que, según sus familiares, debía ser menor y de bajo riesgo. Horas después, el silencio se apoderó de los pasillos. La familia dejó de recibir información sobre el estado de salud de la menor. Nadie salió a explicarles qué ocurría detrás de aquellas puertas. Hasta que una carroza fúnebre se detuvo frente al lugar. La niña había muerto. No hubo explicaciones previas, ni detalles sobre lo sucedido, ni el mínimo gesto de humanidad que se espera en un centro de salud. Los cirujanos, cuentan los testigos, simplemente se encerraron, dejando a la familia en un vacío aterrador.
La clínica, vinculada presuntamente al exregidor de Movimiento Ciudadano Ignacio Alvízar Linares, se convirtió de inmediato en el epicentro de un reclamo que trasciende lo personal. Familiares, acompañados de abogados, exigieron en redes sociales y ante las autoridades una investigación exhaustiva. Denunciaron posible negligencia médica y cuestionaron si el establecimiento contaba con los permisos y protocolos necesarios para operar. “Esta es una negligencia médica más”, señaló una de las abogadas, mientras la familia pedía la intervención directa del gobernador Alejandro Armenta Mier, de la presidenta municipal Tonantzin Fernández Díaz y de las autoridades sanitarias y de procuración de justicia.
Ignacio Alvízar Linares, ex titular de la Secretaría de Educación Pública en Puebla, figura como prófugo de la justicia desde hace años por un escándalo de estafa en la compra de uniformes escolares y calzado a sobreprecio durante su gestión. Según declaraciones públicas del entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, Alvízar estaría evadiendo a las autoridades por contratos millonarios asignados de manera irregular, donde se entregaron uniformes y zapatos de baja calidad a precios inflados, dejando a miles de niños poblanos con prendas deficientes mientras presuntamente se beneficiaban intermediarios cercanos. Este antecedente de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos añade una capa más oscura a las denuncias contra la clínica que se le relaciona.
En las calles de Cholula, donde las historias de supuestas irregularidades en clínicas privadas corren de boca en boca, el caso ha revivido el temor urbano a esos espacios que prometen cura y terminan envueltos en sombras. Vecinos aseguran que no era la primera vez que se señalaba a este centro por operar fuera de la norma. Ahora, la muerte de una niña inocente ha puesto el reflector sobre un lugar que, para muchos, ya representaba una amenaza silenciosa en medio del barrio.
La familia solo quiere respuestas. La ciudad, un poco de justicia.
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