El Sábado 15 de Agosto de 2026 un panista y empresario cholulteca, Jorge Gómez Carranco (Papá del regidor Alejandro Gómez) publicó un artículo de opinión, que nuestro equipo de redacción ha evaluado en los siguientes términos:
El texto presenta serios problemas de redacción. Está escrito casi como un solo bloque continuo unido por comas, sin puntos y aparte suficientes. Esto genera oraciones interminables que dificultan la lectura y restan claridad. Un ejemplo evidente es el inicio, donde se mezclan la preocupación de las familias, las juntas auxiliares y la lista de delitos sin una separación adecuada. Además, aparece un error ortográfico claro en la frase “Pasa a la Págin 11 CONTINUARA…”, que debería escribirse como “Página 11. Continuará…”.
También se detectan repeticiones innecesarias de ideas, como la insistencia reiterada en que la seguridad es responsabilidad de las instituciones y que el ciudadano no debe convertirse en policía, lo que alarga el texto sin aportar nuevos argumentos. La falta de coherencia tipográfica, con mayúsculas inconsistentes y ausencia de recursos para destacar conceptos clave, contribuye a un estilo periodístico descuidado.
En el plano argumentativo, el texto abusa de la apelación a la emoción. Emplea de manera reiterada palabras cargadas como “familias”, “temor”, “sensación de abandono”, “tranquilidad de sus calles” y “proteger a sus familias” para generar empatía y conmover al lector, en lugar de fundamentar sus afirmaciones con datos concretos.
Esta estrategia retórica sustituye la evidencia por el pathos, debilitando la solidez del discurso.
Se observa también una generalización apresurada. Afirmaciones como “la inseguridad que viven actualmente muchas comunidades” o “algunos ciudadanos han comenzado a organizarse” se presentan como hechos generalizados sin ofrecer cifras, nombres de municipios, estadísticas de delitos o fuentes verificables. Todo se sostiene en observaciones genéricas que carecen de sustento empírico.
La pregunta retórica central —“¿qué está haciendo el gobierno para responder a esta necesidad de seguridad?”— funciona como una falacia de pregunta compleja. Presupone de antemano que el gobierno no está actuando o que su respuesta es insuficiente, sin dejar espacio a la posibilidad de que existan acciones en curso. De este modo, orienta al lector hacia una conclusión predeterminada.
Aparece asimismo una pendiente resbaladiza cuando se advierte que la pérdida de confianza de la comunidad “puede generar riesgos mayores, como confrontaciones, agresiones o acciones fuera de la ley”. El texto salta directamente de la desconfianza a escenarios de violencia y justicialismo sin demostrar que esa sea una secuencia necesaria o probable.
Existe además una tensión argumentativa interna. Por un lado se afirma con fuerza que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva de las instituciones y no puede trasladarse a los ciudadanos; por otro, se dedica gran parte del discurso a defender y legitimar la figura de los “guardias ciudadanos”. Aunque se aclara que no deben sustituir a la policía, el tono general presenta la organización vecinal como la respuesta más tangible ante la insuficiencia de las autoridades, creando una oposición implícita.
El texto interpreta la acción de “algunos vecinos” como la voz unánime de “la población” y le atribuye un mensaje político concreto de exigencia de resultados. Esta lectura constituye una apelación al sentido común o a la popularidad sin prueba real de que represente el sentir mayoritario.
En conjunto, se trata de un artículo de opinión con fuerte carga emocional y política, no de un análisis periodístico o técnico. Su mensaje central —que la participación vecinal puede ser útil si está coordinada y no sustituye a la policía— es legítimo como postura, pero se construye sobre bases argumentativas débiles: ausencia total de datos, uso excesivo de la emoción, generalizaciones sin evidencia y un estilo de redacción deficiente.
Por la importancia del tema abordado se listan las principales ideas (aunque atropelladas) que pretendió transmitir el empresario-político:
Resumen de las propuestas concretas
El texto plantea de manera explícita y también permite inferir varias medidas para enfrentar la inseguridad en las juntas auxiliares. En primer lugar, propone fortalecer de forma directa las corporaciones policiales municipales: aumentar el número de elementos, de patrullas y de recursos materiales, mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y elevar la presencia preventiva en el territorio. Insiste en que estos recursos deben utilizarse de manera eficiente para cubrir adecuadamente todas las comunidades.
En segundo lugar, defiende un enfoque integral de la seguridad que no se limite a la policía. Señala la necesidad de involucrar de manera coordinada a las áreas de servicios públicos, alumbrado, obras públicas, protección civil y a las propias autoridades de las juntas auxiliares. Como acciones concretas en este sentido, sugiere mejorar la iluminación de las calles, intervenir terrenos abandonados y recuperar espacios públicos deteriorados, pues estos factores favorecen la delincuencia.
