Puebla, 14 de julio de 2026.- En la Sierra Norte de Puebla se ejecutaron órdenes de aprehensión contra varios funcionarios municipales de seguridad pública vinculados con la presunta protección a un narcolaboratorio desmantelado en junio de 2026 en el municipio de Tlapacoya.
Las acciones judiciales se realizaron a partir de una carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango, emitida por el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte. Evencio Rosas Luna fue detenido en la Plaza Principal de Tlapacoya, en la calle Omar Herrero, frente a las canchas de la iglesia, y se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Huauchinango. Ángel Miguel Garrido y Manuel Martínez González también fueron detenidos en relación con los mismos hechos. Andy Castillo Rodríguez, señalado en el mismo grupo, evadió la detención y se mantiene prófugo.
Las investigaciones indican que los involucrados presuntamente utilizaron sus posiciones para favorecer las operaciones de una célula delictiva. Se presume que omitieron investigar actividades ilícitas y dieron instrucciones a sus elementos para permitir el paso y mantener limpias las carreteras en beneficio de la organización criminal.
En junio de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal localizaron e inhabilitaron un narcolaboratorio clandestino para la producción de drogas sintéticas en el ejido Ahuacatlaya, municipio de Tlapacoya. En el sitio se aseguraron 360 kilos de metanfetamina, 25 mil 300 litros de sustancias químicas, cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y 50 tanques de gas L.P.
El decomiso representó un golpe financiero estimado en más de 2 mil 360 millones de pesos para el crimen organizado al frustrar la producción y distribución de millones de dosis de droga sintética. La operación contó con la participación de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Los hechos derivaron en la integración de elementos de prueba que permitieron obtener las órdenes de aprehensión liberadas la madrugada del 7 de julio de 2026.
Las autoridades realizaron las detenciones correspondientes, con excepción de Andy Castillo Rodríguez, quien no fue localizado. El narcolaboratorio se encontraba estratégicamente oculto en la zona serrana, lo que facilitaba las operaciones de producción. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red de protección y posibles responsabilidades adicionales. La Fiscalía avanza en la integración de la carpeta de investigación para establecer las conductas específicas de cada uno de los señalados. Los detenidos se encuentran a disposición de la autoridad judicial para las audiencias correspondientes donde se definirá su situación legal. El caso forma parte de acciones contra la corrupción en corporaciones de seguridad municipal en la región.
La Sierra Norte de Puebla ha registrado operativos previos relacionados con la producción y trasiego de drogas sintéticas. Las autoridades mantienen la búsqueda de Andy Castillo Rodríguez para cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. El proceso judicial se desarrolla conforme a las disposiciones del sistema penal acusatorio. Los hechos ocurridos en Tlapacoya y municipios aledaños han motivado la revisión de protocolos de supervisión en materia de seguridad pública municipal. Las diligencias periciales y testimoniales continúan para fortalecer el acervo probatorio. La localización del narcolaboratorio en el ejido Ahuacatlaya permitió el aseguramiento de equipo especializado y precursores químicos de alto volumen.
Esto evitó la salida al mercado de una cantidad significativa de sustancias ilícitas. Las detenciones ejecutadas representan un avance en las investigaciones sobre posibles nexos entre servidores públicos y grupos delictivos en la Sierra Norte. La Procuración de justicia mantiene abiertas las líneas de investigación para identificar otros posibles involucrados. El municipio de Tlapacoya fue el epicentro del desmantelamiento del laboratorio, mientras que los funcionarios detenidos provenían de Tlapacoya, Tlaola y Jopala. San Felipe Tepatlán es el municipio asociado al funcionario prófugo. Las órdenes judiciales se cumplieron en coordinación entre autoridades estatales y federales.
El caso se encuentra en etapa procesal inicial, con los detenidos ya presentados ante el juez de control. La información recabada durante los operativos permitió establecer la presunta omisión y protección activa a las actividades delictivas. Las autoridades reiteran que las investigaciones siguen su curso para esclarecer todos los hechos relacionados.
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