MUNDO TLATEHUI: LA CORRUPCIÓN QUE NO DEBE GOZAR DE IMPUNIDAD

 MUNDO TLATEHUI: LA CORRUPCIÓN QUE NO DEBE GOZAR DE IMPUNIDAD

Por Rodolfo Herrera Charolet

San Andrés Cholula no es solo el municipio de las cúpulas y la talavera. Bajo la administración de Edmundo Tlatehui Percino (2021-2024) se convirtió en un laboratorio de opacidad, donde el erario público se repartió como botín entre un puñado de proveedores privilegiados, mientras las calles seguían llenas de baches y los ciudadanos pagaban las consecuencias.

Los datos duros no mienten. El gobierno municipal publicó en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la información de 34 contratos por invitación o licitación pública, de enero a septiembre de 2022, por un monto total de 106 millones 432 mil 997.05 pesos. De esa cantidad, 69 millones 047 mil 653.84 pesos (el 65 %) fueron asignados a solo cinco proveedores: cuatro empresas y una persona física. El mayor de ellos se llevó 24 millones 253 mil 013.93 pesos, es decir, el 23 % del total.

Ese beneficiario privilegiado es José Federico Arellano González, nacido en el año 1974,, con domicilio fiscal declarado en la Colonia Jardines de Santiago, Puebla 72580. Un domicilio que no existe. La calle Octavio Paz se encuentra fuera del polígono territorial de esa colonia. Es un error deliberado o una simulación grosera. Cuando se buscó en el lugar indicado, no fue encontrado.

Los contratos otorgados a este empresario de domicilio fantasma son elocuentes:

• OP-SI-LP02-2022-22105 del 8 de julio de 2022, por 24,253,013.93 pesos, para adoquinar calles en San Luis Tehuiloyocan.
• OP-SI-LP-04/23200/2023 del 24 de abril de 2023, por 11,893,237.46 pesos, para adoquinar calles en Santa María Tonantzintla.
• OP-SI-I5-05/23110/2023 del 21 de septiembre de 2023, por 8,392,376.60 pesos, para rehabilitación de vialidad en Camino Real de San Andrés Cholula.
• OP-SI-I5-02/23309/2023 del 8 de agosto de 2023, por 1,607,990.02 pesos, para construcción de aulas didácticas en el preescolar Roberto Owen de San Luis Tehuiloyocan.
• OP-SI-AD03-2022-22308 del 4 de octubre de 2022, por 327,869.55 pesos, para ampliación de drenaje sanitario en San Francisco Acatepec.

Sumados los contratos de 2022 y 2023, Arellano González recibió 46 millones 474 mil 487.56 pesos del erario sanandreseño. No es un proveedor cualquiera: es socio fundador de Glezare Grupo Constructor, S.A. de C.V., Construcciones Dasafe S.A. de C.V. y Sosec Construcciones, S.A. de C.V. Esta última, con más de 70 objetos sociales diversos y socios Salomón Cruz Hernández y el propio Arellano González, recibió del CAPCEE contratos por 25 millones 824 mil pesos entre 2020 y 2021 para bardas, herrería y pavimentación hidráulica en 16 municipios poblanos bajo el programa de “piso firme y techo firme”.

Esta no es una anécdota aislada. Es el patrón de una administración que convirtió la obra pública en un negocio familiar de redes de poder. La Auditoría Superior del Estado (ASE) lo ha documentado con contundencia: en la cuenta pública 2022, observaciones por más de 230 millones de pesos; en 2023, cerca de 323 millones; en 2024 —el último año de Tlatehui—, 317 millones 214 mil 440.41 pesos en 44 pliegos de observaciones, de los cuales alrededor de 80 millones no pudieron ser comprobados. 

En total, más de 596 millones de pesos en solo dos años, equivalentes a casi un tercio del presupuesto ejercido. Adquisiciones sin documentación, nóminas sin verificar, terrenos con soporte insuficiente, combustibles y servicios profesionales sin licitación real. Un cochinero de cabo a rabo.

Edmundo Tlatehui Percino no puede escudarse en el “ya entregué” ni en la sucesión a su esposa Guadalupe Cuautle. Los actos de corrupción no prescriben con el cambio de silla. 

Estos contratos a proveedores con domicilios simulados, la concentración obscena de recursos en cinco manos y el daño patrimonial documentado por la ASE son hechos que no deben gozar de impunidad.

La ciudadanía de San Andrés Cholula merece respuestas, no discursos. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado tienen la obligación de actuar con firmeza: denuncias penales, recuperaciones de recursos y sanciones ejemplares. Porque cada peso desviado es un adoquín que no se colocó, un aula que no se construyó y una promesa incumplida a los cholultecas.

La corrupción no es un defecto del sistema: en la administración de Mundo Tlatehui fue el sistema mismo. Y los sistemas corruptos solo se rompen cuando la justicia deja de mirar hacia otro lado.

¿O no lo cree usted?