Respecto a la participación ciudadana, el texto propone formalizar la figura de los “guardias ciudadanos” o vecinos voluntarios, siempre bajo reglas claras y en coordinación estrecha con las autoridades. Su función debe limitarse a observar, prevenir, identificar puntos de riesgo e informar de manera oportuna a la policía; nunca sustituir a los elementos policiales, perseguir delincuentes ni ejercer justicia por propia mano. Para proteger a estos vecinos, se recomienda brindarles capacitación básica, protocolos de actuación y canales de comunicación directa con las corporaciones de seguridad.
Además, se infiere la necesidad de crear mecanismos permanentes y efectivos para recibir y atender los reportes ciudadanos, así como de diseñar estrategias de vigilancia específicas a partir de la información que los propios vecinos aportan sobre los lugares y horarios de mayor incidencia delictiva. El gobierno municipal debe aportar capacitación, coordinación, recursos y capacidad de respuesta para que esta colaboración funcione de manera organizada, transparente y respetuosa de la ley y los derechos humanos.
En conjunto, las propuestas apuntan a una solución compartida: el gobierno refuerza sus instituciones y su presencia territorial, mientras aprovecha de forma responsable la disposición voluntaria de la comunidad, sin trasladarle la responsabilidad de la seguridad pública. El objetivo final que se desprende del texto es recuperar la tranquilidad de las calles, proteger el patrimonio de las familias y restablecer la confianza en las autoridades.
Listado breve de propuestas del empresario-político:
Fortalecer la policía municipal con más elementos, patrullas y recursos; mejorar tiempos de respuesta y presencia preventiva.
Abordar la inseguridad de forma integral: mejorar alumbrado, intervenir terrenos abandonados y espacios públicos deteriorados, coordinando con servicios públicos, obras y juntas auxiliares.
Formalizar a los guardias ciudadanos solo para observar, prevenir e informar, con capacitación, protocolos y comunicación directa con la autoridad.
Nunca sustituir a la policía ni ejercer justicia por propia mano.
Crear mecanismos efectivos de reportes ciudadanos y aprovechar el conocimiento vecinal para diseñar estrategias específicas.
El gobierno debe aportar coordinación, recursos y respuesta, manteniendo la responsabilidad institucional y respetando la ley.
Errores e impedimentos en las propuestas:
Las propuestas resultan demasiado genéricas y carecen de detalles operativos. No se indica de dónde saldrán los recursos económicos, humanos o materiales para aumentar elementos policiales, patrullas o mejorar el alumbrado y los espacios públicos.
En un contexto municipal con presupuestos limitados, esto las vuelve difíciles de ejecutar y las convierte en declaraciones de buenas intenciones más que en planes concretos.
La formalización de “guardias ciudadanos” presenta riesgos importantes. Aunque se limita su función a observar e informar, en la práctica es fácil que se desborde hacia confrontaciones, especialmente si la respuesta policial sigue siendo lenta.
Existe el peligro de que los voluntarios se expongan a agresiones, sean cooptados por grupos delictivos o generen conflictos internos en la comunidad. Además, surgen problemas legales de responsabilidad civil y penal si ocurre algún incidente.La coordinación interinstitucional que se propone (seguridad, alumbrado, obras, protección civil y juntas auxiliares) tropieza con la burocracia habitual de los gobiernos municipales.
Sin mecanismos claros de mando único, plazos y evaluación, suele quedarse en intenciones.Se asume que la simple disposición voluntaria de los vecinos y la “voluntad política” bastarán para recuperar la confianza. Sin embargo, si la desconfianza hacia las autoridades ya es alta, la participación ciudadana puede debilitarse rápidamente por cansancio, miedo o falta de resultados visibles.
Los voluntarios no remunerados tienden a abandonar el esfuerzo con el tiempo.Las medidas se centran en la prevención superficial (presencia, iluminación, reportes) y no abordan causas estructurales de la inseguridad, como la impunidad, el crimen organizado, la falta de oportunidades económicas o la debilidad institucional de fondo.
Sin apoyo de niveles superiores de gobierno (estatal o federal), el municipio puede carecer de capacidad real para implementarlas.
En resumen, las propuestas son razonables en el discurso, pero adolecen de falta de concreción presupuestaria, riesgos operativos y legales en la vigilancia vecinal, dificultades de coordinación y omisión de factores más profundos que limitan su viabilidad práctica.
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